Cuando la segunda ola de la pandemia volvió a generar condiciones restrictivas sobre la economía y la actividad social, la coalición de Gobierno aceleró el trámite de la ley de presupuesto.

Se trata de un presupuesto diseñado en línea con los ejes establecidos en la LUC, y consistente con las medidas de ajuste implementadas desde que asumió el Gobierno, más allá de todas las necesidades planteadas por la crisis sanitaria y su impacto sobre la calidad de vida.

El objetivo del Gobierno de bajar el gasto público para colocar al sector privado como motor del crecimiento y lograr que su inversión liderara la recuperación de la economía, no solo se mantiene inamovible a pesar de la pandemia sino que refuerza las medidas recesivas tomadas en el comienzo del período. Estamos ante un presupuesto que —entre otras cosas— implica realizar un recorte de más de 250 millones de dólares en políticas educativas, sanitarias y de protección social, que se suman a una pérdida en salarios y jubilaciones de incierta recuperación.

El presupuesto está directamente dirigido a achicar el Estado, a reducir su peso en la economía y su participación en el PIB. Esto quiere decir que representará una mayor presión a la baja sobre la tasa de crecimiento, justo en un período de desafíos económicos muy complejos. De esta forma se profundizan los efectos negativos sobre las condiciones de vida de la población, al descargarse todo el peso del recorte sobre los trabajadores, jubilados, pensionistas y los sectores más débiles de la sociedad uruguaya.