La Comisión pro Referéndum que busca anular 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración aprobada por el oficialismo en 2020 realizó este jueves una conferencia de prensa para anunciar la recolección, al momento, de 133.095 firmas.

La conferencia se realizó en la sede central del PITCNT y contó con la presencia de referentes de la cultura, la academia y el movimiento social, quienes explicaron sus razones para apoyar la campaña de recolección de firmas.

Héctor Guido, director del Teatro El Galpón, y la comunicadora Soledad Bauzá fueron los encargados de dar apertura en nombre de la Comisión. Facilitaron la palabra entre los participantes y finalmente anunciaron el avance en la recolección de firmas.

La primera de ellas fue la cantautora y militante política Patricia Kramer, quien dijo que la campaña de recolección de firmas es “un acto de transparencia en una ley de urgente consideración que trató en tiempos inéditos una cantidad también inédita de temas que hacen a la vida de las personas sin la debida discusión”. Kramer afirmó: “Hay demasiados temas” tratados “de forma no adecuada” en esta ley y es un “acto de transparencia” colocar en el debate público “qué fue lo que se aprobó”.

Luego fue el turno de la activista feminista Lilián Celiberti, referente de la organización Cotidiano Mujer. Celiberti se refirió por un lado a los artículos de la LUC sobre seguridad pública y planteó que hay elementos “contrabandeados” a los que la población ya se opuso anteriormente con las campañas “No a la baja” y “No a la reforma”: “me pregunto si una sociedad tiene que vivir bajo un régimen carcelario, aumentando penas, si ese es el sentido de convivencia común de una sociedad democrática. […] Entiendo que este es un debate fundamental para el futuro del país, por lo que creo que hay que derogar esos artículos” y habilitar el debate, como en las instancias mencionadas.

Para Celiberti también es importante firmar porque se da una “reducción de los ámbitos de participación y representación ciudadana”. Explicó que los concejos de educación son el resultado de “una larga lucha del movimiento sindical, de magisterio, de los docentes, de profesores y profesoras por la representación” y que “negar esta participación es un retroceso democrático”.

Rodrigo Arocena, ex rector de la Universidad de la República (Udelar), decidió dirigirse a aquellas personas que “no tienen decidido firmar” y dijo: “Por supuesto que tiene que haber leyes de urgente consideración. Qué bueno sería que ahora el Parlamento estuviera considerando una ley de urgencia sobre condiciones de empleo de quienes están perdiendo su trabajo por la pandemia, leyes de urgencia, concretas, sobre un tema determinado, sobre los que verdaderamente urge resolver”.

Sobre la LUC, Arocena dijo que alguno de los temas sobre “los que se trata esta ley son seguridad pública, inteligencia del Estado, educación, economía y empresas públicas, sector agropecuario, y otros varios temas” y se preguntó: “¿Todo eso junto? ¿Todo eso intercalado y entreverado? ¿Todo eso es urgente o lo urgente es considerarlo detenidamente?”

El exrector dijo: “En materia de seguridad pública, por ejemplo, insultar a la Policía lleva a la cárcel. Naturalmente, yo no quiero que se insulte a la Policía, no quiero que nadie insulte a nadie. ¿Pero un insulto tiene que hacer crecer la población carcelaria de un país que tiene de las mayores proporciones de personas entre rejas en el mundo? ¿No nos merecemos un debate sereno sobre si la mano dura es la manera de conseguir seguridad pública?”

Además Arocena se preguntó por qué en materia de Educación se debe considerar “en régimen de urgencia una de las cuestiones más grandes para el país y para el futuro de nuestra juventud” y afirmó que en la LUC “se desorganiza a la educación pública, que nos define como país, que tiene que coordinarse y así lo establece la Constitución”.

Con esta ley “desaparecen los consejos de Educación Inicial y Primaria, de Enseñanza Secundaria, de la UTU y son sustituidos por direcciones unipersonales, eliminando la participación docente”. Arocena citó “con orgullo” el ejemplo de la Udelar, que “ante el Covid, junto con otras instituciones, ha dado la talla en materia de medicamentos, de procedimientos sanitarios, cubriendo el país en capacidad de testeo”. Esto fue posible no por tener un “director ejecutivo unipersonal” sino por tener una “conducción colectiva de estudiantes, docentes, graduados y funcionarios que han hecho un proyecto de largo plazo

Arocena también se refirió a la facilidades de desalojo a inquilinos, aunque sean buenos pagadores, y calificó de “gran insensibilidad” para facilitar el desalojo a una familia en momentos de pandemia.

“En este país hay una democracia social altamente imperfecta pero real. La han construido a lo largo de mucho tiempo el movimiento obrero, el batllismo, el nacionalismo progresista, el feminismo, las izquierdas, entre otros. ¿No les parece que es peligroso que en plena pandemia y cuando las desigualdades sociales crezcan, la democracia social uruguaya sea retrocedida, erosionada y desgastada? Hay una urgencia, sí. Urge parar esto. Firmemos”, concluyó.

Finalmente, Gustavo González, referente de Fucvam, explicó que apoya la iniciativa de la recolección de firmas porque se “debe defender por sobre todas las cosas los procesos democráticos y nada que sea injusto nos puede ser indiferente”. Reclamó el poco tiempo de debate y participación que tuvo la confección de la LUC.

Sobre el capítulo de vivienda, González dijo: “Se plantea que el inquilino no va a precisar garantía, como si fuera fácil que esto lo acepte un propietario”.  Pero lo que le preocupa es que se “beneficia al gran propietario de vivienda, porque en apenas cinco días puede llevar adelante un desalojo express de una familia”, que además “podrá ser detenida” porque “por la LUC tampoco va a poder estar en la calle”. Y concluyó: “Voy a firmar y vamos a firmar miles. Hemos retomado la reserva moral de nuestro pueblo desde que lanzamos esta campaña”.

Por su parte, la periodista Alejandra Casablanca, actualmente directora de TV Ciudad, destacó la pérdida de derechos de los trabajadores y las trabajadoras cómo el derecho de huelga.

La Comisión Nacional pro Referéndum está conformada por más de 100 organizaciones sociales y políticas que entienden que la LUC “significa un retroceso para los derechos y la democracia” en Uruguay.

Algunas de las organizaciones que la integran son: el PIT CNT, Fucvam, FEUU, Intersocial Feminista, Frente Amplio, ADASU, Red Pro Cuidados, Crysol, Rebeldía Organizada, Mercado Popular de Subsistencia, Redes Amigos de la Tierra, entre otras.