Solo achique

Solo achique

Entre los elementos aprobados en la Ley de Urgente Consideración, se incluyó la creación de una comisión de expertos con el cometido de asesorar al Poder Ejecutivo en la elaboración de un proyecto de reforma de la seguridad social. 

Supeditada a algunas designaciones pendientes, su instalación habilitará un proceso de diagnóstico y propuesta que el Gobierno pretende desarrollar en el menor plazo posible, a fin de contar con un nuevo marco legal a fines de 2021.

La mayoría de los países enfrentan problemas sistémicos en la materia, ya sea por el envejecimiento de sus poblaciones, por la ineficiencia de sus regímenes previsionales o por las escasas condiciones existentes para generar ahorros a lo largo de la vida laboral.

Mientras que en algunos países de América Latina comienzan a cuestionarse los sistemas de capitalización individual y a reinstalarse o fortalecerse los sistemas de reparto o acumulación colectiva, el inicio del debate en Uruguay parece plantear una profundización del régimen actual.

Aunque aún no se cuenta con un diagnóstico del sistema, algunos de los integrantes más destacados de la comisión de expertos ya comenzaron una ofensiva mediática. Con ella pretenden establecer sus conceptos ideológicos y las orientaciones con que aspiran a dirigir los ejes de reforma, a la vez que incluyen algunos aspectos tendenciosos destinados a justificar un nuevo deterioro de los derechos previsionales de los trabajadores.

Los mismos actores que tuvieron un papel fundamental en la elaboración de la última reforma estructural vuelven para impulsar una segunda fase, sin siquiera detenerse a reconocer el fracaso que la primera ha significado. A tal extremo que insisten en una nueva reforma cuando recién se están asumiendo las obligaciones generadas por la anterior, la que objetivamente está muy distante de las soluciones prometidas.

Sin intentar en esta etapa avanzar en profundidad sobre aspectos concretos, consideramos necesario incluir una mirada crítica sobre las primeras señales presentadas por la anunciada reforma. Se argumenta que la solución al problema de la sustentabilidad del sistema se daría mediante una nueva fase de endurecimiento de las exigencias en años trabajados y edad de retiro. A la vez se propone profundizar el pilar del ahorro individual  para las futuras prestaciones.

Por ello resulta imprescindible enfrentar una reforma estructural de este tipo y reclamar que se incluya en su análisis el conjunto de factores que conforman el sistema, y particularmente que todos los sectores involucrados participen en la construcción de un nuevo equilibrio.

No existen hasta el momento, más allá de lo discursivo, señales claras de un serio tratamiento de las sobredemandas sistémicas de asistencia financiera a cargo del Estado y, en particular, de las derivadas de los servicios de retiros militar y policial donde estas se concentran. 

Hasta ahora las señales de reforma solo se limitan al propósito de disminuir a futuro el nivel del gasto público en seguridad social, por el camino de menores prestaciones y recorte de derechos, excluyendo completamente todo análisis sobre los ingresos del sistema.

Por ello resulta cuestionable que desde el inicio del debate ya se proponga una reducción del monto de la jubilación inicial, a partir del ajuste de los parámetros más relevantes, como la rebaja de la tasa de reemplazo y la ampliación de los años de servicio para su cálculo. 

Una reforma que busque seriamente asumir el desafío de preservar las condiciones de vida de su gente deberá incluir como primer punto en consideración el componente de los ingresos del sistema, para luego abordar con equilibrio la estructura de egresos.

En este sentido, en forma previa a discutir la rebaja de las prestaciones, corresponde plantearse el cómputo sistémico de los aportes personales y patronales por la totalidad de los ingresos salariales, abandonando los topes de aportación que sólo benefician a los salarios más altos. Más allá de su positivo impacto financiero, esta definición permitirá generar una contribución equitativa. 

Asimismo, cabe cuestionarse si los actuales niveles de aportes patronales en el sector privado deben quedar por fuera de la discusión destinada a dar equilibrio al sistema. Si bien ellos pueden ser onerosos para los sectores productivos más débiles, su incidencia en la productividad y los ingresos de los sectores más dinámicos resulta pequeña. Una diferenciación sectorial o por niveles de ingresos brutos puede llegar a ser parte de la revisión del sistema. 

El país se debe una reflexión más amplia sobre el factor ingresos, que incluya también la posibilidad de avanzar en forma tendencial hacia la desgravación del trabajo y al desarrollo de fuentes de ingresos asociados a la productividad o el desempeño económico de las empresas. De esta forma se potenciaría la generación de empleo al tiempo que se estabilizaría el sistema general frente a las tendencias de cambios en el mercado de trabajo. 

Si observamos cómo los avances tecnológicos van generando mayores niveles de productividad y rentabilidad sin que ello impacte favorablemente en el empleo, deberíamos plantearnos claramente asociar el ingreso de la seguridad social a la riqueza generada por el trabajo, más que a los salarios o la cantidad de trabajadores.

El establecimiento de fuentes de recursos independientes de las contribuciones salariales, también permitiría priorizar la protección social a través de prestaciones de carácter universal en la etapa de retiro, con independencia de las capacidades contributivas de los beneficiarios.

Pero la orientación de los asesores elegidos por el Gobierno no solo busca deteriorar la suficiencia de las prestaciones, sino que también promueve el incremento de la incertidumbre. Una incertidumbre basada en la profundización de los componentes del ahorro individual, ya se haga esto por la expansión del mercado de las AFAP como a partir de la generación de nuevos instrumentos de capitalización individual.

La experiencia de estos años solo ha favorecido a las administradoras de fondos, que se han asegurado sus ingresos mediante comisiones y trasladado a las compañías de seguros el riesgo de las prestaciones. Un riesgo asumido en exclusividad por el Banco de Seguros del Estado, hecho que confirma la debilidad del sistema generado. 

Para encarar seriamente la reforma debería retomarse en la discusión el fortalecimiento de un sistema solidario de reparto. Este podría potenciarse con mecanismos complementarios de capitalización colectiva en fondos públicamente administrados que generen beneficios definidos.

Seguramente, en los próximos meses participaremos en un debate profundo en materia de seguridad social, y dependerá de los actores sociales y la población en general asumirlo, evitando la lógica de reducción antes aludida.

De lo contrario, la política del achique solo tendrá un resultado determinante para la inmensa mayoría de la población: trabajar hasta la vejez y morir en la miseria.

El modelo elegido

El modelo elegido

Con la reciente presentación del proyecto de ley de presupuesto nacional para el quinquenio se inicia un debate fundamental para tramitar esta pieza clave del programa económico y social del Gobierno. Cada cámara deberá pronunciarse dentro de un término de cuarenta y cinco días y contará con un breve plazo adicional para procesar las modificaciones que surjan del debate parlamentario.

El presupuesto es el instrumento fundamental para el diseño de las políticas públicas, la gestión del Estado y la determinación del contenido y orientación del gasto y  la inversión pública. Es la norma que determina cómo se distribuyen los recursos, de cuyo reparto dependerá el avance o el deterioro del bienestar social.

En este plan de acción del Gobierno se establecen los gastos que asumirá, los proyectos que impulsará y las fuentes de los recursos requeridos para financiar sus objetivos. En nuestro país, dada la importante presencia del Estado tanto en los servicios que brinda como en las prestaciones y salarios que de él dependen, el presupuesto es determinante en el funcionamiento de la sociedad y la calidad de vida de su población.

Editorial de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.

Cuestión de honor

Cuestión de honor

El tema de la violación de los derechos humanos y sus expresiones más tenebrosas —asesinatos, torturas y desapariciones forzadas— continúa lastimando a nuestra sociedad. El silencio de la casta militar y su impunidad limitan nuestra capacidad para cerrar el pasado con la madurez y la sensibilidad que el dolor provocado exige.

Cerrar esa herida, debería ser la prioridad fundamental de todos los actores comprometidos con los derechos humanos, un propósito que conlleva recorrer seria y responsablemente el camino de sacar a luz la verdad y posibilitar la actuación de la Justicia.

La lucha por esclarecer las desapariciones forzadas a manos del terrorismo de Estado pasa por develar lo que permanece oculto y también por la clara identificación de los criminales. La desaparición forzada sigue presente en el ocultamiento de los cuerpos; sobrepasa a la víctima para mantenerse como un crimen permanente sobre toda la sociedad, que no se extingue hasta que se corten de raíz sus efectos.

Imagen portada: Jefes militares en el Ministerio de Defensa Nacional. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS (Archivo, 2016)

Editorial - Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU

La motosierra llega al Inefop

La motosierra llega al Inefop

Vistos los recortes presupuestales anunciados queda en claro que la inversión social será la más afectada por la política de ajuste del Gobierno.

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), de conformación tripartita, administra el Fondo de Reconversión Laboral destinado a estimular el desarrollo social y productivo del país, a partir del diseño y la ejecución de políticas públicas en materia de empleo y formación profesional.

Con este cometido, el Inefop en primer término identifica los intereses y necesidades de empleadores y trabajadores, así como los de la población más vulnerable frente a la desocupación. Sobre esa base brinda luego asistencia técnica y formación profesional a empresarios, emprendedores y directivos de empresas, y conduce programas de capacitación para trabajadores en actividad y en seguro por desempleo. Con estos fines proporciona becas y tutorías destinadas a lograr la continuidad educativa de los trabajadores.

Imagen portada: Fachada del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) | Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS (Achivo, 2018).

Editorial de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU

Hablemos de libertad

Hablemos de libertad

Quizá la palabra más empleada por el presidente Luis Lacalle Pou en sus apariciones públicas sea el término libertad. Para definirla debemos tomar un parámetro y es apropiado recurrir para hacerlo al pensamiento del filósofo John Locke: «Donde no hay ley no hay libertad. Pues la libertad ha de ser el estar libre de las restricciones y la violencia de otros, lo cual no puede existir si no hay ley; y no es, como se nos dice, ‘una libertad para que todo hombre haga lo que quiera’».

El presidente respeta formalmente a Locke, pero muchas de sus leyes más importantes han estado destinadas a debilitar las protecciones de los trabajadores y los intereses generales de la nación. Gracias a ello algunos uruguayos privilegiados ahora están terminando por hacer su voluntad, tras los reclamos de libertad sustentados en millares de firmas que resultaron insuficientes para alcanzar sus objetivos.

Editorial de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.

Hablemos de libertad - Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU

Reconocimiento offshore

Reconocimiento offshore

En medio de la gira mediática desarrollada por el presidente Luis Lacalle Pou en la República Argentina se dio difusión a diversos aspectos del éxito uruguayo en el combate a la pandemia. Estos fueron parte de la promoción del proyecto oficial dirigido a conquistar a ciudadanos argentinos dispuestos a instalarse y a invertir en el país, al amparo de una nueva franquicia tributaria que les ayude a evitar la carga impositiva y las limitaciones que el vecino país impone a la libre circulación de su capital.

Entre los diversos mensajes creemos importante prestar atención a declaraciones realizadas al canal de La Nación por el presidente: «El Estado hizo el esfuerzo que podía hacer, que no fue suficiente, pero la cantidad de gente que se puso a remar en ollas populares, que empezó a juntar alimentos, que repartió canastas… esos héroes anónimos que en Uruguay surgen con mucha fuerza, fueron fundamentales para que mucha gente no pase hambre».

Escuche el editorial completo de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.

Reconocimiento offshore

por Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU