Y el pueblo dijo no

Y el pueblo dijo no

El próximo lunes 30 la democracia uruguaya celebra un acontecimiento que —sin duda— es una «fecha patria» de esta república.

Los uruguayos rechazaron en plebiscito histórico un texto constitucional propuesto por la dictadura como forma de autolegitimarse con la bendición ciudadana.

En el clima opresivo del terrorismo de Estado, la propuesta del régimen contó con una apabullante propaganda oficial favorable a través de todos los medios —televisión, prensa escrita, radios— y el editorial respaldo explícito de varios de ellos.

Los números fríos informan que un 87 % de los habilitados participaron en el plebiscito y más de un 57 % —con la papeleta del no— le contestó claramente a la dictadura y a todo aquel que quisiera enterarse, dando un ejemplo de dignidad ante el mundo.

Historiadores, políticos, investigadores, periodistas han dado a lo largo del tiempo su interpretación sobre el suceso y sobre el acatamiento del régimen al resultado de las urnas, en cuanto fenómeno singular.

Reforma previsional ataca efectos pero ignora causas

Reforma previsional ataca efectos pero ignora causas

Como en todas partes del mundo, en Uruguay la seguridad social ha acompañado a las formas adoptadas por el trabajo. Si retrocedemos a las primeras décadas del siglo XX, cuando se fundaron la originalmente llamada Caja de Empleados Bancarios (1925), hoy denominada Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, y la Caja de Industria y Comercio (1928), existía para los trabajadores un amplio margen de previsibilidad sobre sus posibilidades jubilatorias.

La determinación de los aportes patronales e individuales durante ese siglo reflejó la productividad existente en ese mundo del trabajo en el que nacieron nuestras instituciones de previsión social, y durante décadas ellas cumplieron sus fines de manera consistente con la finalidad para las que fueron creadas.

Reforma previsional debe vincularse con futuro del trabajo

Reforma previsional debe vincularse con futuro del trabajo

Si analizamos el conjunto de nuestra previsión social podemos establecer dos sectores bien definidos: aquellos que reciben una cada vez mayor asistencia del Estado, la Caja Militar y el Banco de Previsión Social (BPS) por un lado, y por otro las tres cajas paraestatales. Fundada en 1925, la Caja Bancaria va camino ya de cumplir 100 años; la Notarial, instituida en 1941 se acerca a los 80, y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios —establecida en 1954— se acerca a los 70. Son instituciones históricamente arraigadas que, con una importante participación de los beneficiarios en su conducción, mantienen su solvencia y sus prestaciones.

Por el contrario, las entidades que necesitan un reequilibrio en su funcionamiento son el BPS, con 700 mil beneficiarios, y la Caja Militar con 60 mil beneficiarios. Ambas recibirán en 2020 una asistencia de alrededor de 700 millones de dólares cada una. Ante estas realidades se produjo una situación bastante particular: el desfinanciamiento de estas dos cajas condujo a la coalición de gobierno a resolver, en la Ley de Urgente Consideración, la constitución de una comisión especial para reformar todo el sistema, incluyendo a los institutos que funcionan con total normalidad. Esta comisión tendrá 180 días para estudiar la situación de la seguridad social y proponer un proyecto de reforma. El deseo expresado por el Gobierno es que en 2021 sea aprobada una reforma total de la seguridad social.

Al comenzar a funcionar el jueves 5 de noviembre la citada comisión especial, la Caja Bancaria presenta un panorama de estabilidad, solvencia y viabilidad de largo plazo. Todos sus cálculos actuariales explican que tiene más de 50 años de viabilidad proyectada, todo lo cual fundamenta que este instituto deba preservarse en su autonomía e independencia.

Este equilibrio económico y financiero y las muy fundadas proyecciones de futuro están basadas en una contribución extraordinaria que realizan tanto los jubilados como los activos y las empresas, que supera a la del régimen general. Este diferencial permite a Caja Bancaria brindar jubilaciones y pensiones comparativamente mejores, basadas en la aportación mayor que los trabajadores del sistema financiero realizan a lo largo de toda la vida laboral.

De gobernados a víctimas

De gobernados a víctimas

Transcurridos 240 días de su gestión, el Gobierno actual ha dado ya suficientes muestras como para ser evaluado desde el punto de vista ciudadano.

Una herramienta de convicción del nuevo presidente, que tuvo su peso en la batalla preelectoral, fue el gesto de «hacerse cargo», al dar por supuesta una capacidad fuera de toda discusión para enfrentar no solo los problemas existentes sino también los nuevos que aparecieran.

Es mirando este listón alto que debemos analizar distintas acciones de Gobierno que terminan repercutiendo sobre los trabajadores, la población en general y la fortaleza de las instituciones públicas.

Que laude la ciudadanía sin agravios de por medio

Que laude la ciudadanía sin agravios de por medio

Con una nueva jornada de movilización, nuestro movimiento sindical volvió a demostrar la firmeza de su capacidad de organización y lucha, para enfrentar el avance de las políticas económicas recesivas y de desprotección social.

Esta movilización representa solo un paso en el camino de la preservación de los derechos alcanzados tras largos años de reivindicaciones, y a la vez marca nuestra oposición al intento de descargar todo el costo de la crisis sobre los trabajadores y jubilados.

Llegamos a esta situación de lucha en medio de una fuerte ofensiva antisindical, para enfrentar una planificada y sistemática campaña destinada a debilitar la organización gremial. Una ofensiva que dispone de horas diarias en los medios masivos de comunicación destinadas a cuestionar los reclamos de los trabajadores, a justificar ajustes regresivos, a enfrentar los planteos sindicales con los intereses de la población, y a promover la división en la sociedad.

Una línea de acción que ya ha producido un conjunto de normas limitativas de la acción de los sindicatos especialmente evidenciada en la LUC, cuyo su contenido fue profundizando luego mediante un decreto reglamentario de su artículo 392.

AND: escenario de reflexión, movilización y denuncia

AND: escenario de reflexión, movilización y denuncia

En medio de un escenario de fuerte ofensiva contra las organizaciones sindicales, de cuestionamiento a sus formas de funcionamiento, agresiones a sus dirigentes, campañas mediáticas contra sus propuestas y hasta avances tendientes a limitar su capacidad de movilización, resulta fundamental asumir el desafío de fortalecer democráticamente el debate entre los trabajadores.

La alianza de gobierno continúa restaurando los privilegios de los sectores más poderosos a la vez que  implementa un proceso de transformación regresivo orientado a deteriorar las condiciones de vida, a la limitación de derechos y la restricción de las libertades. Todo ello justificado en un contexto real de  pandemia y de alegadas «herencias malditas». 

Dicha transformación combinó medidas de carácter recesivo  con acciones absolutamente insuficientes para atender a los sectores más afectados por la crisis. La LUC consolidó un programa de orientación represiva, concentrador y centralista, y las reformas estructurales incluidas en esta ley afectaron decisivamente las políticas públicas y la seguridad social. 

AND: escenario de reflexión, movilización y denuncia