SUNCA reclama fiscalía especializada en siniestros laborales

SUNCA reclama fiscalía especializada en siniestros laborales

El SUNCA reclama la creación de una fiscalía especializada en siniestros laborales tras la muerte de un trabajador del sector en Soriano.

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (SUNCA) realizó un paro parcial este miércoles a raíz del fallecimiento de un trabajador y reclama la creación de una fiscalía especializada en siniestros laborales. 

En Radio Camacuá conversamos con Daniel Diverio, secretario general del SUNCA. “Estamos en un momento muy doloroso para el conjunto del gremio”, dijo el dirigente. Se trata de “un trabajador de 52 años que sale a trabajar, a buscar su jornal, y la noticia que recibe la familia de que el compañero muere en un siniestro laboral”.

Analizando las causas, si bien aun falta el informe final del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), “a simple vista se nota que era una obra improvisada, con muchas irregularidades, incluso no tenía ni cerramientos, no se si tendría permiso de construcción, porque esto se está investigando; pero lo que sí podemos decir firmemente es la falta de planificación del trabajo y de prevención de accidentes”. 

Diverio reclamó que si bien la industria de la construcción “hay una fuerte inversión en nuevas tecnologías, en nuevas formas de construcción, en nuevas herramientas y materiales que aceleran los procesos de construcción”. Sin embargo, “en salud laboral y la seguridad aún hay muchas empresas que hacen caso omiso a las advertencias y trae este tipo de consecuencias”.

La Ley de Responsabilidad Empresarial fue aprobada hace diez años con un impacto muy significativo en la siniestralidad en el sector y descenso de fallecimientos. “Hay que recordar” , dijo Diverio, “que cuando el sindicato promovía un proyecto de ley para penalizar a empresas que ponían en riesgo al conjunto de las y los trabajadores todo lo que dijo la derecha, en su momento oposición, blancos, colorados y partido independiente se oponían a ese proyecto junto con las cámaras empresariales”.

Se argumentó “que era inconstitucional y que no iba a resolver el tema”, también se dijo que “muchos empresarios iban a abandonar sus actividades para no correr riesgos y que iba a haber mucha desocupación”. Luego de años de vigencia el balance que se hace desde el SUNCA dista de estos discursos. 

Primero, que no es inconstitucional “y la propia Suprema Corte de Justicia así lo declaró”. En segundo lugar,”sí, es cierto que algunos malos empresarios tuvieron que pasar por la Justicia por incumplir con las normativas”. Y en tercer lugar, “no se cayó en una gran desocupación a partir de esa ley”.

“Lo que sí podemos confirmar es que a partir de la ley se logró negociar modificaciones en las normativas de seguridad e higiene en la industria de la construcción y en otras industrias que mejoraron las condiciones y se generaron nuevas herramientas. La ley no es mágica, nos permitió eso”. Como ejemplo, fruto de estas negociaciones, las empresas deben tener para las obras técnicos prevencionistas “para prevenir los siniestros laborales a partir de las formas de trabajo”.

También se implementaron “charlas de inducción” donde se le explica “a un trabajador que ingresa a un centro de trabajo qué tipo de obra es, qué riesgos hay, qué precauciones se deben tomar”, entre otras medidas.

Antes de la ley “había unos 7.500 accidentes laborales al año y a nivel nacional en toda la industria eran más de 50.000”. En 2023, “creo que no se superaron los 2.000 siniestros laborales”, explicó. 

“Igual es muchísimo, porque sigue habiendo siniestros y siniestros mortales”, reclamó Diverio. Por esto el sindicato reclama la creación de una fiscalía especializada en este tipo de accidentes que cuente con las herramientas para tratar con especificidad estos casos.

Proyecto Neptuno: Gobierno se opone a pruebas científicas por considerarlas parciales

Proyecto Neptuno: Gobierno se opone a pruebas científicas por considerarlas parciales

La semana pasada debieron realizarse las audiencias correspondientes al recurso que presentó la organización Redes Amigos de la Tierra al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), solicitando la nulidad de la licitación del Proyecto Neptuno.

En diálogo con Camacuá Diario, el geógrafo e investigador de Redes Amigos de la Tierra, Marcel Achkar, contó que las audiencias no se convocaron porque la OSE y el Ministerio de Ambiente se opusieron a las pruebas y a los testigos presentados.

Las pruebas son «dos informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y un artículo científico publicado en una revista internacional sobre el comportamiento de las floraciones de cianobacterias en el Río de la Plata», detalló Achkar.

Los testigos son científicos de la Facultad de Ciencias y del Instituto Clemente Estable, no aceptados por OSE y el Ministerio porque «argumentan que no tienen el nivel de imparcialidad que ellos esperarían».

Esto es, entiende Achkar, «un nuevo intento del Gobierno de desacreditar a la ciencia» y lo considera «un grave error». «La comunidad científica tiene una amplia tradición de apertura para colaborar a resolver los problemas nacionales», explicó el investigador, recordando el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad de la República.

«Estos intentos de desacreditar a los científicos cuando los resultados de sus investigaciones no son favorables a los planes de Gobierno, es una práctica que se viene repitiendo en los últimos años», agregó el integrante de Redes Amigos de la Tierra, y afirmó que «si algo caracteriza a la producción científica, sobre todo de la Universidad, es su independencia de criterio».

Este lunes los abogados de Redes «presentaron un escrito argumentando en contra de la oposición», por lo que ahora los jueces del TCA resolverán «si aceptan las pruebas y a los testigos para que esto siga adelante», señaló Achkar.

El docente, académico e investigador experto en Geografía tiene claro que el Proyecto Neptuno «no va a funcionar», y alegó que «se va a hacer una gran inversión y construir una gran planta que no va a brindar agua potable a la población».

 

Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

«La reforma laboral de Milei es comparable con la dictadura»

«La reforma laboral de Milei es comparable con la dictadura»

Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Laboralistas, reflexionó en diálogo con Radio Camacuá sobre los peligros y retrocesos del programa de gobierno de Javier Milei para todos los trabajadores.

La reforma laboral propuesta por el presidente Javier Milei en Argentina ha generado una andanada de críticas porque implica un retroceso en los derechos para los trabajadores; una medida que precariza las condiciones laborales y debilitar la protección sindical.

Tras el intento de imponer la reforma mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el proyecto fue sometido a consideración en la Cámara de Senadores, donde encontró una resistencia significativa. Paralelamente, su aplicación fue suspendida por vía judicial, por lo que aún se está por ver si esta peligrosa iniciativa quedará firme.

Desde la Asociación Latinoamericana de Laboralistas se advierte sobre los peligros de la iniciativa. Su presidente, Matias Cremonte, señaló en diálogo con Radio Camacuá que se trata de “una reforma laboral tan regresiva tiene implicancia en toda la región”.

“Si bien hubo reforma laborales flexibilizadoras en los años 90, típicas del neoliberalismo; e incluso hubo un intento fallido por parte de Macri en el año 2017; una reforma de la magnitud a la que nos enfrentamos ahora solo encuentra un antecedente similar con la reforma de la dictadura en el año 1976”, dijo el destacado abogado laboralista.  

La reforma de Milei avanza en distintos sentidos. Se reforma la ley de contrato de trabajo de modo que implica una pérdida muy grande de derechos para los trabajadores. Se amplía el período de prueba, se reduce la indemnización por despido, se desconoce la relación de dependencia laboral.

“Aquellas situaciones donde alguien contrata a una persona para trabajar, pero en vez de registrarla y encuadrarla en el régimen de contrato de trabajo, la hace inscribir como si fuera un contrato de derecho civil (deben entregar una factura por el servicio que prestan), y eso es una huída, un fraude a la legislación laboral”, señaló Cremonte.

Hasta ahora, la ley “contundentemente e históricamente presume que hay una relación laboral; y en un juicio eso puede demostrarse”. Sin embargo, la iniciativa de Milei pretende eliminar esa presunción y establece que en esos casos no se aplica el derecho del trabajo.

Esto, según Cremonte, da cuenta del ataque estructural a los trabajadores.

La mirada desde Uruguay 

Para analizar estos temas es que la Asociación Uruguaya de Laboralistas (AULA) realizará un coloquio virtual sobre la reforma laboral en Argentina.

Se realizará mañana martes 19 de marzo desde la hora 19. Se puede presenciar de manera libre y gratuita, ingresando al siguiente enlace.

Expondrán destacados panelistas de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Argentina para informar acerca del impacto profundo en los derechos de los trabajadores y las modificaciones que llegaron con el DNU.

Graciela Giuzio, presidenta de AULA, señaló que existe un paralelismo entre el DNU de Milei con la LUC en Uruguay. Esta última trajo reformas que impactan en los colectivos sociales, aunque no de la gravedad de las propuestas Argentinas.  

 “Cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo”, mencionó Giuzio. Y agregó: “Este fenómeno que se dio en Uruguay, se replica en Argentina con una reforma laboral de mucha más profundidad. Entonces tenemos que analizar lo que está pasando en la región desde el punto de vista de nuestros derechos”.

🌐 AULA INVITA:

1er COLOQUIO (VIRTUAL) SOBRE LA REFORMA LABORAL EN ARGENTINA

📆 Martes 19 de marzo
⏰ 19hs (hora Uruguay)
📧 Consultas contacto@aula-alal.org
📲 (+598) 92579723
Enlace para ingresar al coloquio.

Crysol: «Este Gobierno tiene empatía emocional con la dictadura»

Crysol: «Este Gobierno tiene empatía emocional con la dictadura»

Cada 14 de marzo se celebra en Uruguay el Día del Expreso y la Expresa Política, en homenaje al hecho que ocurrió ese día de 1985, conocido como el Día de la Liberación, en el que los últimos presos políticos fueron puestos en libertad y se realizó una gran movilización en el Centro de Montevideo, rodeando la Cárcel Central.

Gastón Grisoni, presidente de Crysol, la asociación que nuclea a los expresos y expresas políticas en Uruguay, conversó este viernes con Camacuá Diario sobre esta importante fecha. «Fue una gran jornada porque se marcaba la derrota de la dictadura, pero fundamentalmente porque se liberaban todos los presos políticos de la dictadura y del terrorismo de Estado», dijo.

«Se marcaba el fin definitivo de una era y el comienzo de una nueva etapa. Un acontecimiento histórico que vale la pena tener siempre presente y que lo recordamos con mucho cariño y alegría en nuestros corazones», añadió Grisoni.

Pasados 39 años, la lucha que aún se mantiene vigente para Crysol es el cumplimiento de la resolución 60/147 de las Naciones Unidas, ratificada por Uruguay, que «incluye la reparación integral, pero concebida no solo como un resarcimiento económico a las víctimas, sino como la implementación de un conjunto de medidas que apuntan básica y esencialmente a evitar que estas graves violaciones vuelvan a repetirse, logrando que sean identificados y sancionados todos los responsables, estableciendo un legado de verdad y justicia».

Grisoni valoró que, pese a que todavía falta, con el paso de los años «la impunidad ha sido golpeada» y que hay 101 represores que han sido condenados. «Cuando la justicia tarda no es justicia, pero haber logrado derribar la muralla de la impunidad con que pretendieron cubrir a los responsables de la dictadura, es una gran conquista que hemos llevado a cabo junto al movimiento sindical y los sectores más avanzados del sistema político», sostuvo.

«Hay que seguir avanzando y luchando, porque los grupos de poder tienen que saber que acá no va a haber impunidad. En Uruguay las graves violaciones a los Derechos Humanos nunca van a quedar impunes, aunque haya que militar 30 o 40 años para lograr que sean juzgados y condenados como corresponde en una sociedad democrática», sentenció Grisoni.

Un Gobierno reaccionario

Consultado por el accionar de este Gobierno en la materia, Grisoni fue categórico al afirmar que «este es un gobierno que tiene empatía emocional con la dictadura y con los responsables de las graves violaciones de los Derechos Humanos».

«Es un gobierno reaccionario», lo definió, y recordó que «del primero al último de los ministros, y pasando por el Presidente, se opusieron al restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado cuando eran parlamentarios, apostaron a la impunidad».

Por último Grisoni se refirió concretamente a la ley 20.193, que resarce a las víctimas de la guerrilla, la cual «humilla directamente y desvaloriza a las víctimas del terrorismo de Estado».

 

Foto: sitiosdememoria.uy

Comenzó ciclo de charlas sobre Seguridad Social con enfoque de género y cuidados

Comenzó ciclo de charlas sobre Seguridad Social con enfoque de género y cuidados

En el marco del mes de la mujer trabajadora, el Equipo de Representación de los Trabajadores (ERT) en el Banco de Previsión Social (BPS) ha dado inicio a un ciclo de charlas enfocado en la Seguridad Social, con especial énfasis en cuestiones de género y cuidados.

La primera sesión de este ciclo tuvo lugar el pasado jueves 14 de marzo, donde destacó la participación de Lorena Luján del ERT. Luján, en su intervención, destacó la importancia de abordar estos temas vitales para la sociedad y para los trabajadores, haciendo hincapié en los cambios recientes en la legislación, particularmente la Ley 20.130 y su impacto en la seguridad social.

Durante su discurso, Luján expresó su preocupación por las omisiones de la legislación vigente, señalando específicamente la exclusión de temas fundamentales como los cuidados, la infancia, la adolescencia y la discapacidad. Según ella, estas exclusiones dejan a una parte importante de la población en situación de vulnerabilidad, afectando tanto a nivel personal como laboral y social.

En este contexto, la discusión giró en torno a la necesidad de una reforma integral que abarque todas las dimensiones de la seguridad social, haciendo especial hincapié en la importancia de los sistemas de cuidados, hoy en día, según sus palabras, «totalmente desmantelados».

Luján también resaltó el papel del movimiento sindical en la promoción de alternativas y propuestas concretas para una seguridad social más inclusiva y justa. 

Repasamos un fragmento de su intervención:

«No podemos dejar de usar herramientas que ayuden a combatir el narcotráfico»

«No podemos dejar de usar herramientas que ayuden a combatir el narcotráfico»

Esta semana, la bancada de senadores de la oposición hizo pública una propuesta para modificar los artículos de la Ley de Urgente Consideración que establecen un tope de 1.000.000 de Unidades Indexadas para la realización de transacción en efectivo, monto que equivale aproximadamente a 150.000 dólares.

El Frente Amplio entiende que es un monto demasiado alto, que favorece las operaciones habitualmente vinculadas al narcotráfico o el crimen organizado «porque el efectivo no deja rastros», según explico el economista Martín Vallcorba, en entrevista con Camacuá Diario.

Para Vallcorba, la cifra actual de 150.000 dólares es «un disparate» e «imposible de defender racionalmente». «Uno podría discutir si es 6, 15 o 20, entra dentro del margen que razonablemente se puede negociar, pero más de 120 mil es una cifra disparatada. Es indiscutible y cuesta entender que exista una resistencia a avanzar en la dirección que propone ahora el Frente», agregó.

Como ejemplo, el economista señaló que «nadie va a comprar una casa y lleva 150.000 dólares en un maletín. Los casos son excepcionales y son casos que se vinculan a operaciones en las cuales el origen de ese dinero es dudoso o sospechoso».

«Está históricamente comprobado por estudios en el mundo que las operaciones vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado se vehiculizan por el efectivo», prosiguió Vallcorba, lamentándose de que «Uruguay con la LUC fue a contracorriente del mundo»

De todos modos, aclaró el asesor de la oposición, «no quiere decir que resuelva el problema». «Simplemente lo que hace es mejorar los controles y, por lo tanto, hacer más efectiva la lucha contra el crimen organizado. Es un problema súper complejo, y como país no podemos dejar de usar herramientas que nos ayudan a combatirlo mejor, y que son las que usa el mundo desarrollado», expresó.

Vallcorba recordó también la discusión de estos artículos en el Parlamento y opinó que «no había una justificación de peso» de parte del Gobierno. «Lo que había era una manija que se había venido acumulando en los años previos en contra de la Ley de Inclusión Financiera», junto con «sectores que presionaban porque les interesaba que se flexibilizara».

«Es muy difícil de entender la racionalidad de esta medida y más difícil de entender cómo no se reconoce el error y se da marcha atrás, rompiéndonos los ojos el avance del narcotráfico», concluyó el economista.

 

Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS