Ecuador es el segundo país más afectado por el COVID-19 en América Latina, después de Brasil

Ecuador es el segundo país más afectado por el COVID-19 en América Latina, después de Brasil

[FOTO: publicada por la Alcaldía de Guayaquil en Twitter]

Ecuador registra, al momento de publicar esta nota, 10.398 casos positivos de COVID-19 en 33.389 testeos. De las 24 provincias que tiene el país 18 tienen personas infectadas, la mayoría tiene entre 35 y 300 casos; pero el avance ha sido mayor en Pinchincha, que tiene 868 y aun peor en Guayas, cuyo epicentro está en la capital Guayaquil, donde registraron más de 7.100 personas contagiadas.

Ecuador reporta oficialmente, 527 fallecidos registrados por COVID 19, sin embargo en Guayaquil han muerto cerca de 6000 personas y las autoridades lo atribuyen al COVID 19 como una de las causas, aunque a no han podido disponer de la realización de test.

Hace unos días hablamos con Eduardo Palma, de Manabí, provincia que al momento registra 296 casos, y se encuentra a menos de 200 km de Guayaquil.

El primer caso de COVID 19 en Ecuador se confirmó el 29 de febrero, al igual que en en varios países, personas de las clases sociales más altas regresaron de viajes de zonas afectadas. En este caso, España.  Las autoridades nacionales exhortaron a no realizar eventos que impliquen aglomeraciones de personas pero la disposiciones no fueron respetadas e incluso el propio gobernador de Guayaquil autorizó por ese entonces un partido de fútbol de la Copa Libertadores con asistencia de público.

En octubre del año pasado la eliminación del subsidio a los combustibles y suba del transporte público fue el detonante en la política económica llevada a adelante por el gobierno y se produjeron masivas protestas que fueron reprimidas. Estas decisiones de Lenin Moreno estuvieron vinculadas al ajuste que debió hacer Ecuador luego de acuerdos alcanzados con organismos de crédito, como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por aquel entonces, la politóloga quiteña Adoración Guamán explicó a Radio Camacuá que “en 2018 se aprobó la llamada Ley Trole 3 que ha establecido incentivos fiscales a grandes empresas” lo que supuso una “gran renuncia” en la recaudación del Estado y que se vinculó a una “reducción de los servicios públicos”. 

Eduardo Palma nos explicó que justamente, a pocos días del inicio de los contagios en el país, el gobierno ecuatoriano hizo una entrega de 320 millones de dólares para el pago de deuda externa lo que generó cuestionamientos. 

Junto con el anuncio del pago las autoridades afirmaron que Ecuador se recibiría dos mil millones de dólares para afrontar la crisis sanitaria de parte de organismos multilaterales, pero al momento Ecuador ha recibido apenas 20 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Cooperativa Bancaria y AFCC suman más bandejas solidarias

Cooperativa Bancaria y AFCC suman más bandejas solidarias

La Cooperativa Bancaria y la Asociación de Funcionarios de Cooperativas de Consumo (AFCC) se sumaron a la donación de viandas que hace AEBU en barrios del oeste de Montevideo. Hablamos con Juan Da Costa, presidente de la Cooperativa Bancaria.

Migración en tiempos de COVID19: “Somos todas vecinas y vecinos de este mundo, la solidaridad y los lazos son claves”

Migración en tiempos de COVID19: “Somos todas vecinas y vecinos de este mundo, la solidaridad y los lazos son claves”

Valeria España es abogada, docente, consultora en Derechos Humanos, Género y Migración. A raíz de la acción solidaria que se está organizando por diferentes barrios, que también involucra a AEBU en Ciudad Vieja, le consultamos sobre la situación en general de las personas migrantes en Uruguay.

España explicó que desde 2009 “el saldo migratorio negativo se modificó” por lo que Uruguay es un país que “recibe migrantes”. La mayoría “es de origen latinoamericano, caribeño, a diferencia de otros flujos migratorios que lo antecedieron” y eso ha traído “diversos desafíos” porque existe una “normativa que reconoce el derecho a migrar pero en la práctica existen muchas dificultades” en la implementación “de una política migratoria con un enfoque de los derechos fundamentales”.

De esta manera, la abogada explicó que con el incremento de personas de origen cubano y dominicano aumentaron las “situaciones de explotación laboral, vinculadas a la regularización migratoria”. Esto “evidentemente iba en contra de todo el caudal normativo de avanzada” que “se decía que existía”  por lo que se “activaron diferentes redes solidaria, acciones implementadas desde la sociedad civil organizada” que “generaron un sostén” en situaciones concretas y dificultades que especialmente vivían las personas migrantes recientes.  “Frente a eso, algunas de las iniciativas fueron Jóvenes Migrantes que impulsó un grupo de migrantes junto con el Centro de Promoción y Defensa de DDHH y Casa Mario. También está la casa de Idas y Vueltas que ha acompañado. También hay algunas entidades religiosas que se han involucrado con la temática y sin embargo siempre lo que hemos visibilizado es que el abordaje de la migración no tiene que ser claramente de tipo asistencial sino que también tiene que tener una perspectiva política en el sentido de poder reconocernos los unos a los otros como ciudadanos  y  ciudadanas en este caso de esta ciudad montevideana pero del Uruguay. Entonces nos parece muy pertinente que también las autoridades, dado que no se hizo en los años pasados, logren implementar una política migratoria acorde a los desafíos que tenemos”

El contexto de emergencia sanitaria a raíz de la pandemia de COVID-19 no se vive de la misma manera en todos los sectores de la población. Las personas con actividades económicas irregulares o zafrales son muy afectadas por la suspensión de distintos sectores a la vez que están más expuestas a transitar quebrantos de salud menos amparadas por las instituciones. Este sector de la población tiene un porcentaje importante de migrantes, que además no cuentan con redes vecinales o familiares de contención. Valeria España explicó que esta situación ya era compleja para las personas migrantes, “era algo que se ponía sobre la mesa en sucesivos informes de SERPAJ”, donde surgen “preocupaciones específicas en el marco de la emergencia sanitaria”. En primer lugar, las dificultades que surgen en la situación de las personas que acaban de llegar a Uruguay, “seguramente buscando empleo”. Todas  esas “etapas de inserción en lo laboral y también en lo social y en lo educativo” son un desafío importante para todas las personas en este momento pero tienen complicaciones adicionales si la persona es migrante. “No tener redes, un espacio para habitar, además del derecho de piso” que se impone sobre estas personas que se consideran extranjeras.

En este sentido, España dijo que “desafortunadamente prima una perspectiva muy nacionalista también en el marco de estas emergencias” y que “esa idea de pensar esta epidemia como un desafío exclusivamente para los uruguayos es un error porque una de las grandes lecciones que nos está dando justamente este momento que nos tocó atravesar es el desafío sería pensarnos de una manera mucho más amplia que trasciende las fronteras y que trasciende las identidades nacionales”.

Para la abogada, esto es “fundamental tenerlo en cuenta con la especificidad” debida, por lo que significa para una persona estar en esta situación, “en un lugar al que acaba de llegar, que no conoce, que no tiene redes y en el que había depositado muchos sueños para salir adelante”. Por esto, remarcó que “las medidas que se están tomando en la sociedad civil, de vecinas y vecinos organizados en ollas populares en diferentes barrios son clave” porque “es necesario tomar en cuenta la especificidad de la migración en este momento que nos tocó vivir”.

“Somos todas vecinas y vecinos de este mundo, entonces creo que la solidaridad y los lazos son claves”, agregó y remarcó la importancia. En este sentido, “las ollas populares obviamente específicas para determinados sectores que se organizan” son importantes porque “muchas personas por esas redes que se van construyendo de a poco, sienten más confianza para poder acercarse” y tender lazos en los barrios, “eso es fundamental”.

En cuanto a Ciudad Vieja específicamente, España explicó que se ha atravesado “una situación particular” porque “al igual que en otros países” se volvió “un espacio de identidad y de habitabilidad de personas migrantes”. Históricamente por estar cerca del puerto ha sido receptor de inmigración pero “poco a poco se han ido desplazando a otros puntos de la ciudad por diferentes estrategias de especulación inmobiliaria que han expulsado a las vecinas y vecinos de Ciudad Vieja”.

Valeria España es una de las fundadoras del Centro de Promoción y Defensa de los DDHH (CDH), una organización que reúne a profesionales en torno a la temática, donde se “brinda asesoramiento y acompañamiento jurídico de primer nivel” y aporta “al cumplimiento de los derechos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico”, según consigna su sitio web. España explicó que desde este espacio “ha habido oportunidad de acompañar algunos procesos para resistir desalojo” donde se encontraron con “situaciones tremendas porque claramente pasan los años y quizá ese inmueble sigue vacío, pero se tenía ese ánimo de vaciarlo”. También han tenido información de que “en el marco de esta emergencia “hay personas que están en riesgo de ser desalojadas”. Sin ir más lejos, el viernes 13 -antes de la declaración de la emergencia sanitaria-  lograron “postergar un desalojo, gracias a la organización de las vecinas y vecinos”. Una semana después supieron “otro proceso de desalojo, por la vía penal que estaba en proceso» y que afectaba también a personas migrantes. “Esto suma a la emergencia sanitaria la emergencia habitacional y la expulsión paulatina”.

Además Ciudad Vieja “ha sido un punto de encuentro para la población migrante” porque cuando recién llegan aunque “no vivan por ahí hacen una serie de trámites, están habitando esos espacios permanentemente”.  Pero esto cambió porque “la atención en el ámbito de la regularización migratoria, las oficinas públicas están con una atención al público reducida, muchos servicios se derivaron a líneas telefónicas”.

“Por ese lado también me parece que las redes solidarias son claves pero hay responsabilidades estatales específicas que tienen que tomarse en cuenta”, afirmó España, ya que “el Estado tendría que poder dar una respuesta a las personas migrantes recientes, que hayan ingresado su trámite migratorio o no, y le pueda dar alguna mayor certeza para pasar este difícil momento que estamos viviendo”. En otros países, como Portugal, el gobierno tomó la medida “una regularización express para las personas migrantes de tal manera que puedan acceder a una batería de atención en caso sobre todo de complicaciones médicas y también la propia certeza del espacio en el que están”.

Además España reclamó no olvidar que “en momentos de emergencia sanitaria también se habilitan procesos de exclusión e hipervigilancia donde las fuerzas represivas tienen un rol que se les ha asignado y por lo tanto las personas migrantes siempre son considerados extranjeros, intrusos, y por lo tanto se sospecha permanentemente de sus intenciones. Hay que tener mucho cuidado con cualquier tipo de abuso en ese sentido. La regularización migratoria tendría que ser también parte del componente de medidas que se les exige a las autoridades en el marco de esta emergencia Son muchos los desafíos.”

Espacio Sin Fronteras, que es una organización sudamericana, presentó un comunicado que tiene que ver con las diferentes medidas que tendrían que adoptar los Estados en el marco de esta emergencia, especialmente con la urgencia de pensarnos como ciudadanos universales. Valeria España recalcó que “es clave” tenerlo en cuenta porque la idea de “pensar que de estas nos salvamos solamente por estados separados es un error gigante y es parte de la lección que nos tiene que quedar de esta pandemia que nos tocó vivir”.

[FOTO: Rebelarte]

COVID 19: Crisis política en Brasil llega hasta el presidente mientras el virus avanza

COVID 19: Crisis política en Brasil llega hasta el presidente mientras el virus avanza

En este episodio de La Trama vamos a hablar de Brasil, en contacto con el sociólogo y docente Paulo Nicoli Ramirez, desde San Pablo, ya que estaríamos frente al primer país que enfrenta una crisis política de primer nivel generada por el COVID 19, que alcanza al propio presidente Jair Messias Bolsonaro.

Desde el inicio del contagio mundial de este coronavirus que empezó en Wuhan, en China, la mayoría de los países han dispuesto medidas de cuarentena, distanciamiento social y testeos masivos en distintas etapas de propagación.

Sin embargo, algunos mandatarios se han mantenido escépticos con respecto a la propagación del virus en sus países y han entendido que no era conveniente decretar una cuarentena que afectara la economía. De los países más grandes que sostuvieron esta estrategia de negación frente a lo que científicos de todo el mundo venían planteando podemos nombrar al Reino Unido, Estados Unidos, México y Brasil.

Todos estos países con la excepción de Brasil han rectificado en la última semana su posicionamiento frente a la pandemia de COVID -19, a la vista de informes y datos que los alertaron sobre las consecuencias en la población.

Bolsonaro, que se enfrentó en la última semana los gobernadores estaduales de Brasil y hasta sus propios ministros y aliados políticos, mantiene al día de hoy el discurso de minimizar lo que llama una “gripezinha” por la que no hay que tomar mayores recaudos.

COVID19: SUNCA se movilizó y logró acuerdo para proteger la salud

COVID19: SUNCA se movilizó y logró acuerdo para proteger la salud

Finalmente el Sindicato Único de la Construcción y Anexos (SUNCA), las cámaras empresariales y el Estado llegaron a un acuerdo por lo que hoy comienza la licencia especial de la construcción a propósito de la pandemia mundial del coronavirus COVID-19.

Se trata de un acuerdo que pudo haberse concretado el jueves de la semana pasada pero que el gobierno no acompañó ese día, en discordancia con las cámaras empresariales del rubro y el sindicato. Daniel Diverio, presidente del SUNCA, explicó a Radio Camacuá, que luego de negociación, incluso a instancias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el preacuerdo no pudo concretarse.«Sin decir agua va’, el jueves de tarde nos anunciaron que el gobierno no acompañaba ese preacuerdo. La verdad que fue un momento complicado porque era cómo volver a cero».

El presidente del SUNCA explicó que si bien «cuando se les pidió un argumento» para no aceptar el acuerdo «no lo tenían», el sindicato interpretó que se debía a la intención del gobierno de «no detener la economía», luego de la conferencia brindada por la Ministra de Economía Azucena Arbeleche por la situación del país en general. Ante este panorama, el sindicato resolvió reclamar al gobierno por no ver «un problema de protección de los trabajadores en una emergencia sanitaria sino un problema económico, donde se priorizó la economía, el capital y la rentabilidad, por encima de la salud», explicó Diverio.

Por estas razones, el SUNCA resolvió movilizarse durante el viernes pasado, «con medidas de cuidado de la salud, se realizaron asambleas de a grupos chicos de trabajadores». En el caso de la empresa UPM 2 y alrededores, en Paso de los Toros, donde trabajan cerca de 700 trabajadores, «no hicieron una concentración en el pueblo, sino que en vez de irse en los ómnibus, salieron caminando por la ruta, al igual que en el departamento de Treinta y Tres», donde «trabajan a 15 kilómetros del pueblo» también cientos de trabajadores.

Hace varios días, cuando el virus COVID-19 se expandìa y era declarado una pandemia a nivel global por la OMS, el sindicato vio la necesidad de instrumentar medidas de cuidado de los trabajadores por las particularidades del sector, entre ellas las concentraciones de personas en lugares de trabajo. De esta manera, a nivel del SUNCA se tratò de reducir las actividades que implicaran un factor de riesgo como asambleas de obras, plenarios de delegados, asambleas generales y movilizaciones.  Al día siguiente de esa definición se inició una recorrida por los puestos de trabajo, más de 2500, para informar sobre el tema y las medidas de cuidado. En ese sentido se planteó la necesidad de establecer turnos para el almuerzo, vestuarios, cuidar la higiene en el transporte de las empresas cuando correspondiera, los vestuarios y comedores así como facilitar el acceso a agua potable, jabón y alcohol en gel.

Con la aparición de casos de COVID-19 en Uruguay y la exhortación a la cuarentena por parte del gobierno, creció la preocupación del sindicato, que no solamente tiene una parte de sus trabajadores en la franja etaria más vulnerable a este virus sino que tiene grandes concentraciones de trabajadores en varios puntos del país que pueden ser focos de contagio, por lo que la preocupación no solo era con los trabajadores de la construcción sino también con la responsabilidad de no contribuir a la propagación del virus.

El acuerdo alcanzado establece una licencia especial a partir de una partida única y el cese de actividades por dos semanas más semana de turismo, que está establecida de antemano en el calendario del sector. Diverio explicó que el acuerdo se sostiene con un «50% de aporte patronal, un 30% del Estado y un 20% de los trabajadores», que también aportan desde su licencia vacacional para que la partida sea para todos los trabajadores, aunque no hayan trabajado el tiempo necesario para generar aportes.

Diverio afirmó que la seguridad social del Estado se vería recargada con «tres veces más de lo que sale este acuerdo» si todos los trabajadores de la construcción «iban a seguro de paro», por lo que entiende que no fue «un problema económico».

El presidente del SUNCA entiende que las movilizaciones fueron escuchadas y por eso en «la madrugada del sábado» se pudo sellar el acuerdo, por lo que la licencia especial para la construcción en vez de empezar el lunes comenzó este martes, y se extenderá hasta finalizada la Semana de Turismo.

FOTO: SUNCA 20/3/2020