Esta semana, la bancada de senadores de la oposición hizo pública una propuesta para modificar los artículos de la Ley de Urgente Consideración que establecen un tope de 1.000.000 de Unidades Indexadas para la realización de transacción en efectivo, monto que equivale aproximadamente a 150.000 dólares.

El Frente Amplio entiende que es un monto demasiado alto, que favorece las operaciones habitualmente vinculadas al narcotráfico o el crimen organizado «porque el efectivo no deja rastros», según explico el economista Martín Vallcorba, en entrevista con Camacuá Diario.

Para Vallcorba, la cifra actual de 150.000 dólares es «un disparate» e «imposible de defender racionalmente». «Uno podría discutir si es 6, 15 o 20, entra dentro del margen que razonablemente se puede negociar, pero más de 120 mil es una cifra disparatada. Es indiscutible y cuesta entender que exista una resistencia a avanzar en la dirección que propone ahora el Frente», agregó.

Como ejemplo, el economista señaló que «nadie va a comprar una casa y lleva 150.000 dólares en un maletín. Los casos son excepcionales y son casos que se vinculan a operaciones en las cuales el origen de ese dinero es dudoso o sospechoso».

«Está históricamente comprobado por estudios en el mundo que las operaciones vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado se vehiculizan por el efectivo», prosiguió Vallcorba, lamentándose de que «Uruguay con la LUC fue a contracorriente del mundo»

De todos modos, aclaró el asesor de la oposición, «no quiere decir que resuelva el problema». «Simplemente lo que hace es mejorar los controles y, por lo tanto, hacer más efectiva la lucha contra el crimen organizado. Es un problema súper complejo, y como país no podemos dejar de usar herramientas que nos ayudan a combatirlo mejor, y que son las que usa el mundo desarrollado», expresó.

Vallcorba recordó también la discusión de estos artículos en el Parlamento y opinó que «no había una justificación de peso» de parte del Gobierno. «Lo que había era una manija que se había venido acumulando en los años previos en contra de la Ley de Inclusión Financiera», junto con «sectores que presionaban porque les interesaba que se flexibilizara».

«Es muy difícil de entender la racionalidad de esta medida y más difícil de entender cómo no se reconoce el error y se da marcha atrás, rompiéndonos los ojos el avance del narcotráfico», concluyó el economista.

Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS