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Vallcorba sobre cambios de LUC: «¿Alguien puede defender que la venta de una casa por 100 mil USD se pueda hacer a través un maletín con efectivo?»

Vallcorba sobre cambios de LUC: «¿Alguien puede defender que la venta de una casa por 100 mil USD se pueda hacer a través un maletín con efectivo?»

En La Trama conversamos con el economista Martín Vallcorba, coordinador del Programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para analizar los cambios que plantea el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) propuesta por el gobierno electo.

La llamada Ley de Urgente Consideración modifica, deroga y agrega artículos de la Ley de Inclusión Financiera. Sobre esto Martín Vallcorba dijo que «todos esperábamos que el gobierno entrante introdujera modificaciones porque fue parte de la campaña, del compromiso que firmaron los distintos socios de la coalición multicolor. Lo que sorprendió fue la extensión y el alcance de las modificaciones que están planteadas».

Una de las modificaciones que podían ser previstas es la eliminación de la obligatoriedad en el pago de las remuneraciones. Este planteo se fundamentó en que el cambio daría a los trabajadores «el derecho a elegir». Para Vallcorba, esto trae una serie de complicaciones por la «asimetría que existe entre el trabajador y el empleador» que hace que «no sea sencillo garantizar ese derecho».

Vallcorba afirmó además que «el alcance real del anteproyecto va mucho más allá», porque «no sólo se elimina la obligatoriedad sino que además no se le da el derecho de elegir al trabajador.» La LUC plantea que tiene que ser un acuerdo entre trabajador y empleador». Como este acuerdo se debe dar al comienzo de una relación laboral, «quien termina imponiendo la voluntad sobre cómo pagar es el empleador», por lo que es a este último al que se le da la libertad de «pagar como quiera». El economista agregó que «era un cambio previsible pero con un alcance y un contenido muy diferente al que estaba planteado.»

Por otro lado el anteproyecto de la Ley de Urgente Consideración propone la «eliminación de todas las disposiciones que regulan los pagos de montos elevados», lo que para el economista «fue una sorpresa». Al momento, la Ley de Inclusión Financiera establece que las transacciones cuyo monto supere las 40.000 unidades indexadas (poco más de 4500 USD) no pueden realizarse en efectivo. Esto no quiere decir que «se tenga que hacer por medios electrónicos», ya que al momento «pueden hacerse con cheques o letras de cambio», explicó Vallcorba y reafirmó que esto no quiere decir «que se imponga el uso de medios electrónicos, sino que lo único que se restringe es el uso de efectivo».

La necesidad de restringir el uso de efectivo tiene que ver con «mejorar las herramientas para controlar el lavado de dinero». Vallcorba entiende que eliminar estas disposiciones habilita la compra de un inmueble, por ejemplo, tasado en «un millón de dólares y llevar el dinero en un maletín».

Se trata de «un cambio inesperado que significa un retroceso muy grande en lo que han sido los avances que Uruguay ha tenido en materia de transparencia y mejora de las herramientas para combatir el lavado de dinero».

Honestidad por obligación

Honestidad por obligación

El debate sobre la ley de urgente consideración ya ha comenzado a generar en la sociedad los primeros alineamientos de posiciones, y en esta editorial de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU nos detendremos en uno en particular: el comunicado que firman la Asociación de Escribanos del Uruguay, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay y la Cámara Inmobiliaria Uruguaya.

En él, apoyan el desmantelamiento de la inclusión financiera con argumentos tales como «la reducción del mercado», refiriéndose a la prohibición de pagar en efectivo las operaciones de alto monto.

Lo sorprendente no es la posición que toman. Lo que verdaderamente sorprende es el reconocimiento de que aspiran a recuperar un mercado de negocios que, por su falta de legalidad, no puede superar los controles impuestos por el sistema financiero. Se pretende obviar nada menos que la determinación de la procedencia de los fondos en esas operaciones. Es sorprendente que se haga un llamado para recobrar la posibilidad de concretar negocios sin que rijan límites sobre el capital ilícito.

Como sindicato del sistema financiero, AEBU debe ser claro en expresar su rechazo a estos argumentos utilizados, reafirmar que ningún negocio lícito está vedado actualmente bajo la Ley de Inclusión Financiera, y entender que esta le permitió a Uruguay superar una triste historia basada en su condición de paraíso fiscal y centro regional de lavado de activo. A partir de estas convicciones sostenemos que las exigencias que plantea la Ley de Inclusión Financiera sobre promoción de los negocios y del comercio basados en el manejo de dinero legítimamente generado, son una buena práctica. Una modalidad sobre la cual ningún ciudadano honesto debería ofrecer reparos.

Escuchá el editorial completo aquí:

Editorial

por Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU

Responsablemente libres

Responsablemente libres

El obierno electo ha iniciado el proceso de delinear aspectos fundamentales de su programa de gobierno, algunos de los cuales serán implementados en forma inmediata, a partir de la anunciada ley de urgente consideración.

Como trabajadores del sistema financiero, la primera señal de alerta que debemos plantear en torno al mismo, es el abordaje que dicho proyecto realizará sobre la ley es el de la inclusión financiera.

De las expresiones del Presidente electo, el programa de gobierno, y los anuncios de los responsables de elaboración del mismo, queda claramente anunciado que se propone modificar la Ley a los efectos de eliminar la obligatoriedad de efectuar pagos y realizar transacciones a través del sistema de intermediación financiera.

Nos definimos en contra de esta iniciativa, de dudosa urgencia, porque implica un retroceso, que afectará a trabajadores y consumidores. Un deterioro de las cuentas fiscales, que obligará a ajustes de las cuentas públicas en detrimento de las políticas sociales y la inversión del estado. Y también implicará poner en duda, el prestigio alcanzado por el país y su sistema financiero a nivel internacional.

Rechazamos este proyecto de liberalización, y reclamamos que su análisis sea realizado en un marco serio de debate y análisis en profundidad, es un objetivo trascendente, con el cual deberemos comprometernos desde hoy mismo. Un compromiso que nos exigirá poner en movimiento nuestras mayores capacidades, por el bien del país y su gente.

Escuchá este nuevo editorial de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.

Editorial

por Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU