Presentado finalmente el texto del anteproyecto de ley de urgente consideración, ha quedado en evidencia la concepción ideológica del gobierno electo plasmada en una descarnada y virulenta ofensiva desreguladora, neoliberal y represiva.

Abordar por este mecanismo un conjunto tan diverso como importante de aspectos implica, lisa y llanamente, limitar el debate —en la sociedad y en el sistema político— de contenidos que afectarán directa e inmediatamente a la calidad de vida, las libertades y derechos de la mayoría de la población. Porque ninguna sociedad que se considere democrática aceptaría, sin un debate serio, la implementación de un conjunto de medidas que implican un verdadero retroceso en materia de derechos y libertades.

El gobierno electo considera urgente atender el tema de la seguridad en forma violenta y represiva. Y lo procura con la ampliación del concepto de legítima defensa y su aplicación irrestricta para el personal policial o militar en oportunidad del cumplimiento de su misión. Asimismo lo hizo con el incremento de penas o la obligatoriedad de identificación ante la Policía. Y la mera incorporación del concepto de «apariencia delictiva», sujeto a la subjetividad del policía actuante, implica en sí mismo una práctica discriminatoria basada en el mayor de los prejuicios sociales.

Se trata de un proyecto que impulsa —también en forma urgente— el incremento de la violencia, por la vía de otorgarle a los guardias de seguridad el uso de armas para permitirles el ejercicio de la «legítima defensa», justificada ante situaciones de apariencia delictiva. Y más violencia todavía impulsa la autorización a personal policial retirado para portar armas de fuego y poder hacer arrestos.

A esta formulación represiva se le hace urgente recrear la figura del agente encubierto y el colaborador para la investigación, recurso que, sumado a la posibilidad de privación de libertad sin intervención de la Fiscalía, nos retrotrae al modus operandi desarrollado por los servicios de inteligencia y represivos de la dictadura.

Se considera también urgente avanzar en la desregulación del sistema de pagos. La eliminación de la obligatoriedad de pagar a través de instituciones de intermediación financiera salarios, honorarios profesionales y prestaciones de alimentación, devolverá la posibilidad evasora reclamada por diversos niveles empresariales. Los derechos se someterán a relaciones de poder y la arbitrariedad volverá a ser la tónica de las relaciones laborales.

Para el gobierno entrante es urgente excluir a la sociedad y a sus representantes del debate. Por ello, en materia de seguridad social se crea un grupo de expertos designados por el Poder Ejecutivo para diagnosticar y proyectar la reforma del sistema, por fuera de los ámbitos naturales como son las cajas paraestatales o la representación tripartita que integra sus organismos.

La exclusión llega a su máxima expresión en materia de educación, al desmantelar todos los espacios de participación de los trabajadores docentes en los órganos de conducción específica. Y a la vez se plantea una concentración de poder en la educación, cuando se pretende otorgarle al Ministerio de Educación y Cultura un papel de dirección y control en todos los niveles, llegando a sustituir a la Universidad de la República a la hora de determinar quiénes pueden acceder a revalidar un título universitario.

Resulta urgente avanzar en un proceso de concentración del poder en manos de la cúpula del gobierno. Por ello se inicia una reforma del Estado, que adjudique al Poder Ejecutivo potestades absolutas en la administración central; una reforma tendiente a reorientar las prioridades del gobierno, como en el caso del Mides, en el cual, tras la reformulación funcional llegará la reducción de su capacidad de atender a la población vulnerable.

Urgente es para el gobierno desmantelar las empresas públicas. La desmonopolización de los combustibles en Ancap y la habilitación de los canales de televisión para abonados para ofrecer servicios de Internet hoy en manos de Antel, implican desplazar a las empresas de los uruguayos para imponer la lógica de la libre competencia, y ofrecer su estratégico negocio a los intereses privados.

Y, como corolario, es sumamente urgente generar las condiciones para asegurar la implementación de todos estos cambios. No alcanza con aprobarlos de espaldas a la sociedad. Su ejecución también requiere limitar las organizaciones de la sociedad a la hora de defender sus derechos y los intereses del país. Por ello se hace urgente la represión al movimiento popular, como es la declaración de ilegitimidad de los piquetes, facultar el uso de la fuerza pública para disolverlos y hasta recurrir para ello al auxilio de otros organismos públicos como el Ejército. Y, como complemento, la reclamada limitación de las ocupaciones de trabajo ha sido superada por una ofensiva tendiente a restringir el derecho de huelga.

Hablamos de un proyecto de ley que presenta el descarnado programa neoliberal del gobierno electo. Criminalización del diferente; justificación de la violencia desde el poder; concentración y exclusión social; reducción de derechos; contracción del Estado a favor del mercado, y represión del movimiento social.

Frente a tamaña expresión de implantación regresiva, la única urgencia que tiene el pueblo es organizarse, unirse y construir alternativas. Este es el desafío a asumir como trabajadores.