Reforma previsional debe vincularse con futuro del trabajo

Reforma previsional debe vincularse con futuro del trabajo

Si analizamos el conjunto de nuestra previsión social podemos establecer dos sectores bien definidos: aquellos que reciben una cada vez mayor asistencia del Estado, la Caja Militar y el Banco de Previsión Social (BPS) por un lado, y por otro las tres cajas paraestatales. Fundada en 1925, la Caja Bancaria va camino ya de cumplir 100 años; la Notarial, instituida en 1941 se acerca a los 80, y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios —establecida en 1954— se acerca a los 70. Son instituciones históricamente arraigadas que, con una importante participación de los beneficiarios en su conducción, mantienen su solvencia y sus prestaciones.

Por el contrario, las entidades que necesitan un reequilibrio en su funcionamiento son el BPS, con 700 mil beneficiarios, y la Caja Militar con 60 mil beneficiarios. Ambas recibirán en 2020 una asistencia de alrededor de 700 millones de dólares cada una. Ante estas realidades se produjo una situación bastante particular: el desfinanciamiento de estas dos cajas condujo a la coalición de gobierno a resolver, en la Ley de Urgente Consideración, la constitución de una comisión especial para reformar todo el sistema, incluyendo a los institutos que funcionan con total normalidad. Esta comisión tendrá 180 días para estudiar la situación de la seguridad social y proponer un proyecto de reforma. El deseo expresado por el Gobierno es que en 2021 sea aprobada una reforma total de la seguridad social.

Al comenzar a funcionar el jueves 5 de noviembre la citada comisión especial, la Caja Bancaria presenta un panorama de estabilidad, solvencia y viabilidad de largo plazo. Todos sus cálculos actuariales explican que tiene más de 50 años de viabilidad proyectada, todo lo cual fundamenta que este instituto deba preservarse en su autonomía e independencia.

Este equilibrio económico y financiero y las muy fundadas proyecciones de futuro están basadas en una contribución extraordinaria que realizan tanto los jubilados como los activos y las empresas, que supera a la del régimen general. Este diferencial permite a Caja Bancaria brindar jubilaciones y pensiones comparativamente mejores, basadas en la aportación mayor que los trabajadores del sistema financiero realizan a lo largo de toda la vida laboral.

«Ninguna reforma de la seguridad social puede vulnerar el principio de solidaridad»

«Ninguna reforma de la seguridad social puede vulnerar el principio de solidaridad»

Leonardo Di Doménico

por Camacuá y Reconquista

Este miércoles en Camacuá y Reconquista conversamos con Leonardo Di Doménico, representante de los trabajadores activos en la Caja Bancaria, sobre la realidad de la seguridad social y la reforma integral que se busca impulsar desde el gobierno.

En primer lugar, Di Doménico expresó la «enorme satisfacción» por haber sido reelecto, en terna junto a Ricardo Ravotto y Pablo Andrade, en la lista presentada por AEBU para ocupar el cargo en el Consejo Honorario de la Caja. «El respaldo obtenido del gremio fue realmente admirable. En un acicate, un estímulo para seguir en la línea que seguimos», sostuvo.

Di Doménico destacó también «la muy buena receptividad que está teniendo el gremio» en las asambleas de circunscripción previas a la AND, y en particular en la posición sobre la Caja Bancaria valoró que exista «un planteo de carácter estratégico y un proyecto de resolución único» de todas las agrupaciones.

Respecto a la creación de la Comisión de Expertos para elaborar la reforma de la seguridad social que impulsa el gobierno, Di Doménico lamentó que se haya tomado esa opción por sobre la de un diálogo nacional. «No nos parece que haya sido el mejor camino y aparte entra en contradicción con lo que se le planteó a la ciudadanía en tiempos de campaña», manifestó.

El objetivo del Poder Ejecutivo es generar una reforma «integral» de toda la seguridad social, a lo cual Di Doménico advirtió que «hay que tener cuidado si eso agrega soluciones o agrega problemas», porque hay que tener en cuenta «las particularidades de cada subsistema».

En cuanto a la integración de la Comisión de Expertos, se preguntó «¿por qué no están los mejores expertos, más allá de la filiación partidaria?», y recalcó que AEBU y la Caja Bancaria están «dispuestos a participar» en la discusión.

De todos modos, dejó en claro que «todo lo que tenemos para plantear ya el Poder Ejecutivo lo conoce», ya que la Caja Bancaria realiza «una rendición de cuentas permanente» y «se maneja con un nivel de transparencia y publicación de resultados y proyecciones admirable».

Por último, Di Doménico subrayó la importancia de respetar los principios de la seguridad social, más allá de los modelos técnicos que se apliquen. «Sin principios no hay fórmula de sostenibilidad que sea aceptable», señaló, y especialmente enfatizó en el principio de la solidaridad: «A las figuras más visibles del Poder Ejecutivo no les he escuchado la palabra solidaridad. Ninguna reforma puede suponer vulnerar el principio de solidaridad».

Gustavo Weare cerró su ciclo como presidente de la Caja Bancaria

Gustavo Weare cerró su ciclo como presidente de la Caja Bancaria

Tras cinco años y medio como presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, el compañero Gustavo Weare culminó su ciclo y este jueves, en su despedida, brindó un sentido y emocionado mensaje.

Weare hizo hincapié en el trabajo en equipo realizado durante estos años, sin pregonar individualismos, y dijo irse contento y satisfecho. Además, hizo saber su agradecimiento con su sindicato, AEBU, y con los compañeros que lo han ayudado a formarse.

Las experiencias internacionales de regulación del teletrabajo

Las experiencias internacionales de regulación del teletrabajo

Recibimos a Patricia Plada, integrante de la Comisión Representativa de COPAC, para hablar sobre los distintos marcos regulatorios que existen sobre el teletrabajo. Comparamos las experiencias en España, Brasil y Chile con el proyecto de ley que estudia el Parlamento que ya tiene media sanción.

Patricia Plada destacó algunos acuerdos alcanzados en la regulaciones sobre el teletrabajo. A modo de ejemplo, mencionó que en España la regulación establece un tope de 30% de horas semanales mediante teletrabajo, un horario de desconexión digital (de 19 a 08 horas), un suministro de insumos a los teletrabajadores y una partida para gastos.

Otras de las experiencias que mencionó Plada es la de Chile, cuya regulación establece una limitación a las vías comunicación entre empleador y empleado, excluyendo el WhatsApp.

Por último, Patricia Plada consideró algunos retos fundamentales para pensar el fenómeno del teletrabajo, como evitar la fragmentación del colectivo y la fragmentación social, proteger el ejercicio de la libertad sindical, promover la seguridad y salud en el trabajo, entre otros.

Solo achique

Solo achique

Entre los elementos aprobados en la Ley de Urgente Consideración, se incluyó la creación de una comisión de expertos con el cometido de asesorar al Poder Ejecutivo en la elaboración de un proyecto de reforma de la seguridad social. 

Supeditada a algunas designaciones pendientes, su instalación habilitará un proceso de diagnóstico y propuesta que el Gobierno pretende desarrollar en el menor plazo posible, a fin de contar con un nuevo marco legal a fines de 2021.

La mayoría de los países enfrentan problemas sistémicos en la materia, ya sea por el envejecimiento de sus poblaciones, por la ineficiencia de sus regímenes previsionales o por las escasas condiciones existentes para generar ahorros a lo largo de la vida laboral.

Mientras que en algunos países de América Latina comienzan a cuestionarse los sistemas de capitalización individual y a reinstalarse o fortalecerse los sistemas de reparto o acumulación colectiva, el inicio del debate en Uruguay parece plantear una profundización del régimen actual.

Aunque aún no se cuenta con un diagnóstico del sistema, algunos de los integrantes más destacados de la comisión de expertos ya comenzaron una ofensiva mediática. Con ella pretenden establecer sus conceptos ideológicos y las orientaciones con que aspiran a dirigir los ejes de reforma, a la vez que incluyen algunos aspectos tendenciosos destinados a justificar un nuevo deterioro de los derechos previsionales de los trabajadores.

Los mismos actores que tuvieron un papel fundamental en la elaboración de la última reforma estructural vuelven para impulsar una segunda fase, sin siquiera detenerse a reconocer el fracaso que la primera ha significado. A tal extremo que insisten en una nueva reforma cuando recién se están asumiendo las obligaciones generadas por la anterior, la que objetivamente está muy distante de las soluciones prometidas.

Sin intentar en esta etapa avanzar en profundidad sobre aspectos concretos, consideramos necesario incluir una mirada crítica sobre las primeras señales presentadas por la anunciada reforma. Se argumenta que la solución al problema de la sustentabilidad del sistema se daría mediante una nueva fase de endurecimiento de las exigencias en años trabajados y edad de retiro. A la vez se propone profundizar el pilar del ahorro individual  para las futuras prestaciones.

Por ello resulta imprescindible enfrentar una reforma estructural de este tipo y reclamar que se incluya en su análisis el conjunto de factores que conforman el sistema, y particularmente que todos los sectores involucrados participen en la construcción de un nuevo equilibrio.

No existen hasta el momento, más allá de lo discursivo, señales claras de un serio tratamiento de las sobredemandas sistémicas de asistencia financiera a cargo del Estado y, en particular, de las derivadas de los servicios de retiros militar y policial donde estas se concentran. 

Hasta ahora las señales de reforma solo se limitan al propósito de disminuir a futuro el nivel del gasto público en seguridad social, por el camino de menores prestaciones y recorte de derechos, excluyendo completamente todo análisis sobre los ingresos del sistema.

Por ello resulta cuestionable que desde el inicio del debate ya se proponga una reducción del monto de la jubilación inicial, a partir del ajuste de los parámetros más relevantes, como la rebaja de la tasa de reemplazo y la ampliación de los años de servicio para su cálculo. 

Una reforma que busque seriamente asumir el desafío de preservar las condiciones de vida de su gente deberá incluir como primer punto en consideración el componente de los ingresos del sistema, para luego abordar con equilibrio la estructura de egresos.

En este sentido, en forma previa a discutir la rebaja de las prestaciones, corresponde plantearse el cómputo sistémico de los aportes personales y patronales por la totalidad de los ingresos salariales, abandonando los topes de aportación que sólo benefician a los salarios más altos. Más allá de su positivo impacto financiero, esta definición permitirá generar una contribución equitativa. 

Asimismo, cabe cuestionarse si los actuales niveles de aportes patronales en el sector privado deben quedar por fuera de la discusión destinada a dar equilibrio al sistema. Si bien ellos pueden ser onerosos para los sectores productivos más débiles, su incidencia en la productividad y los ingresos de los sectores más dinámicos resulta pequeña. Una diferenciación sectorial o por niveles de ingresos brutos puede llegar a ser parte de la revisión del sistema. 

El país se debe una reflexión más amplia sobre el factor ingresos, que incluya también la posibilidad de avanzar en forma tendencial hacia la desgravación del trabajo y al desarrollo de fuentes de ingresos asociados a la productividad o el desempeño económico de las empresas. De esta forma se potenciaría la generación de empleo al tiempo que se estabilizaría el sistema general frente a las tendencias de cambios en el mercado de trabajo. 

Si observamos cómo los avances tecnológicos van generando mayores niveles de productividad y rentabilidad sin que ello impacte favorablemente en el empleo, deberíamos plantearnos claramente asociar el ingreso de la seguridad social a la riqueza generada por el trabajo, más que a los salarios o la cantidad de trabajadores.

El establecimiento de fuentes de recursos independientes de las contribuciones salariales, también permitiría priorizar la protección social a través de prestaciones de carácter universal en la etapa de retiro, con independencia de las capacidades contributivas de los beneficiarios.

Pero la orientación de los asesores elegidos por el Gobierno no solo busca deteriorar la suficiencia de las prestaciones, sino que también promueve el incremento de la incertidumbre. Una incertidumbre basada en la profundización de los componentes del ahorro individual, ya se haga esto por la expansión del mercado de las AFAP como a partir de la generación de nuevos instrumentos de capitalización individual.

La experiencia de estos años solo ha favorecido a las administradoras de fondos, que se han asegurado sus ingresos mediante comisiones y trasladado a las compañías de seguros el riesgo de las prestaciones. Un riesgo asumido en exclusividad por el Banco de Seguros del Estado, hecho que confirma la debilidad del sistema generado. 

Para encarar seriamente la reforma debería retomarse en la discusión el fortalecimiento de un sistema solidario de reparto. Este podría potenciarse con mecanismos complementarios de capitalización colectiva en fondos públicamente administrados que generen beneficios definidos.

Seguramente, en los próximos meses participaremos en un debate profundo en materia de seguridad social, y dependerá de los actores sociales y la población en general asumirlo, evitando la lógica de reducción antes aludida.

De lo contrario, la política del achique solo tendrá un resultado determinante para la inmensa mayoría de la población: trabajar hasta la vejez y morir en la miseria.