El 13 de agosto de 2002  AEBU convocó a una asamblea de ahorristas en el salón Azul de Intendencia de Montevideo y se puso al frente de una situación que había escapado del control del gobierno. Logró que los ahorristas, con parte de sus depósitos, aceptaran capitalizar a cuatro bancos privados nacionales en riesgo de quiebra y reprogramar el resto a un año y medio. El liderazgo de AEBU en esta situación límite y la adhesión de los ahorristas inclinó al gobierno a aceptar la propuesta del sindicato. Se evitó así la liquidación de los bancos, y con ella la mayor destrucción de la riqueza que el país hubiera sufrido en casi dos siglos de vida. 

Al encuentro concurrieron más de 2.000 ahorristas de los cuatro bancos suspendidos –Montevideo, Caja Obrera, Comercial y de Crédito– AEBU fundamentó su decisión de limitar la devolución de depósitos a la vista en que la decisión oficial constituye una clara señal de que el gobierno ya tenía decidido, aunque en forma encubierta, cerrar las cuatro instituciones. 

Al fin del encuentro, gran parte de los clientes de los bancos suspendidos firmaron dos documentos –redactados por AEBU– en los cuales expresan su rechazo a la liquidación de los bancos y su disposición a reprogramar voluntariamente sus depósitos, si las instituciones siguen abiertas. AEBU y los clientes de los bancos suspendidos coincidieron en que el gobierno ya tiene decidido liquidar los bancos y por eso lanzaron un llamado al gobierno y a todos los partidos políticos para que “asuman su responsabilidad” y encuentren una solución que evite el cierre de las instituciones. 

Los oradores por parte de AEBU fueron, el presidente a la fecha, Eduardo Fernández y el titular del sector banca privada Juan José Ramos, los que hicieron hincapié en que la liquidación de los bancos suspendidos es igual a “la liquidación del país” porque de ellos depende el funcionamiento de unas 33 mil empresas, incluidas mutualistas y comedores públicos. Además afirmaron que una eventual liquidación de los bancos no hará más que perjudicar a los ahorristas, además de ocasionar la pérdida de 2.500 puestos de trabajo para los bancarios.