El debate sobre la ley de urgente consideración ya ha comenzado a generar en la sociedad los primeros alineamientos de posiciones, y en esta editorial de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU nos detendremos en uno en particular: el comunicado que firman la Asociación de Escribanos del Uruguay, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay y la Cámara Inmobiliaria Uruguaya.

En él, apoyan el desmantelamiento de la inclusión financiera con argumentos tales como «la reducción del mercado», refiriéndose a la prohibición de pagar en efectivo las operaciones de alto monto.

Lo sorprendente no es la posición que toman. Lo que verdaderamente sorprende es el reconocimiento de que aspiran a recuperar un mercado de negocios que, por su falta de legalidad, no puede superar los controles impuestos por el sistema financiero. Se pretende obviar nada menos que la determinación de la procedencia de los fondos en esas operaciones. Es sorprendente que se haga un llamado para recobrar la posibilidad de concretar negocios sin que rijan límites sobre el capital ilícito.

Como sindicato del sistema financiero, AEBU debe ser claro en expresar su rechazo a estos argumentos utilizados, reafirmar que ningún negocio lícito está vedado actualmente bajo la Ley de Inclusión Financiera, y entender que esta le permitió a Uruguay superar una triste historia basada en su condición de paraíso fiscal y centro regional de lavado de activo. A partir de estas convicciones sostenemos que las exigencias que plantea la Ley de Inclusión Financiera sobre promoción de los negocios y del comercio basados en el manejo de dinero legítimamente generado, son una buena práctica. Una modalidad sobre la cual ningún ciudadano honesto debería ofrecer reparos.

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