La esencia democrática de un país se pone de manifiesto cuando, en un marco de tolerancia y respeto, asume sus diferencias, manifestaciones y expresiones. Es así que, colectivamente, integra y nutre su diversidad.

Desde esa perspectiva, la Marcha por la Diversidad que se realiza desde principios de los años 90 implica —como afirma su Coordinadora— «un elogio a la libertad, a las diferencias, a la multiplicidad, una visibilización festiva de una sociedad variada en clave de alegría y de respeto».

Y también es un ícono de la lucha contra todo tipo de discriminación, que afronta el inmenso desafío de propiciar un cambio cultural en el conjunto de la sociedad, en el cual los avances en materia de derechos sean entendidos y compartidos por toda la población.

Esta marcha llega en un momento muy especial del país, cuando asistimos al resurgimiento de un discurso conservador con mensajes llenos de prejuicios y discriminación. Ellos cuestionan la agenda de derechos impulsada por el movimiento social, y alientan el resurgimiento de un clima de odio en diversos sectores de la sociedad.

Las agendas de derechos —que incorporaron el concepto de inclusión social a las políticas públicas y propiciaron el enfrentamiento a toda forma de discriminación— hoy están siendo cuestionadas. Ello es debido tanto a la incomprensión de su valor para la evolución de la sociedad, como por la acción decidida del poder hegemónico que busca desterrarla para mantener el status quo.

Estamos en un tiempo en el que al retroceso del mensaje cultural se le suman decisiones de Gobierno, destinadas a desmantelar los programas que igualaban los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad o pobreza. Se imponen restricciones presupuestales a la aplicación de leyes que fueron impulsadas por los colectivos sociales. Se posterga el control y la ejecución de las políticas públicas que, aun contando con un marco legal, otorgan derechos que el Estado debe preservar más allá de la condición de cada individuo.

Son tiempos de juntar fuerzas para defender derechos conquistados y de enfrentar su desarticulación o invalidación por parte del Estado. Pero también es un tiempo para seguir construyendo a partir de un debate cultural profundo con toda la sociedad, dirigido a erradicar toda forma de discriminación.

Muy especialmente se trata de sensibilizar y denunciar que esta situación se agrava en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Los discapacitados de un barrio periférico, las personas LGTBI de un pueblo pequeño del interior del país, quienes duermen en la calle, las personas trans que habitan en un asentamiento sufren el impacto más profundo e hiriente de la discriminación. Por ello es imperiosa en esos lugares y circunstancias la intervención del Estado para proteger, preservar derechos y equiparar oportunidades.

Esta Marcha de la Diversidad es una instancia de celebración, pero también de lucha. Especialmente esto último, porque no se ha presentado hasta el momento ninguna orientación política en materia de diversidad sexual. Con ello no solo queda demostrando claramente que este no es un punto prioritario en la agenda de gobierno, sino que también muchos avances recientes corren el riesgo de ser menoscabados. Apoyada en una supuesta tendencia «provida», la coalición de gobierno retoma los cuestionamientos al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Este impulso regresivo se evidencia en la falta de recursos dispuestos en el Presupuesto para aplicar la Ley de Violencia de Género, o en la lenta implementación de algunas disposiciones de la Ley Integral para Personas Trans. También, como herramientas de una desarticulación de conquistas, se suman las restricciones presupuestales que afectan áreas particularmente sensibles para la atención de la discapacidad, la inclusión y la igualdad en los ámbitos de la educación y la salud públicas.

Nuestra lucha contra todos estos retrocesos deberá también sumar el rechazo a los avances represivos que implica la LUC sobre las libertades de expresión, manifestación y protesta. Deberemos además reclamar por la falta de políticas públicas de atención a las urgencias de los sectores más vulnerables, denunciar que la violencia doméstica acrecentada durante la pandemia no es un mero daño colateral, y decir basta a la explotación de niñas y adolescentes y la desaparición de jóvenes y mujeres.

Reconociendo los avances alcanzados, hoy reafirmamos nuestra decisión de defenderlos y profundizarlos. Y nada mejor para hacerlo que seguir avanzando en la construcción de una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, que son las bases sobre las que se construye la ciudadanía. Porque toda expresión de discriminación crea una limitante para nuestra integración social y condiciona nuestro carácter de ciudadanos. Tanto sea por la marginación provocada, por la limitación del acceso a condiciones de vida apropiadas o por la exclusión y postergación en cualquiera de los ámbitos de la vida.

La del viernes 25 es una marcha que, desde la diversidad de las organizaciones que la convocan, aporta una visión amplia de los desafíos que debemos enfrentar como sociedad. En esa medida promueve avances en el debate público y tiende a alcanzar consensos en la sociedad sobre la pertinencia de desterrar toda forma de discriminación y sus consecuencias.

Es también una jornada dirigida a impulsar un proceso de empoderamiento de los miembros de la sociedad en una lucha organizada, consciente y decidida por la conquista de derechos y mejores condiciones de vida.

Una convocatoria a reconocernos en toda nuestra diversidad física, sexual, étnica, cultural y social para, desde esa perspectiva, complementarnos en la tarea de construir una sociedad fraterna, justa y solidaria. Un abrazo en nuestra diversidad que, tiñendo las calles de colores, le recuerda al mundo que del odio y la violencia solo se construyen el miedo, el rechazo y la ignorancia.

Porque lo que nos llena de orgullo es luchar.