Tal como se había anunciado, la solicitud de desafuero del senador y ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos fue desestimada por el Senado.
En la extensa sesión del miércoles fueron emitidos numerosos argumentos en contra del desafuero, todos ellos basados en una supuesta ausencia de pruebas para que la Cámara Alta tomara tal decisión.
La mayoría del cuerpo quitó relevancia al hecho de que Manini Ríos dejó transcurrir 310 días sin informar al Poder Ejecutivo sobre las declaraciones de Gavazzo. A sabiendas de que un muerto no lo podía desmentir, Manini aseguró a la Justicia que sí las había transmitido por dos veces al ministro Jorge Menéndez, de forma verbal, en reuniones mano a mano, sin testigos. Pero —como lo recordó el senador José Bayardi en la sesión del Senado ayer mismo— en el semanario Búsqueda del 4 abril de 2019 (siete días antes del fallecimiento de Menéndez) había reconocido su demora en informar.
Esta simple constatación de una gruesa mentira debiera haber inclinado al cuerpo a reconocer la procedencia del levantamiento de los fueros. Sin embargo ello no sucedió y nos encontramos entonces ante una situación que solamente puede explicarse por el predominio de la política por sobre la Justicia.
La flaqueza de argumentos de los legisladores opuestos al desafuero resulta evidente. La nacionalista Carmen Asiaín entregó una frase que quedará para la memoria: «La consecuencia del desafuero es gravísima. Le estamos enmendando la plana a la ciudadanía. El senador Manini fue electo por el pueblo». No tuvo en cuenta la legisladora que todos los casos de desafuero tienen como sujetos a personas ‘electas por el pueblo’ y que el de Manini no tiene nada de especial en ese aspecto.
Por el mismo camino transitó el expresidente Julio Sanguinetti, quien manifestó «dudas» sobre este caso. ‘En la duda abstente’, afirma el viejo dicho, pero el senador no se abstuvo de votar en contra del pedido del fiscal Morosoli. Y con una justificación cuantitativa señaló que levantarle los fueros a un senador que obtuvo el 10 % de los votos sería tener un Parlamento “menos democrático”. En ningún caso se tuvo en cuenta que solamente se votaba una suspensión y no una pérdida de los fueros, y que el legislador, de ser absuelto, volvería al Senado.
Editorial Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU
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