Falleció Eduardo Platero: «Es un día muy triste para el movimiento sindical», dijo Pereira

Falleció Eduardo Platero: «Es un día muy triste para el movimiento sindical», dijo Pereira

Eduardo Platero falleció este lunes a sus 81 años. Platero fue un histórico dirigente sindical, presidió ADEOM y fue fundador de la CNT; además de profesor de Historia y columnista en varios medios de prensa. En la dictadura estuvo preso entre los años 1976 y 1983.

Fernando Pereira, presidente del PIT CNT, dijo que «para quienes formaron parte de la CNT y del PIT CNT, para quienes tuvimos la suerte y la horna de militar con Platero, que además de ser un gran dirigente sindical era un gran tipo, sencillo, humilde, y con una cantidad de conocimientos increíbles y con la capacidad de querer compartirlos, de querer que sea patrimonio del movimiento sindical«.

«Si nos preguntaran rápidamente a los que tenemos algunos años nos surgen los nombres de Platero, Iguiní, Bouzas, D’Elía, Turiasnky y tantos otros, porque son referencias elementales, gente con muy fuerte arraigo democrático, fuertes convicciones en defensa de la igualdad, de la justicia social, de una sociedad más justa, un mundo diferente, por eso se los extraña de esta manera, no sólo dejan una huella, dejan 60 años de huella transitando por la vida y la sensibilidad de este hemisferio»

Pereira no podrá acompañar presencialmente la despedida de Platero por estar cursando un cuadro de Covid 19, en cuarentena en su hogar.

Las noticias del 31 de mayo en un minuto

Las noticias del 31 de mayo en un minuto

Las noticias seleccionadas más importantes del INFOAEBU, resumidas en un minuto, para que no te pierdas la información de cada día. 

Este lunes 31 de mayo:

  • Trasferencias instantáneas serán sin costo para cuentas sueldo del BROU.
  • El movimiento sindical lamenta el fallecimiento de dos dirigentes de gran trayectoria: Eduardo Platero, fundador de la CNT, y Graciela Espinosa, fundadora del Sindicato de Trabajadoras Domésticas.
  • 40 trabajadores de Pueblo Belén sufrirán las consecuencias del achique de Alur.
Colombia: se lanzó plataforma para investigar desapariciones por parte de la Policía

Colombia: se lanzó plataforma para investigar desapariciones por parte de la Policía

Colombia lleva más de un mes de protestas. El descontento social estalló a raíz de una reforma tributaria del presidente Iván Duque, que pretendía subir los impuestos a las mayorías en plena pandemia. Las protestas se caracterizan por su masividad, por su espontaneidad, y por no estar convocadas por un partido u organización en particular. Si bien la reforma tributaria fue retirada por el presidente al cuarto día de protestas, no hay dudas de que el descontento tiene un trasfondo más profundo y generalizado.

Pero para hablar del contexto actual en Colombia es necesario hablar de la represión y el uso de la fuerza por parte del Estado que está dejando miles de víctimas de todo tipo. Para tener una referencia, podríamos nombrar por ejemplo la represión que fue muy condenada local e internacionalmente en las protestas en Chile durante el estallido social entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Son casi 40 muertos, entre los miles de heridos, por responsabilidad de carabineros. En Colombia, a apenas un mes, los muertos ascienden a 43; son miles los heridos y quienes han sido detenidos de forma arbitraria, 46 son las víctimas de agresiones oculares y 27 las agresiones sexuales y de violencia basada en género. 

Estos datos surgen del último informe de Temblores de Colombia, una organización surgida en 2016, tras la firma del Acuerdo de Paz, entre el Estado colombiano y las FARC, con el objetivo de hacer un seguimiento al ejercicio abusivo de la fuerza policial pero también “acompañar procesos” colectivos locales de poblaciones habitualmente “marginadas por el Estado como pueden ser los usuarios de drogas, las trabajadoras sexuales, los jóvenes en general”. Así lo explicó Camilo Mendoza, investigador del Observatorio de Violencia Policial de Temblores.

En este momento, en la coyuntura del Paro Nacional, según explicó Mendoza, la labor de Temblores está enfocada en dos aspectos, que se complementan. Por un lado, “el registro y la verificación de casos de violencia y abuso policial” a través de la plataforma Grita, donde se recolecta la información que posteriormente pasa por un proceso de verificación; y por otro lado, se brinda acompañamiento jurídico a través de la clínica Policarpa, llevada adelante por la organización. Mendoza dijo que “constantemente” están recibiendo denuncias sobre el accionar “por parte de la policía y otras unidades de la fuerza pública”

Un dato muy llamativo del accionar de las fuerzas del Estado colombiano en este contexto de protestas son las desapariciones. Personas que fueron vistas por última vez siendo detenidas por la policía, cuyas desapariciones son denunciadas por los allegados en organizaciones debido a que el Estado no acusa recibo. Por un lado la Fiscalía colombiana anunció que las autoridades buscan a “129 personas que fueron reportadas como desaparecidas durante las protestas de las últimas semanas”. Por su parte, la ONG Indepaz, maneja un listado de nombres de “346 personas que han sido resportadas” sólo a esa organización. Sin embargo, Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller de Colombia, afirmó ante la Oficina de Asuntos Latinoamericanos en Washington, EEUU (WOLA por su sigla en inglés) que en el país sólo había un reporte de una persona desaparecida en las protestas de este año, según consignó DW

Estas señales por parte del gobierno llevan a las organizaciones especializadas en Derechos Humanos a redoblar sus esfuerzos por dar cuenta de lo que está sucediendo. Este viernes fue lanzada la plataforma Bida por parte de la ONG Temblores para “registrar y realizar un seguimiento a todas esas denuncias por desaparición”, según explicó Mendoza a Radio Camacuá.

Mendoza explicó que “la recolección de la información sobre los casos de desapariciones es muy complicada” y “muy difícil de verificar”. Por eso lanzaron esta plataforma, porque han “recibido muchas denuncias de personas que fueron vistas por última vez en manos de la fuerza pública, en custodia del Estado”, que esperan “que aparezca viva y que garanticen sus derechos en todo momento. Sí hemos visto en general las violaciones a los DDHH por parte de la fuerza pública están articuladas en prácticas sistemáticas y estructurales del mismo funcionamiento”. Por ello también desde Temblores “se reclama hace años una reforma estructural de la Policía Nacional”. La organización reclama, entre otras cosas, que la Policía salga de la órbita del Ministerio de Defensa, donde se encuentra actualmente y formación en DDHH para los funcionarios policiales.

Otro problema que señalan desde la organización tiene que ver con “la estigmatización a la protesta social por parte del Estado y por parte de los medios de comunicación  tradicionales” que “termina legitimando ese accionar violento de la fuerza pública hacia quienes ejercen su derecho legítimo a la protesta”. Mendoza afirma que “existe una narrativa y un discurso oficial que tilda a las personas que se manifiestan de ‘vándalos’ o de ‘terroristas’ y se ha visto que eso legitima de alguna forma la violencia policial”.

Pero para el gobierno de Iván Duque esto no parece una preocupación. Por el contrario, en 2020, en pleno auge de contagios por Covid 19, la policía anunció que había comprado unas tanquetas y, según cuenta Mendoza, han visto que “hay una innovación en el armamento, han adquirido un armamento que se llama Venom, que permite lanzar proyectiles de aturdidoras o de gases lacrimógenos de una forma muy repetida; organizaciones como Human Right Watch han dicho que ese tipo de armamento nunca se había visto en América Latina para controlar protestas y movilizaciones sociales”. Si bien lo anuncian como un armamento de “letalidad reducida”, según Mendoza “generó un gran rechazo porque fue una compra en un momento en el que el gobierno decía que no tenía recursos para atender la crisis social derivada de la pandemia, pero sí había recursos para reprimir las protestas”

La ciudad de Cali es el lugar donde se registra el mayor número de denuncias de abuso policial. Desde allí se ha denunciado que al caer la noche barrios enteros quedan sin servicios de luz, alumbrado público o internet. Consultado al respecto, Mendoza entiende que “es una información que se debe verificar”, que se “exige que el Estado esclarezca lo que está pasando en ese sentido, porque gran parte de las denuncias las recibimos a través de redes sociales, denuncias ciudadanas, que requieren de esos servicios para poder hacer y el hecho de que de que exista la simple denuncia de que la gente no está pudiendo hacer eso es preocupante y es alarmante, porque además de estarse vulnerando los DDHH en las calles, el simple hecho de que tampoco se puedan denunciar esas violaciones es aun más grave y es muy preocupante para nosotros”.

Con respecto al futuro, Mendoza nos explica que la situación “es muy compleja” porque hay “muchos sectores y muchas exigencias en juego” y si bien en un inicio la protesta estaba centrada en el rechazo a la reforma tributaria propuesta por el gobierno, “lo que realmente pasa es que el paro recoge un montón de descontentos y exigencias de un montón de sectores sociales que están cansados de este mal gobierno y de la falta de garantías para la vida por parte del Estado a través de diferentes políticas, que uno podría llamar políticas de la muerte”. Esas exigencias giran entorno por ejemplo a “la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC, el posicionamiento en contra del asesinato de líderes sociales, ambientales, defensores de DDHH por parte de fuerzas oscuras, grupos armados en los territorios” entre otros asuntos, como “el de los cultivos ilegales con glifosato, que están trayendo muchísimos problemas sociales y de salud” en algunas localidades o experimentaciones con fracking. “Uno podría agrupar estos reclamos en la defensa de la vida y de las garantías de los derechos de la gente (…) Para la mayoría de las personas aquí en Colombia el Covid no es el principal de sus problemas, sino la falta de empleo, de oportunidades, de acceso a salud y vivienda dignas, un montón de problemáticas sociales, la gente ya está cansada de tantos años de abuso y de indiferencia del Estado”.

No hay garantías para negociar.

Sin acuerdo concluyó este fin de semana una nueva instancia de negociación entre el gobierno de Iván Duque y el Comité Nacional por el Paro, que nuclea a varias organizaciones que están movilizadas. El gobierno pone como condición que se levanten las protestas mientras que las organizaciones reclaman garantías para la libertad de expresión y respeto a las movilizaciones.

Este viernes Duque dispuso “el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional” en Cali, epicentro de las protestas y en todo el Valle del Cauca, departamento donde está esa ciudad, como respuesta a las manifestaciones.

En un comunicado del día de ayer, domingo, el Comité Nacional por el Paro anunció que las movilizaciones continuarán y denunciaron que el gobierno “bloquea la negociación” con “militarización y violencia”.