En La Trama continuamos conversando con referentes de diferentes sectores de la sociedad uruguaya para comprender la importancia de abrir el debate con un referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. En esta oportunidad conversamos con el arquitecto Salvador Schelotto, ex decano de la Facultad de Arquitectura y ex Director Nacional de Vivienda.
Schelotto afirmó que en primer lugar, la LUC «es altamente cuestionable la iniciativa del Poder Ejecutivo que incluyó en una suerte de ‘ley ómnibus’ o ‘ley ferrocarril’ no menos de veinte leyes distintas», que tuvo «una redacción que fue cambiando casi día a día, semana a semana, porque la técnica de escritura de los artículos era tan rudimentario, fue tan apresurada que tenía problemas formales, con problemas de comprensión que demandó un trámite parlamentario absurdo, acelerado para una cantidad de materias que son altamente sensibles para la población».
En materia de Educación, el ex decano de Facultad de Arquitectura de la Udelar, dijo que «se introducen cambios muy radicales en la gobernanza», que son «regresivos» y con «criterio supuestamente gerencial, de direcciones unipersonales, donde se suprime la riquísima historia de los consejos de los diferentes niveles de la Educación Pública». Además, afirmó, «hasta erosionar simbólicamente la idea de un Sistema de Educación Pública».
También se refirió otros aspectos que modifica la LUC. Se trata de «una ley que atentó contra alguno de los centros fundamentales de la Inclusión Financiera y que pone en riesgo, no solamente las relaciones trabajador-empleador, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las remuneraciones y la posibilidad de que los empleadores esquiven alguna de sus obligaciones, no pagando a través del sistema bancario los salarios; sino también en lo que tiene que ver con las transacciones». Para Schelotto, «esto puede comprometer la posibilidad del país en todo lo que tiene que ver con el problema del lavado de activos, que había ganado en los últimos años un prestigio importante en cuanto al control de operaciones financieras dudosas, al admitirse justamente transacciones por altos montos sin pasar por el sistema bancario».
«Se apuesta a una «libertad» que sólo beneficia a intereses que pueden ser sumamente oscuros»
Schelotto ser refirió también al capítulo que refiere a los procedimientos policiales, «que van en una dirección exclusivamente punitivista de la mirada de la seguridad pública que no ayuda al policía. Como estamos viendo, interpretaciones sobre dimensionadas y sobre actuadas, en la implicancia de un desacato , por ejemplo, en testimonios recientes, que ponen en riesgo a la población y a aquellos sectores más vulnerables, los jóvenes, los sectores de bajos ingresos, frente a políticas de seguridad que en realidad no miran los aspectos de calidad, sino que fundamentalmente se centra en los aspectos represivos».
Finalmente, sobre lo que refiere a las políticas de vivienda, Schelotto dijo que «encara todo un sistema de arrendamientos paralelo al sistema vigente que en realidad lo que hace es consagrar legalmente la precariedad en las relaciones arrendador-arrendatario»: Ya que «al no requerir una garantía, que muchas veces es un problema para la gente, esto es un anzuelo sumamente engañoso porque por otro lado la posición del inquilino queda sumamente desprotegida y en una condición de inseguridad muy grande frente a incluso, situaciones de buen pagador, puede ser desalojado».
«Se recoge lo pero del sistema informal y se da un revestimiento legal. Por supuesto que hay otras políticas que podrían solucionar esa necesidad, que son mucho más efectivas y que se han venido aplicando por ejemplo, con la política nacional de alquileres a través de las garantías que otorga el sector público. Esos son algunos de los ejemplos, entre tantos, que creo que justifican ampliamente que se recurra esta ley, que sobre todo se obligue a quienes la impulsaron a hacer una defensa pública cosa que han venido esquivando hasta el momento»
FOTO: Juan Milans para Semanario Brecha.
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