La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aprobó el pasado 6 de julio un impuesto mínimo global para las empresas multinacionales del 15%. El acuerdo se produce luego del cambio de orientación política de EEUU, con Joe Biden en la presidencia, que había manifestado su cambio de postura en abril de este año.
Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, planteó la necesidad de ir hacia la implementación de un impuesto mínimo sobre la renta corporativa global en abril, luego de 30 años de exoneraciones a este tipo de empresas. La propuesta, para Yellen implica “asegurarse de que los gobiernos tengan sistemas fiscales estables que generen ingresos suficientes para invertir en bienes públicos esenciales”, en un contexto particular donde los Estados están haciendo frente a la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de Covid 19.
El acuerdo alcanzado por la OCDE implica reformar el sistema fiscal internacional e incluye este impuesto mínimo global del 15%, por el que se calcula que los Estados pasarían a cobrar 126.400 millones generados por este impuesto. El organismo a aprobado plazos históricamente cortos, por lo que, negociaciones mediante, quedaría efectivo en 2023.
En La Trama conversamos con el economista Aníbal Peluffo, de la Comisión Técnica Asesora de AEBU sobre qué implica para empresas y Estados esta resolución, en especial en América Latina; y por qué el simple hecho de que esta discusión se presente configura un contexto histórico singular para repensar la distribución de la riqueza global.
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