¿Qué es la economía social y solidaria? ¿Por qué apostar a un modelo que tenga en cuenta no solamente a las personas involucradas en los procesos sino también a sus comunidades y su impacto en el ambiente? ¿Cuál es su desarrollo en el mundo? ¿De qué manera existe y convive con el modelo capitalista en nuestro país? Con estas interrogantes empezamos una conversación con diferentes actores vinculados a esta temática con el objetivo de pensar en colectivo sobre otras posibilidades de las que nos ofrecen los medios masivos de comunicación en Uruguay. En este caso, compartimos la conversación que mantuvimos con  Gustavo Bernini, ex director del Instituto Nacional del Cooperativismo (INACOOP), para acercarnos a la temática e indagar sobre el recorrido institucional que ha tenido esta modalidad en Uruguay.

La economía social y solidaria es “una economía diferente a la dominante, que es la capitalista, es alternativa al modelo hegemónico”. Lo que “mueve a la economía capitalista es el lucro, la rentabilidad, la producción” y para alcanzar el lucro “tiene distintos factores o variables” a las que acude para optimizar el objetivo principal de la rentabilidad. En este esquema,  “los trabajadores se ven como una variable más, si puedo pagar lo menos posible es mejor, porque en la ecuación, la rentabilidad es mayor, sin importar las consecuencias que pueda traer”. En definitiva, el impacto que genera modificar esas variables, como trabajadores, consecuencias sociales o ambientales, no son tenidos en cuenta.

La economía social o solidaria “es una alternativa que nace precisamente 180° diferente a lo que es la economía capitalista tradicional; el centro no es el lucro o la rentabilidad sino que es el ser humano en sociedad”. Esto trae también otro concepto de desarrollo, mientras en la economía capitalista tradicional el desarrollo puede estar medido por “mayor productividad, mayor rentabilidad, mayor mercado, etc, para la economía social y solidaria el objetivo principal es el desarrollo del ser humano en comunidad, compartiendo en forma amigable con el ambiente” y donde “uno de sus objetivos principales es la solidaridad, la ayuda mutua, donde no debe existir la explotación de unos sobre otros”.

En Uruguay “hubo un proceso, durante todo el siglo XX, de las distintas modalidades, como las cooperativas de vivienda, que fueron creadas por la ley del año 1969, la Ley Nacional de Vivienda”. Antes de eso, en las décadas del 40 y del 50 hubo “un esplendor de las cooperativas de consumo, como la bancaria, la magisterial, etc”. Por momentos esta forma de organización económica avanzó y por momentos se enlenteció. “En 2005, con el cambio de gobierno” la economía social y solidaria “tenía un capítulo específico desarrollado “en el programa de gobierno donde se establecía que “dentro del planteo estratégico a desarrollar por parte del gobierno frenteamplista, la economía social y particularmente el cooperativismo tenía que tener un rol protagónico”. En ese momento, se crea en el Parlamento “una Comisión Especial de cooperativismo, con fines legislativos, en la Cámara de Diputados”. En 2008, “con una muy buena y gran y abierta participación de las cooperativas, las federaciones, la CUDECOOP, los distintos partidos políticos, se llega a un acuerdo para una ley de más de 200 artículos” que sería la Ley General de Cooperativas, número 18.407, “que regula toda actividad del cooperativismo y los modos cooperativos, ya sea en cómo se hace una cooperativa, cómo se registra, cómo se controla, cómo se fomenta y desarrolla, qué tipo de tributos debe pagar, etc”.

Otro aspecto clave de esta ley fue la creación de un instituto especializado “para llevar adelante políticas públicas que fomenten y desarrollen el cooperativismo”. A su vez, “le encomendó a este instituto que desarrollara una nueva ley en el futuro que regulara toda la economía social y solidaria, no sólo al cooperativismo”. En 2009 se instala el INACOOP. Entre 2008 y 2020 se pasó de 1200 cooperativas a 5000. Se crearon fondos de incentivo para este sector, acuerdos para la capacitación de cooperativistas, entre otras cosas.

Sobre fines de 2019 se aprobó la Ley de Economía Social y Solidaria que “es una ley que, al igual que la de cooperativismo, extiende las políticas públicas de fomento, de contralor, etc., también al sector de la economía social que no tenga que ver precisamente con el cooperativismo”.

Sin embargo, “hoy ya no existen estas mismas políticas, desde nuestro punto de vista, ya se han visto resentidas políticas que se llevaban adelante, como por ejemplo, la asistencia técnica y formación profesional en conjunto con INEFOP, han bajado muchísimo los recursos para estas actividades”. Esto indica que “el contexto político puede ser favorable o desfavorable para el desarrollo de lo que pueda ser la economía social y solidaria”.

Otro aspecto a recalcar de la economía social y solidaria es que está ligada al trabajo local y al impacto que genera a nivel del mercado interno. Bernini dice que “una cooperativa está arraigada al lugar, si le va bien, le va bien a la comunidad y si le va mal, obviamente si le va mal a la comunidad, le va mal, porque sus raíces están con la gente, no tiene forma de irse, derrama todo en esa locación donde se desarrolla”. Muchas veces el “discurso hegemónico” se posiciona de manera “injusta” con respecto a estas empresas, “no se mide con la misma vara que al resto”.