En el marco de la Rendición de Cuentas que se está discutiendo en el Parlamento, el Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS presentó un documento ante la Cámara de Diputados, con una serie de propuestas con el objetivo de fortalecer la seguridad social en Uruguay. Conversamos con Ramón Ruiz, integrante del directorio del BPS en representación de los trabajadores. 

«El déficit no se ajusta a la realidad»

Ruiz señaló que el gobierno actual, a través de la Ley de Urgente Consideración (LUC), creó una comisión de expertos para «analizar, diagnosticar el régimen jubilatorio en el Uruguay y elaborar una recomendaciones, propuestas, que apunten a una posible reforma de la seguridad social”; pero “lo que más pesó” fue el discurso planteado de que “la seguridad social debe ser sustentable en el tiempo, lo que más está pensando es la situación económica y financiera del sistema, principalmente con respecto a una aspecto de las seguridad social que tiene que ver con el régimen jubilatorio”. Lo que señala específicamente la preocupación en “el nivel que hay de asistencia financiera en cada una de las instituciones que intervienen en este sistema, por ejemplo, BPS, Caja Militar, Caja Policial, cajas paraestatales, donde en cada uno de los sistemas hay particularidades, la realidad es distinta, pero la preocupación está en el déficit de la seguridad social, en particular y con mucha insistencia, el BPS”. Para Ruiz, dar esa discusión implica necesariamente “transparentar los números”, porque cuando se habla “en prensa y en redes sociales” lo que se toma en cuenta es “los ingresos en relación a los egresos y como hay un defasaje cuando se mira solamente eso se dice que el BPS necesita una asistencia financiera de aproximadamente 600 millones de dólares, pero lo que no se dice es que dentro de estos están faltando en la columna de los ingresos, 233 millones de exoneración de aportes patronales”. Esto ocurre porque “en diferentes momentos políticos, el Poder Ejecutivo en cada momentos promovió y el Parlamento aprobó exoneraciones para empresas o sectores de actividad  de los aportes patronales. Eso significa que el BPS “por una decisión política decidió no cobrar 233 millones de dólares por año”, por lo que se plantea que en “la Rendición de Cuentas se agregue una artículo que reconozca que esas exoneraciones no deben considerarse déficit, deben ser ingresos genuinos de la seguridad social”. Esos 233 millones de dólares que no ingresan al BPS, “no corresponden a un problema en el mercado de trabajo, porque esas empresas existen, los trabajadores de esas empresas están trabajando, están cobrando su salario, pero lo que está faltando es el aporte patronal de esas empresas”. Se trata de una decisión política, que tampoco tiene que ver con “una mala gestión en el BPS” ni un “fenómeno que tenga que ver con la demografía, ninguno de esos factores explica los 233 millones de dólares que se dieron a partir de una resolución, el Parlamento tiene facultades para resolver esto y no estamos cuestionando las motivaciones que llevaron a tomar esa decisión”.

Por otro lado, la DGI cuando transfiere “lo que legalmente le corresponde al BPS como aportes genuinos que son los siete puntos de IVA y el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS)” le cobra a este organismo “una comisión que el año pasado fue de 87 millones de dólares, a nosotros nos parece que eso tampoco se debería considerar déficit porque el Estado le está cobrando al Estado esa comisión”. Ruiz explicó que “existe una norma legal que faculta a la DGI a cobrar esa comisión” pero se plantea que “el BPS esté exonerado del pago de esa comisión” de la misma manera que lo está “la Educación cuando la DGI le transfiere el Impuesto de Primaria”, cosa que fue aprobada en otra votación de la Rendición de Cuentas.

En tercer lugar, se plantea que el BPS desde el punto de vista administrativo se “le está haciendo un trabajo gratis a las Administradoras de Fondos Previsionales (AFAPs)” por lo que se espera que en la Rendición de Cuentas “se faculte al BPS a cobrarle a las AFAPs”. 

“Nosotros pensamos que con estas tres medidas que estamos planteando la asistencia financiera que recibe el BPS va a reducirse a menos de la mitad. Ya con las dos medidas, la que tiene que ver exoneraciones de aportes patronales y con la exoneración del pago a la DGI ya tenemos prácticamente una reducción del 50%. Y si nos autorizan a cobrarle por el trabajo que le hacemos gratis a las AFAPs, seguramente el déficit que hoy se transmite una y otra vez como ‘el déficit de la Seguridad Social y el BPS’ va a ser sensiblemente menor a lo que una y otra vez se trata de instalar como un argumento para reformar la seguridad social” 

La última conferencia de la OIT, la número 109, es una conferencia particular. Se trata de la primera que se realiza bajo una modalidad virtual, en medio de un escenario de pandemia, se ha definido además que tenga dos etapas. La primera ocurrió en junio y la segunda será en noviembre.

Este jueves se realizó la actividad ¿Qué nos dejó la 109° Conferencia de OIT? en el espacio Recreo Ciudad Vieja, organizado por el Instituto Cuesta Duarte del PITCNT con el apoyo de FES Uruguay. En el intercambio, que fue transmitido en streaming por YouTube y por Radio Camacuá, participaron Fernando Gambera, de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PITCNT; el profesor Hugo Barreto; Vanessa Bustamante; Iván González, de la CSA; y Fabio Bertranou, director de OIT para el Cono Sur.

Luego del encuentro, conversamos con Iván González, coordinador político de la Confederación Sindical de las Américas (CSA) que nos comentó la importancia de “haber recuperado lo que fue la Conferencia, es decir un balance que nos debemos siempre, porque parte de lo que necesitamos como sindicalismo es evaluar nuestro propios resultados”

González afirmó que “aquí el PITCNT siempre ha jugado un papel importante, se toma muy en serio el proceso de preparación de las conferencias” pero que “a partir de este formato con la pandemia, ha sido muy difícil, el resultado de eso es un retroceso, tanto en la consideración de los temas que nos interesan y la posibilidad de que los sindicatos, no solamente de la región, sino también de otras partes del mundo puedan expresar su visión y construir contenido de las declaraciones sobre los temas que estuvieron planteados”. 

Para el dirigente venezolano, esto se dió “sobre todo” en lo referido a Seguridad Social y la respuesta a la pandemia, “eso fue evidente que tuvimos una gran dificultad”. 

«Pero en la otra parte, donde sí nos preparamos creemos que hicimos una estrategia adecuada en lo que tiene que ver con la Comisión de Aplicación de Normas, el resultado es de un sabor amargo porque realmente los argumentos nuestros son contundentes, las pruebas de que hay un retroceso y que los casos son graves, en la visión sindical, los casos que colocamos fueron Colombia, Brasil, Guatemala, Honduras, Haití y Chile, al final entraron en la negociación solamente Colombia y Honduras, pero la respuestas que dieron no era lo que nosotros esperábamos, sobre todo en referencia a Colombia. Entonces hacer la revisión, el balance, para afinar la estrategia es necesario; y creo que el espacio lo permitió, también porque hay veces hay que dejar que las cosas pasen y se enfríen un poco. La conferencia fue en junio, valió la pena y creo que hay que hacerlo incluso con más interlocutores quizás de otras regiones también, de otros países, creo que ustedes tienen la posibilidad de hacerlo porque aquí en Montevideo, Uruguay, los sindicatos pueden hacer ese tipo de convocatoria”.

Con la aprobación en la OCDE de un impuesto mínimo global a las trasnacionales, en los últimos meses se ha colocado sobre la mesa una discusión sobre la distribución de la riqueza, la acumulación de capital. El planteo al menos empieza a ver al gran capital como un actor que no puede permanecer ajeno al devenir del mundo. ¿De alguna manera esto puede servir también para pensar en alternativas a la financiación de la seguridad social? ¿Cuáles son las posibles alternativas para generar un sistema que pueda ser más solidario y no esté centrado en el ahorro individual y en lo que deje un trabajador a lo largo de su vida?

“O el sacrificio de los Estados que no tienen de dónde sacar más porque ya no tienen cómo hacer más ajustes de su cuestión tributaria”, agregó González. “Es bueno” que se haya colocado el debate por parte de la OCDE y de algunos países desarrollados, pero “la sospecha es por qué lo hacen y de qué manera; cómo eso finalmente tendrá efectos sobre nuestros países, no somos los que jugamos en la mesa principal de esas negociaciones, está bueno que lo coloquen porque no hay de dónde sacar recursos, los Estados no están en condiciones de ahorrar y menos los trabajadores y las trabajadoras pueden contribuir para asegurar lo que Hugo Barreto decía que era que la justicia social es la garantía de la paz”. Por otro lado, “no hay cómo seguirle cargando a los trabajadores y a las trabajadoras que sean ellos los que garanticen su propia sobrevivencia, una vez que no tienen una vida útil laboral pero también presente, o sea no es el futuro, es de dónde se financia la salud, de dónde se financian las políticas que tienen que ver con la protección de poblaciones vulnerables. No puede ser que sea del bolsillo que ya está hace rato vacío de los trabajadores o de los tributos del Estado que son precarísimos”. 

Para González, la respuesta a esto es ir a “dónde está concentrada la riqueza”, es decir en “las grandes empresas, en las grandes fortunas, que siguieron aumentando y que brutalmente aumentaron con la pandemia. Es ahí donde está la respuesta”. El problema es que no es posible esperar a que “las empresas decidan porque son bondadosas entregar una parte; tiene que ser una política nacional e internacional que tributen esa ganancia, porque esa ganancia absurda es la que ocasiona la mayor desigualdad.”

“No puede ser que la respuesta sea de nuevo sacrificar a los trabajadores y las trabajadoras, sacrificar a los viejos, además y condenarnos a una mayor etapa de deterioro de la condición física de las personas, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. No pensar que ahí hay un gran desafío y que los gobiernos tienen que tomar una actitud más seria y responsable, que los parlamentos tienen que legislar, y que tiene que haber una cooperación internacional para eso, es sin duda y este es el momento. No creo que haya un momento más urgente que este porque la situación es grave en todo el mundo”.