Los escritores Mercedes Vigil y Eduardo Abenia se reunieron con el presidente Luis Lacalle Pou, en representación del Foro de Montevideo, para pedir la “liberación “ de los presos en Domingo Arena. En la carta abierta difundida semanas atrás se planteaba que debían ser liberados «por un poderoso sentido de justicia», nota que cerraba con «libérelos y libérenos» y «Es ahora».
En primer lugar, «la naturaleza de los delitos por los cuales están procesadas y condenadas las personas que están alojadas en el establecimiento conocido como Domingo Arena son delitos graves que tienen que ver con la afectación de la libertad, la afectación de la vida, desaparición forzada, homicidio, etc»; explicó a Radio Camacuá el abogado Martín Fernández, integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR).
«Más allá de si se han calificado o no como crímenes de Lesa Humanidad por la Ley 18.026, lo que se ha imputado por parte de la fiscalía y así lo ha entendido la justicia son los delitos del Código Penal. Eso no quiere decir que por la naturaleza de la afectación y por haber sido cometidos por parte del aparato del Estado, accionando en carácter ilegítimo y criminal, han sido entendidos como imprescriptibles e inamnistiables. Entonces la naturaleza de los hechos son los más aberrantes y afectan a la humanidad entera, más allá, reitero, de que se haya tipificado estos delitos del Código Penal como el homicidio, el secuestro, privación de libertad, etc.»
En declaraciones se ha hablado hasta de «presos políticos» o «de conciencia», pero Fernández explicó que «de ninguna manera pueden ser considerados presos políticos» debido a que «no hay un tema político en las imputaciones que se les ha hecho por parte de la Fiscalía y por parte de la Justicia».
«Yo creo que acá siempre se intenta debilitar socialmente o transmitir una imagen a la sociedad de que acá hubo juzgamientos a la ligera y es necesario recordar todas las veces que sea necesario valga la redundancia que las personas que están en Domingo Arena han gozado de todas las garantías en el juzgamiento, han tenido sentencias de primera instancia respecto de su procesamiento, respecto de su procesamiento también apelado y luego han sido condenados, muchos de ellos, por sentencias de primera instancia, de segunda instancia y en casación. Además de esto, han interpuesto recursos, inconstitucionalidades, prescripción, etc. Entonces han tenido las mayores garantías para el juzgamiento, o sea que no se los ha juzgado a la ligera y no se los ha juzgado por cuestiones políticas»
Fernández aclaró que «no se puede hablar de un color político en el juzgamiento de estas personas que reitero han cometido los crímenes más aberrantes contra la población». Esto se suma a que «siguen en muchos casos cometiendo» estos delitos, como es el caso de la desaparición forzada. Los procesados «no han dado la información, y eso afecta de manera significativa el derecho de los familiares a reunirse con las personas queridas, a poder de alguna manera hacer el duelo que todas las personas tienen derecho. La memoria y la verdad se ven afectadas cada vez que no se da la información respecto del paradero de sus familiares».
A la iniciativa del Foro de Montevideo, se suma el proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto hace unas semanas en el Senado, que propone otorgar prisión domiciliaria a reclusos mayores de 65 años. Si bien algunos argumentos presentados tienen que ver con la superpoblación carcelaria, el proyecto alcanzaría a casi 100 presos, incluidos unos 20 torturadores y violadores de derechos humanos. El proyecto de ley se encuentra a estudio en comisión y si bien Lacalle Pou se ha mostrado dispuesto a «estudiar» la posibilidad de acompañar el proyecto, el mismo parece tensionar la interna de la coalición donde no habría consensos. Integrantes de la oposición han criticado la iniciativa, por lo que no se espera que la acompañe.
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