La figura de las sociedades anónimas con participación estatal, en la que están incluidas 24 empresas, puede sufrir modificaciones perjudiciales para el pueblo en caso de que no se deroguen los artículos impugnados de la Ley de Urgente Consideración.
En la sección IV de norma —sobre economía y empresas públicas— el artículo 285 dice que las mencionadas empresas «deberán promover, siempre que las condiciones lo permitan, la apertura de una parte minoritaria de su capital accionario mediante la suscripción pública de acciones». Es decir que parte del patrimonio del Estado (y por ende el aprovechamiento de sus ganancias) podría dejar de ingresar a las arcas públicas y pasar a manos privadas.
Según un informe elaborado por la Comisión Técnica Asesora (CTA) de AEBU, estas empresas en conjunto obtuvieron ganancias por 56,5 millones de dólares en el año 2020 , y tienen una rentabilidad de 3,33 % sobre el activo y el 9,6 % sobre el patrimonio, además de brindarle empleo a más de 2000 trabajadores.
Esas sociedades con participación estatal dependen de diversos entes, como UTE (ISUR, Rouar y Gas Sayago); ANTEL (Accesa, ITC, entre otras); ANCAP (ALUR, DUCSA, CABA, entre otras); BROU (Rep. Microfinanzas, Rep. Afisa y Rep. Negocios Fiduciarios); BHU (SADUF); AFE (SELF); CND (Corporación Vial, entre otras), y LATU (Latitud y LSQA).
Del informe de la CTA se desprende también que el Grupo ANCAP es el que más ganancias genera, con casi 32 millones de dólares en 2020, seguido por el Grupo CND y UTE. De todas las empresas que figuran en la lista, solo una (SELF) da pérdidas.
Defender estas ganancias para que sigan siendo del Estado y no se privaticen es defender los intereses de la gente y no los de empresarios poderosos. Por eso también votamos sí este 27 de marzo.