El oficialismo reunión iniciativas legislativas de Cabildo Abierto y el Partido Nacional en un nuevo proyecto de ley de «Tenencia compartida». Organismos internacionales, organizaciones sociales y la oposición advierten que se trata de un proyecto de ley «regresivo» y perjudicial para niños, niñas y adolescentes. La semana pasada el proyecto fue aprobado en comisión por el oficialismo, en ese proceso compareció Natalia Argenzio, directora de INAU por la oposición, donde explicó que se trata de una legislación que no toma en cuenta los derechos de la niñez y la infancia.

«El directorio de INAU no llevó una posición unánime respecto al análisis de este proyecto. Este proyecto no fue analizado por el directorio en su conjunto, no se llevó a sala la votación. Esto fue una decisión del Presidente de INAU, de no discutirlo, más allá de que sabíamos las posiciones totalmente diferentes que teníamos del análisis del articulado (…) Desde mi punto de vista es un proyecto regresivo. Es regresivo en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Va contra los avances que se han realizado respecto a la violencia de género y generaciones; y además no reconoce la jerarquización de principios que establece la Convención de los Derechos del Niño»

«Una ley innecesaria», plantean colectivos y organizaciones sociales. Para Argenzio, se está legislando «a partir de casos particulares» y es «muy preocupante». El proyecto también tiene rechazos por parte de organismos dedicados a los derechos de niñas, niños y adolescentes como Unicef, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Asociación de Defensores Públicos, el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres.

«Realmente nos tiene que preocupar la gravedad de la concepción tanto adulto céntrica como respecto a las modificaciones que hace al no tener en cuenta la voz de las niñas, niños y adolescentes ante los relatos de violencia y reestablecer visitas cuando hay situaciones de violencia de uno de sus progenitores, ante situaciones de violencia de género, que son en su amplia mayoría, según la evidencia por supuesto que tenemos, y violencias hacia niños, niñas y adolescentes que también tenemos muchísima evidencia. Entonces reestablecer las visitas cuando hay medidas cautelares y poniendo enfáticamente que se reestablecen las visitas si no hay pruebas fehacientes o indicios fundados, se desconoce el relato de niños, niñas y adolescentes como un indicio fundado. Eso es realmente preocupante porque contamos con muchísima evidencia (…), que colocan como víctimas primarias a las niñas, niños y adolescentes cuando sus madres son víctimas de violencia de género»