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Por el camino errado

Por el camino errado

Para el debate político se requiere habilidad de los protagonistas y respeto por el oponente, dos condiciones que aseguran su fluidez y que los argumentos en él vertidos puedan llegar a la población y ser comprendidos. Si falta alguno de estos requisitos el intercambio se empobrece. Y si están ausentes los dos, termina arrastrado por el piso. Así sucedió el pasado lunes cuando se produjo un ataque a las libertades sindicales y a las investiduras de los dirigentes.

Se llegó allí a ignorar por parte de un legislador la propia ley que regula las licencias sindicales para facilitar un mejor ejercicio de la actividad gremial. No estamos ante el primer ataque sufrido por el movimiento de los trabajadores en tiempos recientes, pero preocupa especialmente que en este caso el objetivo haya sido la propia persona del presidente del PIT-CNT.

Por mérito propio la figura de Fernando Pereira se ha ganado la popularidad y el aprecio de la gran mayoría de los uruguayos, por su mesura y su don de gentes. Se trata de una de las personalidades más relevantes del país, y su conducta cuidadosa refleja la del conjunto de nuestro movimiento sindical del que estamos enormemente orgullosos. Por ello debemos condenar este tipo de ataques. Ellos solo pueden crispar el debate de ideas y alejarnos de la construcción de una sociedad mejor y más justa.

Nuestro compañero Fernando Gambera explicó en Radio Camacuá que la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación están reguladas por los convenios 87 y 98 de la OIT, ratificados por Uruguay. En particular, el artículo 3 del Convenio 87 establece: «Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal». Por ello para Gambera «no se puede estar cuestionando continuamente los derechos adquiridos y desconociendo una construcción como la OIT, que acaba de cumplir 100 años».

Sociedad de mutuos beneficios

Sociedad de mutuos beneficios

Se encuentra en discusión parlamentaria un proyecto de reforma de la Ley de Medios N.° 19307. En la versión inicial elaborada por el Poder Ejecutivo este proponía elevar de tres a ocho la cantidad de licencias de radio y televisión en manos de una misma persona física o jurídica. En los primeros intercambios legislativos dentro de la coalición de Gobierno esta cifra fue objeto de debate, pero todo lleva a sospechar que el límite de la concentración admitida no será menor a cinco.

El docente e investigador de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República Gabriel Kaplún, explicó en la diaria del 8 de mayo de 2021 que en realidad en este caso importan poco los números, porque el proyecto «elimina prácticamente toda barrera a la concentración. Lleva de tres a ocho las licencias acumulables, no habla de grupos económicos, y si alguien tiene menos de 30% de las acciones de una emisora no tiene ningún límite para ser propietario de todas las radios y los canales del país». En otras palabras, con múltiples sociedades anónimas en las que alcanza con cambiar uno solo de sus componentes en cada caso, las posibilidades de concentrar la propiedad de los medios son infinitas.

Importa estudiar cómo hemos llegado al actual oligopolio, en el que tres grupos económicos familiares acaparan la mayoría de las ondas de radio, televisión abierta y para abonados en este país. En 1956 inició sus transmisiones Saeta, Canal 10, en 1961 lo hizo Canal 4 Montecarlo y en 1962 Teledoce. Último vendría, al año siguiente, el Canal 5 del Sodre. Los canales privados colonizaron luego el interior del país al recibir concesiones a favor de miembros de sus familias o de testaferros y se amplió de esta forma el tamaño y poderío económico de estos grupos. Si bien competían entre sí en Montevideo, comprendieron los beneficios de la cartelización para asegurar su control del país. Con ese fin fundaron la Red Uruguaya de Televisoras (RUTSA), empresa que se constituyó en proveedora de la programación de todos los canales abiertos del interior, tanto de los propios como de los ajenos.

Así como crearon en conjunto RUTSA, en los primeros años 90 —y con la ventaja de estar cercanos al poder y bien informados— conformaron la empresa Equital, antes de que el Gobierno de Luis Alberto Lacalle efectuara un llamado para la concesión de más de 100 sistemas de televisión para abonados en Montevideo y en el interior. En el nuevo esquema de la TV para abonados los canales se propusieron repetir la receta anterior: libre competencia comercial en la capital (con cableado común en Montevideo, controlado por Equital) y operación conjunta en el interior a través de este consorcio dueño de la programación.

Para quienes se habían repartido el mercado antes de que este fuera creado oficialmente todo salió como esperaban. Fue así que, a pesar de la presentación de numerosas propuestas de poderosos grupos económicos, el Gobierno adjudicó tres canales de cable en Montevideo a los grupos dominantes de la TV abierta en el país, para «preservar» una «razonable competencia» (así constó en la resolución). De esta forma «compitió» la TV abierta con el cable. El Gobierno de Luis Alberto Lacalle se encargó también de asegurar esta «razonable competencia» en los lugares estratégicos del interior preferidos por los tres grupos integrantes del oligopolio. Ahora su hijo, Luis Lacalle Pou, en igual línea política, se propone legalizar lo que ya existe de hecho, contemplado con agrado o al menos con tolerancia por Gobiernos de todos los signos políticos.

Cómplices en la infamia 

Algún observador distraído podría pensar que estamos solo ante un censurable favoritismo económico, pero esto va mucho más allá. Para comprobarlo basta leer la reseña hecha por 180 Portal de una entrevista mantenida el 16 de abril pasado con José Luis Guntín a propósito de su libro La vida te da sorpresas. En esta oportunidad, quien fuera  suplente de Américo Ricaldoni y Enrique Tarigo, y también director de Canal 5 durante la segunda presidencia de Sanguinetti, confesó sentir que hizo cosas fuera de lo «legal», y que eran «antidemocráticas».

Una de ellas estuvo referida a la censura de un spot publicitario de la Comisión pro Referéndum que, en 1989, impulsaba el voto verde para derogar la Ley de Caducidad. Así narró Guntín en su libro un episodio sucedido dos días antes del referéndum, que comprueba un accionar concertado entre los dueños del oligopolio y uno de los partidos tradicionales, hoy parte de la coalición multicolor:

«Esa mañana, temprano, serían las nueve, me llamaron urgente de Presidencia para que concurriera al edificio Libertad. Fui lo más rápido que pude.

Subí al séptimo piso y en el despacho del presidente estaban, sentados alrededor de la mesa, Sanguinetti, Tarigo, Miguel Ángel Semino, secretario de Presidencia, Jorge de Feo [Canal 10], el ingeniero Horacio Scheck de Canal 12 y Walter Nessi, prosecretario de Presidencia.

Los saludé rápidamente, porque imaginé que el tema era grave y urgente para convocarnos tan temprano en la mañana.

Apenas terminé de saludarlos, el presidente me dijo que estaban deliberando acerca de un aviso, un tape, que el día anterior, a última hora, había llegado a los canales proveniente de la Comisión pro Referéndum.

‘Queríamos que lo vieras y nos dieras tu opinión’, me dijo Sanguinetti. Le contesté: ‘bueno’, e inmediatamente salí detrás de Nessi a mirarlo.

Aparecía en la pantalla una señora que inmediatamente reconocí. Era Sara Méndez y en el tape hablaba de su tragedia y la de su hijo, Simón Riquelo, desaparecido años atrás.

Sanguinetti me preguntó qué me habían parecido ambos videos. El silencio y los rostros preocupados aumentaron. Lo rompió de Feo, quien le habló directamente al presidente.

Le dijo que bastaba una palabra suya para que el video no apareciese. Lo miró a Scheck, quien asintió. ‘Hablamos ahora con Hugo Romay y ninguno de los avisos aparece. Podemos argumentar que llegaron tarde a los canales y que ya teníamos las tandas completas’, expresó de Feo entusiasmado».

Aunque siempre se tuvo la certeza de una confabulación de este estilo nunca existieron elementos de prueba hasta que apareció el referido testimonio de Guntín, sobre el que Julio María Sanguinetti —principal comprometido— ni siquiera insinuó un desmentido. Quedó claro en este episodio que los favores recibidos por el oligopolio de los medios de comunicación tienen también devolución en los momentos oportunos.

Resultaría ideal que el «cuarto poder» en Uruguay fuera independiente, que no apareciera ligado por estrechos lazos económicos y políticos a los Gobiernos, que los medios no los consultaran sobre la difusión de tal o cual publicidad o noticia. Pero lamentablemente esto no es así sino todo lo contrario y estamos en la víspera de una nueva decisión «antidemocrática», como diría Guntín, por más vestimenta legal que se le ponga.

Recomendaciones desatendidas 

¿Y qué dicen los libros, o en este caso el Libro Azul. Políticas de Telecomunicaciones para las Américas de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones y la Organización de los Estados Americanos, OEA, en su edición 2005? Nos referimos a recomendaciones a los Gobiernos para la estructuración legal de sus radiocomunicaciones, que hemos extraído de acuerdo a su pertinencia para el caso uruguayo. Comparemos nuestra realidad con lo que se nos aconseja. Para ello identificamos nuestras citas con la numeración con que ellas son presentadas en el referido Libro Azul.

2.5.3.4 A efectos que el sector de las telecomunicaciones contribuya al crecimiento social y económico general del país, los objetivos de la legislación nacional podrían contemplar, entre otros los siguientes principios generales:

b) Proteger a los usuarios;

g) Preservar la competencia sostenible, leal y efectiva en los mercados;

h) Procurar que las actividades de producción y servicios generen empleo;

j) Promover el acceso de todos los habitantes a la sociedad de la información.

2.5.3.5 Algunos servicios de telecomunicaciones son considerados servicios de carácter público que los Estados deben garantizar tanto en su prestación y alcances, como en la regulación y control según sea necesario para proteger el interés público.

2.5.3.6 La legislación debe resguardar, respetar y garantizar los derechos de los usuarios. En la prestación del servicio se incide en el interés y bienestar de la ciudadanía en su conjunto, siendo cada integrante de la comunidad mucho más que un usuario o consumidor.

5.1.12 A medida que crece la competencia en el sector de las telecomunicaciones, la autoridad respectiva debería considerar la adaptación de la reglamentación para no restringir el desarrollo de la plena competencia en el mercado y lograr, al mismo tiempo, los objetivos propuestos.

5.1.14 Es importante que la autoridad reguladora vele porque no se den estas prácticas y prevea mecanismos que eviten la monopolización de recursos esenciales.

Del desprecio, o al menos la indiferencia que han merecido estas recomendaciones surge con claridad que se ha consolidado una total primacía de los intereses de la clase social dominante. Esta ha operado de manera continua con el fin de preservar y aún aumentar su capital económico y su peso político. Estamos siendo testigos de un nuevo reparto de tajadas de poder, en un procedimiento que está ampliando derechos de propiedad sobre bienes intangibles y ajenos, como las ondas electrónicas. Estas no pertenecen a ningún Estado; constituyen un patrimonio común de la humanidad que no puede ser administrado en forma fraudulenta por los Gobiernos, en ausencia de un mínimo control social.

Cuando las ollas preguntan

Cuando las ollas preguntan

El Gobierno entrega insumos a las ollas populares a través de una empresa privada, en una operación que genera dudas y sospechas ante la ausencia de información oficial.

AEBU sostiene su propia olla solidaria de los martes y jueves y está dando sustento, desde hace más de un año, a otras numerosas ollas y merenderos. Tras la publicación del informe «Ollas y merenderos populares en Uruguay 2020. Estimaciones económicas sobre el fenómeno» —que dio a conocer el formidable esfuerzo social que sostenía a más de 700 ollas en todo el país— el Gobierno se vio en la obligación de hacerse cargo de abastecer una parte de estas iniciativas populares. Pero no lo hizo de manera directa sino que recurrió a un intermediario. Con cabeza privatizadora desplazó al INDA, lógico ejecutor institucional de esta ayuda, y adjudicó de manera directa la tarea de compra, acopio y distribución a una ONG que acaba de ser denunciada por sus trabajadores informales debido a las malas condiciones laborales y a los despidos injustificados. Se dio aquí un caso paradójico: el mismo Gobierno de coalición que por un lado envía un proyecto de ley al Parlamento para obligar a los sindicatos a gestionar personería jurídica, por otro le entrega nada menos que 65 millones de pesos a una organización públicamente desconocida que incumple esa formalidad legal.

Con licencia para recortar

Con licencia para recortar

Cuando la segunda ola de la pandemia volvió a generar condiciones restrictivas sobre la economía y la actividad social, la coalición de Gobierno aceleró el trámite de la ley de presupuesto.

Se trata de un presupuesto diseñado en línea con los ejes establecidos en la LUC, y consistente con las medidas de ajuste implementadas desde que asumió el Gobierno, más allá de todas las necesidades planteadas por la crisis sanitaria y su impacto sobre la calidad de vida.

El objetivo del Gobierno de bajar el gasto público para colocar al sector privado como motor del crecimiento y lograr que su inversión liderara la recuperación de la economía, no solo se mantiene inamovible a pesar de la pandemia sino que refuerza las medidas recesivas tomadas en el comienzo del período. Estamos ante un presupuesto que —entre otras cosas— implica realizar un recorte de más de 250 millones de dólares en políticas educativas, sanitarias y de protección social, que se suman a una pérdida en salarios y jubilaciones de incierta recuperación.

El presupuesto está directamente dirigido a achicar el Estado, a reducir su peso en la economía y su participación en el PIB. Esto quiere decir que representará una mayor presión a la baja sobre la tasa de crecimiento, justo en un período de desafíos económicos muy complejos. De esta forma se profundizan los efectos negativos sobre las condiciones de vida de la población, al descargarse todo el peso del recorte sobre los trabajadores, jubilados, pensionistas y los sectores más débiles de la sociedad uruguaya.

Y el pueblo dijo no

Y el pueblo dijo no

El próximo lunes 30 la democracia uruguaya celebra un acontecimiento que —sin duda— es una «fecha patria» de esta república.

Los uruguayos rechazaron en plebiscito histórico un texto constitucional propuesto por la dictadura como forma de autolegitimarse con la bendición ciudadana.

En el clima opresivo del terrorismo de Estado, la propuesta del régimen contó con una apabullante propaganda oficial favorable a través de todos los medios —televisión, prensa escrita, radios— y el editorial respaldo explícito de varios de ellos.

Los números fríos informan que un 87 % de los habilitados participaron en el plebiscito y más de un 57 % —con la papeleta del no— le contestó claramente a la dictadura y a todo aquel que quisiera enterarse, dando un ejemplo de dignidad ante el mundo.

Historiadores, políticos, investigadores, periodistas han dado a lo largo del tiempo su interpretación sobre el suceso y sobre el acatamiento del régimen al resultado de las urnas, en cuanto fenómeno singular.

Reforma previsional ataca efectos pero ignora causas

Reforma previsional ataca efectos pero ignora causas

Como en todas partes del mundo, en Uruguay la seguridad social ha acompañado a las formas adoptadas por el trabajo. Si retrocedemos a las primeras décadas del siglo XX, cuando se fundaron la originalmente llamada Caja de Empleados Bancarios (1925), hoy denominada Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, y la Caja de Industria y Comercio (1928), existía para los trabajadores un amplio margen de previsibilidad sobre sus posibilidades jubilatorias.

La determinación de los aportes patronales e individuales durante ese siglo reflejó la productividad existente en ese mundo del trabajo en el que nacieron nuestras instituciones de previsión social, y durante décadas ellas cumplieron sus fines de manera consistente con la finalidad para las que fueron creadas.