Andrea Tuana, de la asociación civil El Paso, participará en el conversatorio organizado por la Comisión de Género, Equidad y Diversidad de AEBU sobre violencia vicaria. En diálogo previo, subrayó que este año “la sociedad empezó a ponerle nombre” a un fenómeno que afecta a mujeres, niños, niñas y adolescentes, y cuya forma más extrema es el infanticidio.

Recordó que en Uruguay existen antecedentes de infanticidios en contextos de separación y violencia previa, pero que recién ahora el concepto comenzó a circular con fuerza, impulsado por profesionales y activistas en redes. “Lo importante es que se conceptualiza un hecho estructural”, señaló, vinculando la violencia vicaria al continuum de violencias de género e intrafamiliares.

Tuana explicó que antes del extremo del asesinato existen múltiples prácticas que también constituyen violencia vicaria: interrupción deliberada de medicaciones, negligencias que exponen a los niños a riesgos, conductas temerarias y amenazas. Destacó que muchos agresores utilizan a sus hijos “como rehenes emocionales” para continuar dañando o controlando a sus exparejas.

Para la especialista, el problema se agrava cuando el sistema institucional diluye la violencia y la interpreta como “conflicto”. Allí, dijo, se pierde perspectiva: “No hablamos de conflicto cuando hay abuso de poder y sometimiento”. También advirtió sobre la figura de la “mala víctima”, que deslegitima a mujeres que denuncian reiteradamente porque no encuentran respuestas.

La aprobación de la ley de tenencia compartida fue otro eje crítico. Tuana afirmó que la norma se basó en “ideas aberrantes”, entre ellas la presunción de denuncias falsas, fenómeno que es “residual” según estudios existentes. Sostuvo que la ley habilita revinculaciones forzadas y cambios de tenencia que exponen a las infancias a situaciones de riesgo.

“Hoy muchos chiquilines están siendo obligados a vincularse con agresores”, alertó, y consideró imprescindible derogar la norma como señal de protección. Relató casos recientes de niñas y niños angustiados ante visitas obligatorias con padres violentos, una verdadera “tortura emocional”.

Consultada por las señales políticas ante esta emergencia nacional, por la gravedad de las agresiones, la cantidad de casos y población afectada, Tuana fue contundente: “No dan cuenta del problema”. Señaló que en la discusión presupuestal la violencia basada en género y contra las infancias quedó en un lugar “marginal”, y reclamó financiamiento real para la Ley 19.580. “Hay una deuda profunda con mujeres e infancias. Sin presupuesto y voluntad política no habrá cambios”, afirmó.

El conversatorio convocado por AEBU se inscribe en este escenario y busca aportar mirada sindical, social y de derechos humanos frente a una problemática urgente. Será el lunes 24 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Espacio Colabora.

En el marco del 25 de noviembre, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) colocó la violencia vicaria como tema central de su agenda anual, en coordinación con organizaciones sociales y organismos públicos. La directora adjunta de Inmujeres, Leticia Benedet, explicó a Camacuá los motivos y desafíos detrás de este enfoque.

La violencia vicaria —cuando un varón agrede a su pareja o expareja a través de terceros, generalmente hijos e hijas— se ha vuelto una preocupación creciente. Benedet señaló que, en 2025, Uruguay enfrentó cuatro infanticidios cometidos por padres, considerados la manifestación más extrema de este tipo de agresión. Según la última encuesta nacional de violencia basada en género (2019), el 20% de las mujeres que sufren agresiones reportan que sus hijas e hijos también están involucrados.

Desde Inmujeres se busca sensibilizar sobre estos riesgos y fortalecer la comprensión pública del fenómeno, apoyándose en estudios académicos y en el trabajo interinstitucional del Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia, presidido por el instituto. “Nos interpela como sociedad; cuando un varón es violento con su pareja, también las infancias están en riesgo”, sostuvo Benedet.

El sistema de respuesta estatal —que involucra al MIDES, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil en el territorio— cuenta con servicios de atención psicológica, social y jurídica para mujeres en todo el país. También existen programas destinados a varones que han sido judicializados y deben asistir obligatoriamente a procesos de seguimiento y cambio de conducta.

Benedet destacó además la importancia del trabajo preventivo, especialmente con adolescentes. El programa “Noviazgos libres de violencia” promueve vínculos saludables y alerta sobre indicadores tempranos como el control, el aislamiento y el maltrato psicológico. Para Inmujeres, incorporar perspectiva de género en todos los niveles educativos sigue siendo una deuda fundamental.

En paralelo, alertó sobre discursos negacionistas que relativizan la existencia de la violencia basada en género y defendió la necesidad de sostener la formación y la sensibilización para no retroceder en los avances logrados.

Este 24 de noviembre, a las 19.00 horas, la Comisión de Género, Equidad y Diversidad de AEBU realizará un conversatorio en el Espacio Colabora, con participación de especialistas y referentes para profundizar en los riesgos y efectos de la violencia vicaria. 

Participarán de este conversatorio Malena Delgado Gallo, licenciada en psicología y diplomada en género; Rosa Anselmi, secretaria técnica del Consejo Nacional Consultivo para una vida libre de violencia hacia las mujeres; Andrea Tuana, Asociación Civil El Paso y Tamara García, de la Comisión de Género de FUECYS.

Inmujeres brindará una conferencia el mismo 25 de noviembre en Torre Ejecutiva, con presencia de autoridades nacionales. Allí se reafirmará el compromiso del Estado con la prevención, atención y erradicación de estas violencias.