El próximo 25 de noviembre se conmemorará un nuevo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una jornada de reflexión estipulada hace más de veinte años por las Naciones Unidas con el objetivo de poner el foco en una problemática que aqueja a las sociedades de todo el mundo.

En ese marco, Camacuá Diario conversó con la abogada Carolina Camilo, presidenta de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, quien brindó un testimonio calificado sobre el tratamiento judicial que tiene la violencia de género en nuestro país.

Camilo hizo referencia a la ley 19.580, promulgada en el 2017, una normativa que «marcó un antes y un después en la forma en que el Estado tiene que dar respuesta a las víctimas», «creó respuestas interinstitucionales a los efectos de la erradicación» y «modificó los derechos de las víctimas y su participación».

Sin embargo, la ley no ha tenido los efectos deseados, diagnostica Camilo, dado que «no ha sido implementada, o ha sido implementada excepcionalmente». «La mayoría de los artículos no pueden ser aplicados porque ha habido falta de recursos, pero también falta de priorización en la gestión de los recursos», expresó la defensora pública.

A modo de ejemplo, Camilo relató que «la ley encomienda la creación de juzgados especializados de violencia de género, doméstica y sexual», pero estos solo se crearon en tres ciudades: San Carlos, Salto y Rivera. «Si ni siquiera tenemos los juzgados, es muy difícil aplicar la respuesta judicial que se prevé», sentenció.

Otro ejemplo es que el Poder Judicial en los últimos años «ha pedido la creación de más de 60 cargos de defensoría pública para atender la demanda», sin embargo del 2017 al presente solo se adjudicaron 9 cargos en todo el país, lo cual demuestra «la insuficiencia de recursos» que existe.

Para Camilo, «no hay intención política de dar cumplimiento a la ley 19.580″, ya que «los compromisos políticos sobre determinadas temáticas se demuestran con presupuesto y énfasis en esas políticas públicas».

Además, agrega la presidenta de ADEPU, «no es correcto el abordaje que está haciendo el Poder Ejecutivo de la realidad», recordando los proyectos que este hizo de modificar la ley a causa de las denuncias falsas. «No se trata de seguir modificando leyes, sino de fortalecer las instituciones», opinó Camilo.

Las denuncias falsas son «un número muy ínfimo» y además «tienen consecuencias penales». «El gran flagelo es el número de víctimas que tenemos año a año, la respuesta que estamos dando y la cantidad de incumplimientos», dijo la abogada.

Por último, Camilo criticó la ausencia de la violencia de género en la campaña electoral. Esto se debe, entiende, a «la falta de conciencia de que la violencia de género es un tema de seguridad pública»  y a que «al sistema político le falta entender el fenómeno y comprender las consecuencias».

Respondiendo a algunas propuestas surgidas en los últimos tiempos, la defensora pública dejó en claro que «comprar más tobilleras no es la solución a este problema», y comentó que «todavía estamos a tiempo para que en la ley de presupuesto del año que viene haya un compromiso real con esta problemática».