AEBU compra panes dulces y budines a cooperativa y los dona a ollas populares

AEBU compra panes dulces y budines a cooperativa y los dona a ollas populares

El secretario general de AEBU, Fernando Gambera, contó en entrevista a Camacuá Diario que el sindicato sigue vinculado a varias organizaciones sociales que trabajan en los barrios ayudando a la población más necesitada y tendiendo su solidaridad a muchas de ellas.

«Comprobamos que hay una gran parte de nuestra sociedad que en la pandemia respondió a la urgencia de darle un plato de comida a la gente, y que muchas de ellas siguen hoy con la misma actividad», dijo Gambera, y agregó que esas mismas organizaciones «con el apoyo de la Intendencia de Montevideo, y financiamiento que ellos mismos han ido consiguiendo, han ido agregando nuevas experiencias».

Particularmente, la Red de Ollas del Cerro generó una incubadora de cooperativas que trabajan en diversos rubros, como electricidad, sanitaria, limpieza y panificación. 

En paralelo, AEBU detectó en dos colectivos la necesidad de adquirir alimentos específicos para las fiestas. Uno de ellos es la olla de Bella Italia, que «tenía la necesidad de contar con pan dulce y budines para poder armar canastas para todas las familias que se nuclean en el barrio». Y el otro es el merendero Las Bóvedas, que se propone que «en la última merienda del año los niños se puedan ir con un budín para su casa».

El resultado del nexo solidario que hizo el sindicato fue la compra de 400 budines y 200 panes dulces a la cooperativa del Cerro, los cuales se donaron a la olla de Bella Italia y el merendero Las Bóvedas, apoyando así a los tres emprendimientos.

Pero además, durante el mes de enero AEBU también prestará la piscina del club deportivo a la olla de Bella Italia, que traerá 30 niños, niñas y adolescentes todas las semanas a realizar natación con la supervisión madres y profesores de educación física.

Un último eslabón solidario tiene que ver con la limpieza del edificio del sindicato, que a partir del 1° de enero de 2025 pasará a estar en manos de una cooperativa que surge de la incubadora del Cerro. Desde esa fecha, el edificio sede de AEBU, más el sector deportivo y los locales del Jardín y Extensión Escolar, serán mantenidos por la cooperativa, algo que para Fernando Gambera  «es un paso muy importante».

El rol de los sindicatos y las políticas de cuidados, una articulación necesaria

El rol de los sindicatos y las políticas de cuidados, una articulación necesaria

El Congreso Nacional de Infancias y Adolescencias se desarrolló entre el 7 y el 9 de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales y en diversas salas de la Intendencia de Montevideo, y reunió a especialistas y estudiosos en numerosas áreas que, cada una desde su óptica, aportó a un tema que crece en importancia a nivel de la sociedad.

La consejera central de AEBU, Mariana Larraz, integró una de las mesas de exposición con su ponencia sobre El rol de los sindicatos y las políticas de cuidados, donde resumió parte del trabajo que ha hecho el sindicato bancario en esa materia y reflexionó sobre la importancia de que esté en su agenda temática.

«Lo que traté de rescatar y transmitir es cómo los sindicatos tenemos un rol en lo que hace a las infancias y las adolescencias, muchas veces no solo en promover plataformas programáticas o políticas, sino en cómo eso se baja en concreto», explicó Larraz, en diálogo con Camacuá Diario.

En ese sentido, la secretaria de Prensa y Propaganda de AEBU recordó que el último convenio colectivo del sector oficial, vigente desde el 2022, incluyó la creación de comisiones bipartitas de género, cuidados y discapacidad. «Es interesante rescatar que el convenio incluyó estos aspectos y generó los ámbitos que nos permitieron comenzar a discutir e intercambiar», valoró.

Larraz relató que desde los lugares de trabajo llegaron muchas demandas para este tema estuviera sobre la mesa., en buena medida porque «ha cambiado la composición de las plantillas de trabajadores y trabajadoras en los bancos, hay otro interés y el tema se ha puesto en discusión por la aplicación de algunas políticas públicas, por organizaciones sociales y por movimientos feministas».

El tema macro, que incluso trasciende al sindicato, es «la conciliación de la vida laboral y la vida familiar». Sobre esto, repasó Larraz, hay varios estudios que demuestran cómo se penaliza la maternidad en el mundo del trabajo, cómo el trabajo no remunerado recae mayormente en las mujeres y el valor económico -casi un cuarto del PBI- que este significa para la economía del país.

«El desafío es poder pensar en una perspectiva menos productivista y más basada en los cuidados y en las crianzas de niños y niñas», sostuvo Larraz, quien valoró positivamente la inclusión del artículo 53 de la ley 20.212 en el Banco República y en el Banco Central

Para AEBU esta temática se enmarca «en una línea que no solo se reduce a esta situación puntual, sino que atraviesa a todo el sindicato». Por ejemplo, reseñó Larraz, «está en el documento programático de la Asamblea Nacional de Delegados» y además «está en un Jardín y Extensión Escolar que tiene una historia y un posicionamiento con la educación de las infancias».

La herramienta sindical se transforma entonces en un potencial relevante para aportar a las políticas de cuidados. «Poder pensar que en colectivo tenemos una fortaleza para llevar adelante nuestras reivindicaciones, nuestras negociaciones, y para poder para pelear por ellas porque entendemos que corresponden», reflexionó Larraz.

AEBU se ha caracterizado siempre por tener una agenda propositiva, que se puede ver en «un montón de actividades que AEBU lleva adelante y a veces no son tanta noticia, sin embargo tienen un rol y una importancia para los trabajadores y las trabajadoras».

AEBU denunció a los bancos privados por querer intervenir la Caja Bancaria

AEBU denunció a los bancos privados por querer intervenir la Caja Bancaria

El documento fue dirigido al Dr. Mario Aritzi, ministro de Trabajo y Seguridad Social, y al Esc. Daniel García Zeballos, director nacional de Seguridad Social.

Este sostiene que «el principio del tripartismo está siendo violentado por la participación directa y desembozada de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, al promover una lista de candidatos de su confianza para acceder a la representación de los afiliados activos en el Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, en las elecciones del próximo 22 de octubre de 2024».

La denuncia está respaldada por una copia facsimilar de un correo electrónico enviado por la directora ejecutiva de la ABPU, Bárbara Mainzer, a los gerentes generales de los bancos Nación y Bandes, instituciones no afiliadas a la ABPU por su carácter de estatales. En la misiva Mainzer solicita que se distribuya, entre el personal de los citados bancos, propaganda de una lista de representación de personal activo encabezada por el gerente de Recursos Humanos de OCA, sobre quien se expresa que «cuenta con una sólida experiencia en gestión de equipos y recursos».

Presión patronal indebida

La acción denunciada «implica una presión tan indebida como directa sobre los afiliados activos, quienes reciben una comunicación institucional de sus empleadores, [para apoyar] con su voto a jerarcas de empresas financieras y patrocinado por la gremial de la banca extranjera», sostiene AEBU.

De esta forma se ve desvirtuado «tanto el proceso de elección, como la imprescindible independencia de los representantes de los órdenes representados, al promover desde la organización de empleadores candidatos afines a sus intereses, en tanto ocupan posiciones destacadas en el sector empresarial», agrega nuestro sindicato.

Por ello nos encontramos ante una «inocultable intención de establecer una supremacía en la gobernanza de Caja Bancaria» que «llega al extremo de promover la agenda oficial de la ABPU, como propuesta de los candidatos impulsados».

«Por todos estos elementos, dejamos presentada la denuncia sobre la situación planteada, y solicitamos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se tomen las medidas que corresponden a sus cometidos, para asegurar el respeto imprescindible y necesario a los principios consagrados en la ley y la tradición de nuestra seguridad social, y poner freno a toda acción de intervencionismo de la ABPU y cualquier empresa del sistema, en la elección de los afiliados activos de la Caja Bancaria», concluye la denuncia.

Seguridad y educación, dos temas clave para el usuario del sistema financiero

Seguridad y educación, dos temas clave para el usuario del sistema financiero

Documento de AEBU: protección y educación financiera

por Camacuá Diario

El capítulo 2 de los anexos que incluye el documento programático de AEBU, que está siendo presentado a los candidatos presidenciables para las próximas elecciones nacionales, trata sobre protección de los usuarios y educación financiera, dos temas íntimamente ligados y de suma importancia para el sistema.

Ambos temas se desprenden de un proceso que se viene desarrollando hace tiempo y que últimamente, en particular a partir de la pandemia, se ha acelerado exponencialmente: el avance de la tecnología y la digitalización de la banca. Más allá de las notorias virtudes y beneficios que esto trae para los clientes, en términos de comodidad y rapidez, por ejemplo, también es importante atender los riesgos que puede traer aparejados.

Uno de los principales riesgos es el de los ciberataques. Durante el 2023, Uruguay sufrió la impresionante cifra de 670 millones de intentos de ciberataques. Y no solo es un problema la cantidad de estos delitos, sino también la calidad, ya que cada vez son más sofisticados y dejan menos rastros.

Estos nuevos riesgos se vieron materializados lógicamente en un incremento en los reclamos. El informe estadístico del Servicio de Atención al Consumidor de 2023, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, muestra cómo los servicios financieros tienen el tercer puesto en la cantidad de atenciones.

Además, las denuncias recibidas por el BCU se incrementaron por cuarto año consecutivo, la mayoría de ellas por situaciones en las que las personas, bajo engaño, fraude o estafa revelan sus claves a terceros y se realizan operaciones no consentidas, así como casos en que se opera con una tarjeta hurtada.

Recientemente se aprobó en nuestro país la ley 20.327 que dicta normas para la prevención y represión de la ciberdelincuencia. Aunque valorables en su espíritu, algunas medidas de esta ley podrían ser perjudiciales, como la tipificación de demasiados y redundantes delitos, la creación de un registro de ciberdelincuentes sin la garantías debidas, y la promoción de una Campaña Nacional Educativa que deja afuera al Banco Central del Uruguay.

Para AEBU, una buena política pública de educación financiera mejora la toma de decisiones de los usuarios con respecto al ahorro, inversión y gastos; disminuye la acumulación de deudas y genera una gestión más efectiva de las finanzas; previene fraudes, reduce el estrés financiero y otorga mejores herramientas y conocimiento necesario para tomar control de su situación económica y mejorar su calidad de vida en general.

Los programas ya existentes desde el Estado, como los desarrollados por el BCU y ANEP son iniciativas positivas, pero no han tenido el alcance que se precisa y han sido insuficientes. Es necesario sumar a la introducción de nociones básicas de educación financiera en todas las etapas de formación, un plan más inmediato y efectivo para alcanzar al conjunto de trabajadores, jubilados y pensionistas, los sectores más expuestos en el proceso de inclusión financiera.

Las propuestas de AEBU

  • Educación financiera integral, abarcadora además de conceptos financieros y económicos, educación respecto de conductas financieras saludables.
  • Creación de un espacio dentro del BCU que controle a las fintech.
  • Protocolización de acciones ante ataques cibernéticos.
  • Regulación que vele por la protección de los usuarios ante posibles operaciones fraudulentas de estafas y hackeos.
  • Fortalecer los sistemas de seguridad de la información para las instituciones financieras, y fomentar la formación referente a ciberseguridad para usuarios y trabajadores.

 

Foto: xpendor.com

Las propuestas de AEBU para mejorar el combate al lavado de activos

Las propuestas de AEBU para mejorar el combate al lavado de activos

Documento de AEBU: Lavado de activos

por Camacuá Diario

El documento elaborado por el Consejo Central de AEBU ya está disponible en el portal del sindicato y está siendo presentado a los distintos candidatos que se presentan a las elecciones nacionales del próximo 27 de octubre.

En él se desarrollan diagnósticos y propuestas que para AEBU son muy importantes y que tienen que ver con el presente y el futuro del sistema financiero en Uruguay. 

Uno de ellos es el lavado de activos, cuyo combate en nuestro país ha mermado en los últimos años. Según el informe, «el sistema actual presenta varias deficiencias que deben ser abordadas de manera urgente» para que el problema no se torne aún más grave.

Basta ver algunos datos, como por ejemplo que en todo el año 2022 los ROS (reportes de operaciones sospechosas) incluidos en los casos remitidos a Fiscalía y los casos puestos en conocimiento a la Fiscalía  por la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) fueron mínimos: apenas 15 y 12 respectivamente.

Si eso no fuera lo suficientemente alarmante, durante todo el 2023 solo se registraron dos condenas por lavado de activos, ambas mediante procesos abreviados. «Estas cifras reflejan las dificultades que atraviesa el sistema antilavado del país», concluye el documento.

Sumado a esto, la Senaclaft (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo), creada en 2015, actualmente enfrenta obstáculos que impactan negativamente en su efectividad operativa. Estos obstáculos tienen que ver con falta recursos económicos, recursos humanos -la Senaclaft no tiene funcionarios efectivos, todos están bajo régimen de pase en comisión- y coordinación.

El presupuesto destinado a las actividades de lucha contra el lavado de activos es otro aspecto crítico, no solo en la Senaclaft, sino en todas las oficinas públicas que cumplen un papel en este tema. Estas restricciones presupuestarias, explica el documento, «limitan la capacidad de los organismos para llevar a cabo investigaciones exhaustivas, monitorear adecuadamente a los sujetos obligados y realizar las condenas pertinentes».

Las amenazas

La principal amenaza en la lucha contra el lavado de activos es el narcotráfico, mientras que el segundo tipo de delito respecto del cual existen investigaciones por lavado de activos llevadas a cabo por la Policía es la estafa.

Según la última ENR (Evaluación Nacional de Riesgos) de la Senaclaft, «Uruguay ha dejado de ser simplemente un país de tránsito de drogas y ahora se ha convertido también en un lugar de acopio y producción de estupefacientes». Sin embargo los controles distan mucho de mejorar su eficiencia, por ejemplo, en las direcciones nacionales de Migración y Aduanas, también por falta de presupuesto.

El contrabando es otro factor influyente en este tipo de delitos y se ha detectado un aumento en el volumen de este a través de diversos productos: cigarrillos, alimentos, bebidas, vestimenta, ganado, productos electrónicos y muchos otros tipos de mercadería.

En comparación con otros países de la región, Uruguay reporta un número significativamente menor de operaciones sospechosas. Mientras que en 2020 se reportaron en Uruguay menos de 700 operaciones sospechosas, países como Argentina y Perú reportaron más de 39.000 y 10.000 de estos reportes en dicho año, respectivamente; Chile, en tanto, reportó más de 11.000 ROS en el año 2022. Esta disparidad puede deberse a múltiples factores, incluyendo diferencias en la estructura institucional, la eficacia de las medidas de detección y el marco legislativo.

Propuestas de AEBU

  • Aumentar los recursos de todos los organismos y dependencias involucrados en el sistema nacional contra el lavado de activos y, con particular énfasis, a la Senaclaft y la UIAF.
  • Desarrollar programas de capacitación continua para los funcionarios encargados de la detección y represión del lavado de activos.
  • Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional y formar equipos estables de trabajo interinstitucionales.
  • Revisar los artículos de la Ley de Urgente Consideración que permiten realizar negocios con mayores montos de dinero en efectivo.
  • Limitar el uso de procesos abreviados, permitiendo así investigaciones más exhaustivas que puedan rastrear el origen y el destino del dinero involucrado.
  • Fortalecer el intercambio de información con otros países y organismos internacionales.
  • Desarrollo e implementación de sistemas avanzados de información y análisis.
  • Crear un marco regulatorio específico para la supervisión y control de las criptomonedas, así como empezar a tipificar los delitos informáticos relacionados.

 

Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS