De los más de 700 artículos que posee el proyecto de Ley de Presupuesto, actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, hay un grupo de ellos que refieren al Banco Central del Uruguay y proponen cambios a su Carta Orgánica.

Uno de los más importantes es el artículo 690, que amplía el perímetro regulatorio de la institución. Es decir, que el BCU pasa a controlar actividades que antes estaban incluidas en zonas grises o fuera del alcance de la supervisión.

Según explicó la economista Soledad Giudice, en entrevista con Camacuá y Reconquista, el espíritu de esta modificación es «que el BCU deje de regular a determinadas instituciones taxativamente y se refiera más a la actividad», alcanzando así a actores que «no estaban encerrados en las instituciones tradicionales, pero que sí hacen actividad financiera».

Para Giudice, este cambio se produce en gran medida por las consecuencias del caso Conexión Ganadera, ya que las personas jurídicas que reciben fondos de inversión pero no emiten valores -como era el caso de los responsables de dicho caso- ahora sí pasarán a estar controladas.

En general la Comisión Técnica Asesora de AEBU entiende que la ampliación del perímetro en estos términos es una «modernización» del BCU, aunque hay otros aspectos de la Ley de Presupuesto que generan preocupación, por ejemplo el artículo 696 que refiere a las tercerizaciones de servicios controladas.

Este artículo elimina la obligación de obtener una autorización formal para hacer la tercerización, y bastaría solo con un aviso. Esto debilita la protección de información y datos de clientes, y «en un mundo tan dinámico, donde está la posibilidad de dar servicios en otros lados, es preocupante que no medie una autorización del Banco Central», valoró Soledad Giudice.

Otro punto que se entiende «un poco riesgoso» por parte de la CTA es el incluido en los artículos 702 y 703, los cuales «habilitan el intercambio de información entre las entidades reguladas, pero sin pasar por ninguna autoridad ni por la mediación del BCU».

Por otro lado, Giudice mencionó algunas facultades nuevas que incorporaría el Banco Central, como la de «implementar servicios de compensación y liquidación en el sistema de pagos» y la «gestión del repositorio de datos» en nuevas infraestructuras como el blockchain.

Finalmente, la economista destacó el cambio propuesto por la Ley de Presupuesto en su artículo 688, que crea la figura del Economista Jefe dentro del organigrama del BCU. Para Giudice este nuevo cargo, que se llenaría por concurso abierto y una duración prevista de seis años, no tiene una justificación suficiente.

Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS