Reforma previsional debe vincularse con futuro del trabajo

Reforma previsional debe vincularse con futuro del trabajo

Si analizamos el conjunto de nuestra previsión social podemos establecer dos sectores bien definidos: aquellos que reciben una cada vez mayor asistencia del Estado, la Caja Militar y el Banco de Previsión Social (BPS) por un lado, y por otro las tres cajas paraestatales. Fundada en 1925, la Caja Bancaria va camino ya de cumplir 100 años; la Notarial, instituida en 1941 se acerca a los 80, y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios —establecida en 1954— se acerca a los 70. Son instituciones históricamente arraigadas que, con una importante participación de los beneficiarios en su conducción, mantienen su solvencia y sus prestaciones.

Por el contrario, las entidades que necesitan un reequilibrio en su funcionamiento son el BPS, con 700 mil beneficiarios, y la Caja Militar con 60 mil beneficiarios. Ambas recibirán en 2020 una asistencia de alrededor de 700 millones de dólares cada una. Ante estas realidades se produjo una situación bastante particular: el desfinanciamiento de estas dos cajas condujo a la coalición de gobierno a resolver, en la Ley de Urgente Consideración, la constitución de una comisión especial para reformar todo el sistema, incluyendo a los institutos que funcionan con total normalidad. Esta comisión tendrá 180 días para estudiar la situación de la seguridad social y proponer un proyecto de reforma. El deseo expresado por el Gobierno es que en 2021 sea aprobada una reforma total de la seguridad social.

Al comenzar a funcionar el jueves 5 de noviembre la citada comisión especial, la Caja Bancaria presenta un panorama de estabilidad, solvencia y viabilidad de largo plazo. Todos sus cálculos actuariales explican que tiene más de 50 años de viabilidad proyectada, todo lo cual fundamenta que este instituto deba preservarse en su autonomía e independencia.

Este equilibrio económico y financiero y las muy fundadas proyecciones de futuro están basadas en una contribución extraordinaria que realizan tanto los jubilados como los activos y las empresas, que supera a la del régimen general. Este diferencial permite a Caja Bancaria brindar jubilaciones y pensiones comparativamente mejores, basadas en la aportación mayor que los trabajadores del sistema financiero realizan a lo largo de toda la vida laboral.

De gobernados a víctimas

De gobernados a víctimas

Transcurridos 240 días de su gestión, el Gobierno actual ha dado ya suficientes muestras como para ser evaluado desde el punto de vista ciudadano.

Una herramienta de convicción del nuevo presidente, que tuvo su peso en la batalla preelectoral, fue el gesto de «hacerse cargo», al dar por supuesta una capacidad fuera de toda discusión para enfrentar no solo los problemas existentes sino también los nuevos que aparecieran.

Es mirando este listón alto que debemos analizar distintas acciones de Gobierno que terminan repercutiendo sobre los trabajadores, la población en general y la fortaleza de las instituciones públicas.

AND: escenario de reflexión, movilización y denuncia

AND: escenario de reflexión, movilización y denuncia

En medio de un escenario de fuerte ofensiva contra las organizaciones sindicales, de cuestionamiento a sus formas de funcionamiento, agresiones a sus dirigentes, campañas mediáticas contra sus propuestas y hasta avances tendientes a limitar su capacidad de movilización, resulta fundamental asumir el desafío de fortalecer democráticamente el debate entre los trabajadores.

La alianza de gobierno continúa restaurando los privilegios de los sectores más poderosos a la vez que  implementa un proceso de transformación regresivo orientado a deteriorar las condiciones de vida, a la limitación de derechos y la restricción de las libertades. Todo ello justificado en un contexto real de  pandemia y de alegadas «herencias malditas». 

Dicha transformación combinó medidas de carácter recesivo  con acciones absolutamente insuficientes para atender a los sectores más afectados por la crisis. La LUC consolidó un programa de orientación represiva, concentrador y centralista, y las reformas estructurales incluidas en esta ley afectaron decisivamente las políticas públicas y la seguridad social. 

AND: escenario de reflexión, movilización y denuncia

Quebramos la pauta salarial

Quebramos la pauta salarial

Cuando a mediados de julio de 2019 el actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, proponía “mantener constantes” salarios y pasividades por dos o tres años, como forma de equilibrar el déficit fiscal, la mayoría de la población prefirió confiar en otros anuncios de campaña, que prometían que no habría pérdida de salarios.

Alfie apuntaba directamente a utilizar los salarios y jubilaciones como la “única forma de disminuir el rojo de las cuentas públicas sin aumentar impuestos”. Dejaba así claramente establecido que el programa de la coalición de Gobierno descargaría sobre los ingresos de la población el costo de reducir el déficit fiscal.

En aplicación de dicha orientación, con la pandemia como telón de fondo y la pérdida de empleo del sector privado haciendo presión sobre los trabajadores, se construyeron las pautas salariales. Pautas que se aplicarían en coincidencia con las patronales para producir una rebaja salarial generalizada. Esta decisión política implica que al 30 de junio de 2021 se producirá una reducción salarial equivalente a la caída del PBI. Dicho de otra forma: se descargará sobre los ingresos de los trabajadores la totalidad de la caída de la actividad económica.

Editorial Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU - Quebramos la pauta salarial

La motosierra llega al Inefop

La motosierra llega al Inefop

Vistos los recortes presupuestales anunciados queda en claro que la inversión social será la más afectada por la política de ajuste del Gobierno.

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), de conformación tripartita, administra el Fondo de Reconversión Laboral destinado a estimular el desarrollo social y productivo del país, a partir del diseño y la ejecución de políticas públicas en materia de empleo y formación profesional.

Con este cometido, el Inefop en primer término identifica los intereses y necesidades de empleadores y trabajadores, así como los de la población más vulnerable frente a la desocupación. Sobre esa base brinda luego asistencia técnica y formación profesional a empresarios, emprendedores y directivos de empresas, y conduce programas de capacitación para trabajadores en actividad y en seguro por desempleo. Con estos fines proporciona becas y tutorías destinadas a lograr la continuidad educativa de los trabajadores.

Imagen portada: Fachada del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) | Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS (Achivo, 2018).

Editorial de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU