Migración en tiempos de COVID19: “Somos todas vecinas y vecinos de este mundo, la solidaridad y los lazos son claves”
Valeria España es abogada, docente, consultora en Derechos Humanos, Género y Migración. A raíz de la acción solidaria que se está organizando por diferentes barrios, que también involucra a AEBU en Ciudad Vieja, le consultamos sobre la situación en general de las personas migrantes en Uruguay.
España explicó que desde 2009 “el saldo migratorio negativo se modificó” por lo que Uruguay es un país que “recibe migrantes”. La mayoría “es de origen latinoamericano, caribeño, a diferencia de otros flujos migratorios que lo antecedieron” y eso ha traído “diversos desafíos” porque existe una “normativa que reconoce el derecho a migrar pero en la práctica existen muchas dificultades” en la implementación “de una política migratoria con un enfoque de los derechos fundamentales”.
De esta manera, la abogada explicó que con el incremento de personas de origen cubano y dominicano aumentaron las “situaciones de explotación laboral, vinculadas a la regularización migratoria”. Esto “evidentemente iba en contra de todo el caudal normativo de avanzada” que “se decía que existía” por lo que se “activaron diferentes redes solidaria, acciones implementadas desde la sociedad civil organizada” que “generaron un sostén” en situaciones concretas y dificultades que especialmente vivían las personas migrantes recientes. “Frente a eso, algunas de las iniciativas fueron Jóvenes Migrantes que impulsó un grupo de migrantes junto con el Centro de Promoción y Defensa de DDHH y Casa Mario. También está la casa de Idas y Vueltas que ha acompañado. También hay algunas entidades religiosas que se han involucrado con la temática y sin embargo siempre lo que hemos visibilizado es que el abordaje de la migración no tiene que ser claramente de tipo asistencial sino que también tiene que tener una perspectiva política en el sentido de poder reconocernos los unos a los otros como ciudadanos y ciudadanas en este caso de esta ciudad montevideana pero del Uruguay. Entonces nos parece muy pertinente que también las autoridades, dado que no se hizo en los años pasados, logren implementar una política migratoria acorde a los desafíos que tenemos”
El contexto de emergencia sanitaria a raíz de la pandemia de COVID-19 no se vive de la misma manera en todos los sectores de la población. Las personas con actividades económicas irregulares o zafrales son muy afectadas por la suspensión de distintos sectores a la vez que están más expuestas a transitar quebrantos de salud menos amparadas por las instituciones. Este sector de la población tiene un porcentaje importante de migrantes, que además no cuentan con redes vecinales o familiares de contención. Valeria España explicó que esta situación ya era compleja para las personas migrantes, “era algo que se ponía sobre la mesa en sucesivos informes de SERPAJ”, donde surgen “preocupaciones específicas en el marco de la emergencia sanitaria”. En primer lugar, las dificultades que surgen en la situación de las personas que acaban de llegar a Uruguay, “seguramente buscando empleo”. Todas esas “etapas de inserción en lo laboral y también en lo social y en lo educativo” son un desafío importante para todas las personas en este momento pero tienen complicaciones adicionales si la persona es migrante. “No tener redes, un espacio para habitar, además del derecho de piso” que se impone sobre estas personas que se consideran extranjeras.
En este sentido, España dijo que “desafortunadamente prima una perspectiva muy nacionalista también en el marco de estas emergencias” y que “esa idea de pensar esta epidemia como un desafío exclusivamente para los uruguayos es un error porque una de las grandes lecciones que nos está dando justamente este momento que nos tocó atravesar es el desafío sería pensarnos de una manera mucho más amplia que trasciende las fronteras y que trasciende las identidades nacionales”.
Para la abogada, esto es “fundamental tenerlo en cuenta con la especificidad” debida, por lo que significa para una persona estar en esta situación, “en un lugar al que acaba de llegar, que no conoce, que no tiene redes y en el que había depositado muchos sueños para salir adelante”. Por esto, remarcó que “las medidas que se están tomando en la sociedad civil, de vecinas y vecinos organizados en ollas populares en diferentes barrios son clave” porque “es necesario tomar en cuenta la especificidad de la migración en este momento que nos tocó vivir”.
“Somos todas vecinas y vecinos de este mundo, entonces creo que la solidaridad y los lazos son claves”, agregó y remarcó la importancia. En este sentido, “las ollas populares obviamente específicas para determinados sectores que se organizan” son importantes porque “muchas personas por esas redes que se van construyendo de a poco, sienten más confianza para poder acercarse” y tender lazos en los barrios, “eso es fundamental”.
En cuanto a Ciudad Vieja específicamente, España explicó que se ha atravesado “una situación particular” porque “al igual que en otros países” se volvió “un espacio de identidad y de habitabilidad de personas migrantes”. Históricamente por estar cerca del puerto ha sido receptor de inmigración pero “poco a poco se han ido desplazando a otros puntos de la ciudad por diferentes estrategias de especulación inmobiliaria que han expulsado a las vecinas y vecinos de Ciudad Vieja”.
Valeria España es una de las fundadoras del Centro de Promoción y Defensa de los DDHH (CDH), una organización que reúne a profesionales en torno a la temática, donde se “brinda asesoramiento y acompañamiento jurídico de primer nivel” y aporta “al cumplimiento de los derechos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico”, según consigna su sitio web. España explicó que desde este espacio “ha habido oportunidad de acompañar algunos procesos para resistir desalojo” donde se encontraron con “situaciones tremendas porque claramente pasan los años y quizá ese inmueble sigue vacío, pero se tenía ese ánimo de vaciarlo”. También han tenido información de que “en el marco de esta emergencia “hay personas que están en riesgo de ser desalojadas”. Sin ir más lejos, el viernes 13 -antes de la declaración de la emergencia sanitaria- lograron “postergar un desalojo, gracias a la organización de las vecinas y vecinos”. Una semana después supieron “otro proceso de desalojo, por la vía penal que estaba en proceso» y que afectaba también a personas migrantes. “Esto suma a la emergencia sanitaria la emergencia habitacional y la expulsión paulatina”.
Además Ciudad Vieja “ha sido un punto de encuentro para la población migrante” porque cuando recién llegan aunque “no vivan por ahí hacen una serie de trámites, están habitando esos espacios permanentemente”. Pero esto cambió porque “la atención en el ámbito de la regularización migratoria, las oficinas públicas están con una atención al público reducida, muchos servicios se derivaron a líneas telefónicas”.
“Por ese lado también me parece que las redes solidarias son claves pero hay responsabilidades estatales específicas que tienen que tomarse en cuenta”, afirmó España, ya que “el Estado tendría que poder dar una respuesta a las personas migrantes recientes, que hayan ingresado su trámite migratorio o no, y le pueda dar alguna mayor certeza para pasar este difícil momento que estamos viviendo”. En otros países, como Portugal, el gobierno tomó la medida “una regularización express para las personas migrantes de tal manera que puedan acceder a una batería de atención en caso sobre todo de complicaciones médicas y también la propia certeza del espacio en el que están”.
Además España reclamó no olvidar que “en momentos de emergencia sanitaria también se habilitan procesos de exclusión e hipervigilancia donde las fuerzas represivas tienen un rol que se les ha asignado y por lo tanto las personas migrantes siempre son considerados extranjeros, intrusos, y por lo tanto se sospecha permanentemente de sus intenciones. Hay que tener mucho cuidado con cualquier tipo de abuso en ese sentido. La regularización migratoria tendría que ser también parte del componente de medidas que se les exige a las autoridades en el marco de esta emergencia Son muchos los desafíos.”
Espacio Sin Fronteras, que es una organización sudamericana, presentó un comunicado que tiene que ver con las diferentes medidas que tendrían que adoptar los Estados en el marco de esta emergencia, especialmente con la urgencia de pensarnos como ciudadanos universales. Valeria España recalcó que “es clave” tenerlo en cuenta porque la idea de “pensar que de estas nos salvamos solamente por estados separados es un error gigante y es parte de la lección que nos tiene que quedar de esta pandemia que nos tocó vivir”.
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