En La Trama conversamos con el economista Martín Vallcorba, coordinador del Programa de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para analizar los cambios que plantea el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) propuesta por el gobierno electo.

La llamada Ley de Urgente Consideración modifica, deroga y agrega artículos de la Ley de Inclusión Financiera. Sobre esto Martín Vallcorba dijo que «todos esperábamos que el gobierno entrante introdujera modificaciones porque fue parte de la campaña, del compromiso que firmaron los distintos socios de la coalición multicolor. Lo que sorprendió fue la extensión y el alcance de las modificaciones que están planteadas».

Una de las modificaciones que podían ser previstas es la eliminación de la obligatoriedad en el pago de las remuneraciones. Este planteo se fundamentó en que el cambio daría a los trabajadores «el derecho a elegir». Para Vallcorba, esto trae una serie de complicaciones por la «asimetría que existe entre el trabajador y el empleador» que hace que «no sea sencillo garantizar ese derecho».

Vallcorba afirmó además que «el alcance real del anteproyecto va mucho más allá», porque «no sólo se elimina la obligatoriedad sino que además no se le da el derecho de elegir al trabajador.» La LUC plantea que tiene que ser un acuerdo entre trabajador y empleador». Como este acuerdo se debe dar al comienzo de una relación laboral, «quien termina imponiendo la voluntad sobre cómo pagar es el empleador», por lo que es a este último al que se le da la libertad de «pagar como quiera». El economista agregó que «era un cambio previsible pero con un alcance y un contenido muy diferente al que estaba planteado.»

Por otro lado el anteproyecto de la Ley de Urgente Consideración propone la «eliminación de todas las disposiciones que regulan los pagos de montos elevados», lo que para el economista «fue una sorpresa». Al momento, la Ley de Inclusión Financiera establece que las transacciones cuyo monto supere las 40.000 unidades indexadas (poco más de 4500 USD) no pueden realizarse en efectivo. Esto no quiere decir que «se tenga que hacer por medios electrónicos», ya que al momento «pueden hacerse con cheques o letras de cambio», explicó Vallcorba y reafirmó que esto no quiere decir «que se imponga el uso de medios electrónicos, sino que lo único que se restringe es el uso de efectivo».

La necesidad de restringir el uso de efectivo tiene que ver con «mejorar las herramientas para controlar el lavado de dinero». Vallcorba entiende que eliminar estas disposiciones habilita la compra de un inmueble, por ejemplo, tasado en «un millón de dólares y llevar el dinero en un maletín».

Se trata de «un cambio inesperado que significa un retroceso muy grande en lo que han sido los avances que Uruguay ha tenido en materia de transparencia y mejora de las herramientas para combatir el lavado de dinero».