Cerca de 230 millones de dólares por año pierde el BPS por exoneraciones al aporte patronal. En el agro se aporta menos de un tercio. Sobre esto hablamos con el economista Hugo Bai, del Instituto Cuesta Duarte, luego de la comparecencia del PIT-CNT en el Parlamento el viernes pasado.

El Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS junto al Instituto Cuesta Duarte presentó un informe sobre el «Impacto de la reforma previsional sobre las jubilaciones» que brinda datos y proyecciones sobre las distintas etapas de aplicación de la reforma propuesta por el gobierno y alerta sobre un recorte de las jubilaciones entre el 10% y el 38%. Desde el gobierno no se ha dado respuesta a los cálculos planteados en este informe aunque el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, se apresuró a afirmar que se trata de datos «falsos».  

“Las críticas no las conocemos porque lo único que se dijo sobre ese informe, que yo entiendo es el único hasta ahora que se ha conocido sobre los impactos que tendría la reforma jubilatoria justamente en las prestaciones a las que accederían los jubilados a futuro, no ha habido otros informes.  Simplemente el gobierno lo único que señaló es que lo datos eran falsos. Me parece que sin haber hecho un análisis demasiado profundo porque eso se afirmó prácticamente al otro día que se dio a conocer el informe y no se presentaron detalles de dónde estarían los errores del trabajo”, dijo Hugo Bai.

En definitiva, no se ha refutado que las personas trabajarán cinco años más por jubilaciones más bajas.

“Después de hacer un análisis global sobre diferencias de carácter central que hay con la propuesta de la reforma jubilatoria, tuvimos la oportunidad de presentar a los legisladores el documento, las principales conclusiones, las comparaciones que allí se realizan, donde se muestra que efectivamente la gente se va a jubilar más tarde -a los 65 años- respecto a lo que otorga el régimen actualmente, pero incluso si hacemos la comparación con cómo se va la gente bajo el régimen vigente a los 60 años, que es la edad mínima legal que hoy permite jubilarse, incluso en muchos casos, no en todos, la gente se va con jubilación menor. Allí tuvimos la oportunidad con los senadores que integran la comisión que hoy está estudiando la reforma jubilatoria de mostrarles esos resultados y allí no surgió  ningún tipo de cuestionamiento al informe y les dejamos varios documentos que dan cuenta de esos impactos”.

Una de las principales razones por las que el gobierno planteó la necesidad de reformar la seguridad social tiene que ver con el financiamiento, de dónde sale el dinero que sostiene las jubilaciones. ¿Cuáles son las críticas que plantearon con respecto a las inequidades de quienes aportan para sostener la seguridad social?

«Ese es uno de los cuestionamientos fundamentales. Aquí todas las medidas que se proponen, o las principales, digamos, giran entorno a la idea de reducir las prestaciones, los derechos, los beneficios que van a tener los actuales trabajadores una vez que se jubilen y nosotros entendemos que hay una necesidad a atender que tiene que ver con el cambio demográfico y la sostenibilidad financiera del sistema pero se debe lograr con mucho mayor equidad. Donde haya aporte de todos los sectores de la sociedad y no solo de parte las trabajadoras y los trabajadores. En ese sentido no parece que desde el punto de vista del financiamiento, de los ingresos, había una cantidad de temas a tener en cuenta por ejemplo, lo que son las exoneraciones de aporte patronal, que hoy hay muchos sectores que no pagan nada de aporte patronal. Eso implica una renuncia fiscal de unos 230 millones de dólares anualmente para el BPS; también el aporte patronal rural que tiene un régimen diferente a cómo aportan otros sectores del comercio pero fundamentalmente un régimen muy beneficioso, que implica que aporten aproximadamente la cuarta parte de lo que aporta cualquier empresa en Uruguay, que integre el régimen general de aporte patronal. También allí en el sector rural nos parecía que había una situación inequitativa a atender». 

El gobierno plantea una reforma que mantiene privilegios para algunos sectores

«Y planteamos otro conjunto de propuestas. Surgió por ejemplo cuando se habla de la discusión sobre la Caja Militar, un sistema que está en condiciones bien diferentes que cualquiera de los otros subsistemas que integran el régimen en Uruguay y a nosotros nos parecía que también parte de aquellos militares que se habían estado retirando en las últimas décadas en nuestro país con condiciones tanto en lo que refiere al acceso a las jubilación como en el cálculo de los beneficios, muy beneficioso, nosotros allí hablamos directamente de privilegios que están consagrados en esas jubilaciones; y planteamos la posibilidad de un impuesto a las altas jubilaciones militares, como ya existe por cierto en la Caja Bancaria, en la Caja Notarial, e incluso el propio gobierno evalúa que se instrumente uno de similares características para los jubilados profesionales frente a lo que son las dificultades de la Caja de los Profesionales. Considerando la realidad de la Caja Militar, que claramente es el sistema con mayor desequilibrio y con mayores injusticias o inequidades respecto al resto de los subsistemas, nos parecía bastante obvia la necesidad de incorporar también allí un impuesto a las altas jubilaciones militares, repito, no a todas. Pero tampoco fue considerada esa propuesta entonces evidentemente por el lado del financiamiento hay una cantidad de sectores que deberían formar parte del nuevo pacto social que se pretende construir a partir de esta reforma y que claramente están quedando por fuera y que en última instancia están cargando las tintas sobre los derechos y los beneficios de las y los trabajadores”.

¿Cuáles serían las propuestas con respecto al régimen de ahorro individual, de AFAP, que se profundiza con la reforma planteada por el gobierno?

«Allí justamente tenemos diferencias muy notorias que quedaron en evidencia al momento de discutir el diagnóstico cuando estaba funcionando la llamada “comisión de expertos en seguridad social”. Claramente partíamos de visiones distintas sobre el sistema actual. Habían fracasado en varias dimensiones importantes, básicamente la idea aquella de un sistema de competencias entre privados que iba a permitir que fruto de esa competencia se cobraran comisiones muy bajas, y que eso iba a beneficiar el ahorro de los trabajadores. Lo que nos encontramos es que justamente ocurrió todo lo contrario. La competencia que se anunciaba en los años noventas nunca se produjo, se generaron costos muy elevados, por la vía de las comisiones que las AFAP descuentan a los aportes que hacemos los trabajadores y eso generó un lucro totalmente desmedido en el sector y que fue en detrimento del ahorro que pudieran ir obteniendo las personas a lo largo de su vida laboral. Por lo tanto, nos parecía que había que hacer una reforma profunda a partir de ese fracaso del régime de AFAP y plantear la posibilidad de incorporar, de mantener un pilar de ahorro, de capitalización pero con características completamente diferentes. Una administración profesional por parte del Estado para lo que es la cartera de inversiones, los activos que allí se administran, donde -obviamente, sin fines de lucro, sin descuentos para las y los trabajadores- sobre la base de que el Estado garantizara el mayor beneficio posible para quienes tienen la obligación de ahorrar en ese régimen. Ese es un poco el planteo general que ha hecho la central a lo largo de todo este tiempo y tampoco fue considerado, ni contemplado, y de hecho vemos que justamente se propone extender el régimen de capitalización individual privatizado al resto de los subsistemas, en particular a la Caja Bancaria, y por otro lado también la obligatoriedad. Hoy para quienes ganan menos de 71 mil y pico de pesos el sistema es de carácter voluntario y ahora se plantea que todos, por una parte de sus aportes personales, van a estar obligados a aportar a la AFAP. Allí también hay otro de los temas donde no ha habido posibilidades de ponerse de acuerdo y que claramente, lo que se refleja del proyecto de ley, tiene una visión totalmente inversa de la que tiene el movimiento sindical”.