«No hay intención política de dar cumplimiento a la ley de violencia de género»

«No hay intención política de dar cumplimiento a la ley de violencia de género»

El próximo 25 de noviembre se conmemorará un nuevo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una jornada de reflexión estipulada hace más de veinte años por las Naciones Unidas con el objetivo de poner el foco en una problemática que aqueja a las sociedades de todo el mundo.

En ese marco, Camacuá Diario conversó con la abogada Carolina Camilo, presidenta de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, quien brindó un testimonio calificado sobre el tratamiento judicial que tiene la violencia de género en nuestro país.

Camilo hizo referencia a la ley 19.580, promulgada en el 2017, una normativa que «marcó un antes y un después en la forma en que el Estado tiene que dar respuesta a las víctimas», «creó respuestas interinstitucionales a los efectos de la erradicación» y «modificó los derechos de las víctimas y su participación».

Sin embargo, la ley no ha tenido los efectos deseados, diagnostica Camilo, dado que «no ha sido implementada, o ha sido implementada excepcionalmente». «La mayoría de los artículos no pueden ser aplicados porque ha habido falta de recursos, pero también falta de priorización en la gestión de los recursos», expresó la defensora pública.

A modo de ejemplo, Camilo relató que «la ley encomienda la creación de juzgados especializados de violencia de género, doméstica y sexual», pero estos solo se crearon en tres ciudades: San Carlos, Salto y Rivera. «Si ni siquiera tenemos los juzgados, es muy difícil aplicar la respuesta judicial que se prevé», sentenció.

Otro ejemplo es que el Poder Judicial en los últimos años «ha pedido la creación de más de 60 cargos de defensoría pública para atender la demanda», sin embargo del 2017 al presente solo se adjudicaron 9 cargos en todo el país, lo cual demuestra «la insuficiencia de recursos» que existe.

Para Camilo, «no hay intención política de dar cumplimiento a la ley 19.580″, ya que «los compromisos políticos sobre determinadas temáticas se demuestran con presupuesto y énfasis en esas políticas públicas».

Además, agrega la presidenta de ADEPU, «no es correcto el abordaje que está haciendo el Poder Ejecutivo de la realidad», recordando los proyectos que este hizo de modificar la ley a causa de las denuncias falsas. «No se trata de seguir modificando leyes, sino de fortalecer las instituciones», opinó Camilo.

Las denuncias falsas son «un número muy ínfimo» y además «tienen consecuencias penales». «El gran flagelo es el número de víctimas que tenemos año a año, la respuesta que estamos dando y la cantidad de incumplimientos», dijo la abogada.

Por último, Camilo criticó la ausencia de la violencia de género en la campaña electoral. Esto se debe, entiende, a «la falta de conciencia de que la violencia de género es un tema de seguridad pública»  y a que «al sistema político le falta entender el fenómeno y comprender las consecuencias».

Respondiendo a algunas propuestas surgidas en los últimos tiempos, la defensora pública dejó en claro que «comprar más tobilleras no es la solución a este problema», y comentó que «todavía estamos a tiempo para que en la ley de presupuesto del año que viene haya un compromiso real con esta problemática».

Asalto a camión de Prosegur derivó en tiroteo: los trabajadores resultaron ilesos

Asalto a camión de Prosegur derivó en tiroteo: los trabajadores resultaron ilesos

El hecho sucedió pasadas las 9 de la mañana de este jueves, en el predio de una distribuidora de alimentos para mascotas, ubicado en el barrio Lavalleja de Montevideo, en la intersección de Avenida de las Instrucciones y Camino Edison. Allí una dotación de trabajadores de Prosegur hacía una remesa, cuando fueron atacados por un grupo de delincuentes.

Estos ingresaron al predio en una camioneta y, en el momento que se retiraba el camión de Prosegur con la remesa, abrieron fuego contra los trabajadores para hacerse de la bolsa que contenía aproximadamente 2,8 millones de pesos. Los compañeros respondieron al tiroteo y, aunque no pudieron evitar la rapiña, afortunadamente no sufrieron heridas.

En diálogo con Camacuá Diario, el integrante del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU y trabajador de Prosegur, Gerónimo Bera, comentó el incidente. «Una vez más, después de algunos años de cierta paz, volvimos a ser víctimas de un asalto», lamentó Bera, quien destacó «la alegría inmediata de saber que todos los compañeros están ilesos, ninguno sufrió ninguna herida, más allá del trauma que genera la situación».

Bera informó que la dotación que hacía la remesa estaba conformada por seis compañeros: tres integrantes que iban en el camión y tres en el auto de apoyo.

El tiroteo arrojó al menos dos delincuentes heridos y activó una intensa búsqueda por parte de la policía en la zona, que por lo que trascendió en la prensa ya había detenido a cinco delincuentes y recuperado parte del botín.

La importancia de la prevención

Minutos antes de trasladarse hasta el lugar de los hechos «para acompañar a los compañeros y ver de primera mano cómo están y cómo se sienten», Bera reflexionó sobre la importancia de la prevención para que estos hechos no ocurran.

«Nosotros desde que hemos sido víctimas de varios asaltos, siempre hemos tratado de aportar ideas y cosas que se pueden mejorar», recordó el dirigente. «En cuanto a infraestructura podemos decir que se ha avanzado un montón», destacó, y puso como ejemplo que «se hacen prácticas de tiro asiduamente, todos los trabajadores cuentan con pistolas 9mm y los chalecos antibalas están en condiciones».

Para Bera «la base para evitar esto es la prevención: cómo nos apostamos, cómo observamos el entorno donde estamos trabajando, esa es la mejor forma de cuidarnos». Además contó que, ni bien sucedió el hecho, el sindicato emitió un comunicado a nivel interno para informar el estado de salud de los compañeros y mantener en alerta al colectivo.

Los meses del verano suelen ser los más complicados, ya que se da «un contexto de mayor riesgo en el que tenemos que estar más atentos que nunca». «Exhortamos a los compañeros a tener precaución, estas cosas nos ayudan a abrir los ganchos y tratar siempre de corregir errores», concluyó Bera.

Los trabajadores víctimas de este asalto, que en horas de la tarde aún permanecían en el lugar para atender los relevamientos pertinentes de la Policía Científica, tendrán algunos días de descanso antes de reintegrarse.

 

Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

Si se cambia la ley de VBG, «las víctimas van a estar cada vez más desprotegidas»

Si se cambia la ley de VBG, «las víctimas van a estar cada vez más desprotegidas»

La ley de violencia hacia las mujeres basada en género ha estado en el centro de la discusión política en las últimas semanas. La denuncia falsa que recibió el precandidato frenteamplista Yamandú Orsi ocasionó críticas del oficialismo a la ley e incluso la propuesta concreta del presidente de la República de modificar algunos artículos.

Ante este proyecto de cambiar cuatro artículos de la ley 19.580, en Camacuá Diario conversamos con la magíster, docente e investigadora Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso y referente de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, para conocer qué consecuencias podrían traer estas modificaciones.

En primer lugar, Tuana detectó «un gran entrevero, que no es inocente, que es decir que la denuncia falsa a Orsi tuvo que ver con la ley 19.580», cuando en realidad al exintendente de Canelones «se lo denuncia por un delito de lesiones, no por violencia basada en género».

Para la experta, algunos sectores de la opinión pública «aprovechan esa circunstancia para volver sobre un tema que es que ‘cualquier mujer se puede enojar contigo, te hace una denuncia y vos perdiste todas las garantías'». «Eso es una mentira enorme, que desde hace varios años se pretende poner sobre la mesa. Nadie va preso por el solo relato de una mujer, niño o niña», afirmó Tuana, que recalcó la importancia de «tirar abajo el relato de posverdad de que estamos inundados de denuncias falsas y que los varones han perdido las garantías».

Uno de los motivos esgrimidos por Lacalle Pou para cambiar algunos artículos de la ley es que, desde su implementación en el año 2018, no se han mejorado las cifras de femicidios, argumento que Tuana tildó de «vergonzoso».

«Tenemos una herramienta que es maravillosa a la que no se le dio presupuesto, por ejemplo para trabajar en la prevención, tener juzgados especializados con equipos técnicos, defensores y jueces suficientes» explicó Tuana, que entiende que «decir que la ley no pudo cambiar la situación es una vergüenza, hasta una tomadura de pelo para todas las víctimas».

Una de las modificaciones propuestas por el presidente de la República tiene que ver con la valoración de las pruebas. Sobre esto, Tuana recordó que «una de las cosas que la ley protegió es que no se pueda utilizar ninguna prueba ni pericia para desacreditar la palabra del niño, niña o adolescente». Este proyecto quita esa protección y «reconoce que los niños pueden ser alienados y se le pueden implantar falsos recuerdos».

Otro punto en debate es el artículo que, según la propuesta de Lacalle Pou, obliga a las víctimas a ir al proceso civil solo cuando esté establecida la pena de condena, lo cual «deja en peores condiciones a las víctimas que a cualquier víctima de otros delitos».

Finalmente, Tuana expresó que las voces que ahora critican la ley 19.580 son las mismas «que hicieron lobby para la ley de corresponsabilidad en la crianza» y que «ahora vienen por la derogación de la ley, pero como no se animan a ir a tanto, el primer paso es tocar algunos puntos neurálgicos». «Si esto se aprueba», concluyó la académica y militante, «las víctimas de violencia van a estar cada vez más desprotegidas».

 

Foto: PIT-CNT

«Uruguay debería elevar la edad del matrimonio a 18, sin ninguna excepción»

«Uruguay debería elevar la edad del matrimonio a 18, sin ninguna excepción»

En el marco del Examen Periódico Universal, varias organizaciones sociales presentaron informes ante la ONU sobre distintas problemáticas relevantes para Uruguay. Una de ellas es es la violencia basada en género y generaciones, sobre la cual trabajaron la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y la asociación civil El Paso.

La psicóloga Fabiana Condon, integrante de El Paso y coordinadora de la Red, conversó este viernes con Camacuá Diario y explicó los puntos fundamentales del informe, que resumen un problema que aún no encuentra solución definitiva en nuestro país.

Condon destacó que «hace muchos años se viene visibilizando la violencia contra las mujeres y contra los niños, niñas y adolescentes», y valoró el avance de la ley 19.580 del año 2008, la cual «incorpora más directivas internacionales que ubican al Estado uruguayo como responsable de dar respuestas».

Sin embargo, los resultados aún son magros debido «al incumplimiento del Estado de dar presupuesto para la implementación de esa ley». «No se ha invertido claramente en la atención, prevención y la persecución del delito», señaló Condon.

«La ley es muy buena en la letra, pero cuando no se dan los recursos económicos para que los jueces puedan atender la carga de audiencias que deberían llevar adelante, cuando no hay inversión económica para que existan defensores de oficio para todas las personas que lo requieran, o cuando no hay fiscalías especializadas en todo el país, lo que ocurre es que hay respuestas ineficientes y las cosas no suceden en tiempo y forma», agregó.

Otro tema en el cual el Estado uruguayo sigue omiso es en el de aumentar la edad del matrimonio a 18 años, como sugieren los organismos internacionales de Derechos Humanos. «No tiene excusas que Uruguay no haya elevado la edad del matrimonio. Ni el Estado, ni ningún actor político, ha priorizado a lo largo de estos años el problema de la violencia, la trata y la explotación sexual contra niños y niñas», apuntó la coordinadora de la RUCVDS.

«Casarse es una actividad del mundo adulto, no de la infancia ni la adolescencia. El matrimonio trae responsabilidades pensadas para el mundo adulto; vivir en pareja coarta el acceso a la educación y la continuidad educativa», argumentó la experta.

A nivel general, Condon dejó en claro que estas formas de violencia basadas en género y generaciones no son aisladas en la sociedad, sino que responden a un sistema machista y patriarcal. «La desigualdad de género se ve también en las estadísticas de acceso al trabajo, en los índices de desempleo, en la carga de cuidados que sobrecaen en las mujeres, en la participación política que relega a las mujeres. La violencia y la explotación sexual son dos manifestaciones de esa desigualdad estructural, no las únicas», concluyó.

 

Foto: La Diaria

El recuerdo a las hermanas Mirabal, a 63 años de su cruel asesinato

El recuerdo a las hermanas Mirabal, a 63 años de su cruel asesinato

Este 25 de noviembre se conmemora un nuevo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y en ese marco AEBU vuelve a realizar una actividad de «compromiso y sensibilización», según contó Carmen Gambera, integrante de la Comisión de Género, Equidad y Diversidad del sindicato.

En declaraciones a radio Fénix, Gambera recordó que el 25 de noviembre de 1960 «asinaron a las hermanas Mirabal por orden del dictador Rafael Trujillo», en República Dominicana, que «con los años los colectivos feministas latinoamericanos tomaron esa fecha para conmemorar y recordar a las hermanas», y que en 1993 las Naciones Unidas decretaron el Día Internacional.

Gambera analizó también la situación actual de la violencia de género en nuestro país y señaló que «habíamos avanzado muchísimo después del 2017, cuando se aprobó la ley», pero que se volvió a retroceder a partir del 2020. «La pandemia no solo fue un problema para lo económico, sino también para la violencia», sostuvo.