El Gobierno entrega insumos a las ollas populares a través de una empresa privada, en una operación que genera dudas y sospechas ante la ausencia de información oficial.

AEBU sostiene su propia olla solidaria de los martes y jueves y está dando sustento, desde hace más de un año, a otras numerosas ollas y merenderos. Tras la publicación del informe «Ollas y merenderos populares en Uruguay 2020. Estimaciones económicas sobre el fenómeno» —que dio a conocer el formidable esfuerzo social que sostenía a más de 700 ollas en todo el país— el Gobierno se vio en la obligación de hacerse cargo de abastecer una parte de estas iniciativas populares. Pero no lo hizo de manera directa sino que recurrió a un intermediario. Con cabeza privatizadora desplazó al INDA, lógico ejecutor institucional de esta ayuda, y adjudicó de manera directa la tarea de compra, acopio y distribución a una ONG que acaba de ser denunciada por sus trabajadores informales debido a las malas condiciones laborales y a los despidos injustificados. Se dio aquí un caso paradójico: el mismo Gobierno de coalición que por un lado envía un proyecto de ley al Parlamento para obligar a los sindicatos a gestionar personería jurídica, por otro le entrega nada menos que 65 millones de pesos a una organización públicamente desconocida que incumple esa formalidad legal.