Proyecto Neptuno: ¿De qué se trata?
La mitad de la población no sabe de qué se trata el Proyecto Neptuno, según un estudio de la Usina de Percepción Ciudadana a fines dde 2022. De hecho, si bien se conoce con este nombre oficialmente se trata del Proyecto Arazatí. Entre quienes sí están al tanto de la iniciativa, 47% está en contra y 43% a favor.
En noviembre pasado el presidente Luis Lacalle Pou anunció su concreción en conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, donde también participaron el ministro de Ambiente, Adrián Peña; el presidente de OSE, Raúl Montero; y la vicepresidenta de esta empresa estatal, Susana Montaner.
Lacalle Pou dijo que se trata de «la mayor inversión en materia de agua potable y saneamiento de los últimos 150 años» y agregó que la inversión va a superar los 200 millones de dólares y que llegará a casi 500 millones de dólares en la etapa del saneamiento. Será “una inversión que hace a la seguridad de poder tener agua potable sin perjuicio de sequía, de fallas técnicas”, y suma “la posibilidad de tener saneamiento en una gran cantidad de pueblos de nuestro país, que va a alcanzar seguramente el número de 60”, sostuvo.
Adrián Peña, ministro de Ambiente, fue el encargado el “modelo de negocios” del proyecto y de explicar el vínculo del Estado con las empresas privadas que se involucran en la potabilización del agua para el Área Metropolitana. Además, el ministro destacó que se trata de una “iniciativa privada”, que implica una “ventaja para el grupo promotor pero que irá a competencia pública; por tanto, el número final surgirá de esa competencia pública y la posterior adjudicación”.
El director de OSE por el Frente Amplio (FA), Edgardo Ortuño, se manifestó en redes sociales tras el anuncio y criticó que no se tuviera en cuenta la advertencia de la academia sobre el impacto ambiental de la obra. “Gobierno aprobó Neptuno con cambios sustanciales y llamado a licitación, con 24 horas para su estudio, sin informes de técnicos de OSE. La Planta de Arazatí será más chica de lo previsto y la tubería de menor calidad”, indicó en una publicación en Twitter.
Según la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), el Proyecto Neptuno viola el artículo 47 de la Constitución de la República, que dice que “el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.
Investigadores de la Udelar alertan sobre la “creciente vulnerabilidad en el abastecimiento de agua potable en el sur del país.
En un manifiesto elaborado por investigadores del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA), Facultad de Ciencias y del Centro Universitario Regional Este (CURE) de la Universidad de la República (Udelar), se describen varias problemáticas y vulnerabilidades por las que atraviesan los cursos de agua que abastecen a OSE.
Los investigadores entienden imprescindible “mejorar el estado del ambiente de las cuencas usadas como fuente de agua potable, en particular la cuenca del río Santa Lucía”. Esto se debe al “deterioro” de la situación ambiental, sumada a la pérdida de biodiversidad que “podría reflejarse en una reducción de su capacidad de autodepuración”. Afirman en el documento que existen estudios científicos que indican que las “deficiencias en el saneamiento y tratamiento de efluentes, y las prácticas imperantes de producción agropecuaria altamente demandante de insumos químicos”.
Particularmente con respecto a la cuenca del río Santa Lucía, de donde se abastece el agua potable de Montevideo y el Área Metropolitana, se realizan recomendaciones debido a que los planes desarrollados al momento “han resultado insuficientes”.
Para detener el deterioro de la cuenca del río Santa Lucía se plantea en primer lugar, clasificar al río Santa Lucía como “destinado al abastecimiento de agua potable a poblaciones con tratamiento convencional (Clase 1 del Decreto 253/79 y modificativos). Esta clasificación ya ha sido aplicada a la Laguna del Sauce en 1998”.
En segundo lugar “evitar ingresar en un proceso de abandono de la gestión ambiental de la cuenca (…) así como de otras cuencas de abastecimiento de agua”. Y en tercer lugar, se recomienda “diseñar un sistema global descentralizado de las tomas de agua existentes para la zona metropolitana del cual el río Santa Lucía continúe siendo uno de los componentes fundamentales”. Según los expertos, este “descentralizado de las tomas de agua existentes para la zona metropolitana del cual el río Santa Lucía continúe siendo uno de los componentes fundamentales”.
Por otro lado, el documento afirma que es necesario “consolidar mejoras en el sistema de distribución de agua potable en el área metropolitana de Montevideo”. Por ello se llama a “disminuir las pérdidas en el sistema de distribución de agua mediante la actualización de la red de cañerías, aumentar la eficiencia en el uso ciudadano e industrial del agua potable, tomando como modelo experiencias internacionales exitosas; (…) evaluar el potencial económico y ambiental de descentralizar, en la medida de lo posible, los sistemas de abastecimiento de agua potable existentes en el área metropolitana y evaluar el restablecimiento de las que fueron abandonadas”.
Por último, los investigadores llaman a “priorizar el análisis de las limitantes ambientales involucradas en el proyecto Neptuno”.
El proyecto “implica una enorme inversión para el país, y por ello, su sustentabilidad ambiental debe ser evaluada estrictamente y comparada con otras alternativas para complementar al río Santa Lucía como principal fuente de agua potable”.
En el documento exponen ocho problemáticas aún no resueltas por el proyecto “que incluso amenazan la soberanía nacional referida al acceso a agua de calidad”. En primer lugar, “el Río de la Plata si bien tiene un volumen prácticamente inagotable, está sometido a la contaminación de cuencas y efluentes sobre las cuales se carece de soberanía”.
En segundo lugar se alerta sobre “el nuevo emisario subacuático de la cuenca del Riachuelo de Buenos Aires, que se adentrará 12 kilómetros en el Río de la Plata, y que se encuentra en las etapas finales de su construcción”. Esto “se suma” a la “contaminación actual”.
La salinidad del agua del río «supera ampliamente los valores aceptables para ser potabilizados en forma concomitante con períodos de bajas precipitaciones en las cuencas del Paraná y Uruguay (eventos La Niña)”. Esto supone un problema y aumento de costos en la potabilización.
Las cianobacterias son un problema cada vez más frecuente, y es el quinto problema señalado por los expertos, en particular en las costas del departamento de San José, donde se encuentra la localidad de Arazatí, donde se construiría la planta potabilizadora. A esto, dicen, “se le suma la dinámica diaria de la biomasa de cianobacterias en la zona, gobernada por la dirección e intensidad de vientos y corrientes, lo que impone una gran variabilidad de la calidad del agua bruta para su tratamiento y el consecuente riesgo sanitario”.
Por esto, el Río de la Plata “no es, ni puede ser considerado, una fuente infinita de agua para potabilización”. En sexto lugar, “la construcción de un pólder para generar un reservorio de agua dulce para ser utilizado cuando existan intrusiones salinas en el Río de la Plata, implica con nivel de certeza un mayor desarrollo de floraciones de cianobacterias, por su escasa profundidad y el mayor tiempo de residencia del agua”.
Tampoco se ha explicado por parte de sus impulsores cómo afectará el ecosistema de las zonas costeras que atravesará la planta y el ducto. El impacto ambiental de la planta.
Por último, los científicos llaman la atención sobre una preocupación creciente en el mundo: el cambio climático. En la zona, explican, “se manifiesta en mayor intensidad de vientos del Este en verano”, algo que “refuerza la entrada de agua oceánica” y aumenta la salinidad del agua; y por otro lado también existe “mayor riesgo de ocurrencia y duración de floraciones de cianobacterias tóxicas, como ya se está observando en Uruguay y otros lugares del mundo”.
“La gestión de las cuencas hidrográficas, de los recursos hídricos y el abastecimiento de agua potable en el sur del país, es una emergencia de tal magnitud y complejidad que requiere de un análisis interdisciplinario a cargo de un equipo amplio de investigadores y técnicos de instituciones relevantes vinculadas a la temática”, indican al cierre del documento.
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