Este lunes, el Ministerio del Interior realizó el cierre oficial de los Encuentros por Seguridad, una serie de eventos de diálogo que inició en julio y que tuvo como objetivo recibir aportes y propuestas de la sociedad para incluir al Plan Nacional de Seguridad Pública (PNSP).

La actividad estuvo introducida por Emiliano Rojido, coordinador del PNSP, quien dio a conocer algunas cifras que arrojaron los Encuentros por Seguridad. Por ejemplo: 79 instituciones distintas tuvieron voz, entre ellas 15 organizaciones de la sociedad civil, más de 90 propuestas formuladas, y casi 40 relatorías publicadas tras cada instancia.

AEBU fue una de las instituciones convocada a participar de los Encuentros para brindar sus aportes y puntos de vista respecto a las temáticas que le son cercanas, como el ciberdelito en el sistema financiero y la seguridad de los trabajadores en las transportadoras de caudales.

Entrevistado en Camacuá Diario, Rojido dijo que la actividad del lunes tuvo como objetivo «agradecer la generosidad y el esfuerzo con el que trabajaron todas las organizaciones, ya que fue un proceso muy exigente, presentar los resultados y asumir el compromiso de considerar lo que surgió de los Encuentros como un insumo valioso para la elaboración del Plan».

Para Rojido, era imperioso que el Gobierno se embarque en un plan de estas características, distinto a todo lo hecho anteriormente. «Hay que hacer algo diferente para obtener diferentes resultados», aseguró, y enfatizó la importancia de no correr de atrás a lo que ocurre en la relidad. «Necesitamos gobernar los hechos, no que los hechos nos gobiernen», subrayó.

Uno de los puntales del proyecto es basarse en evidencia científica, para lo cual se elaboró en una etapa inicial «un diagnóstico robusto», y en la participación social, «que es la que brinda bases de legitimidad a estos procesos».

Dentro de los siete estratégicos establecidos para trabajar se encuentra el de ciberdelitos y fraudes informáticos, un rubro que «aumentó muchísimo en la pandemia», contó Rojido, «y en el que hay grupos criminales trabajando».

«Sobre este tema recibimos con muy buen agrado el aporte de AEBU», valoró el experto, quien mencionó que una idea a llever a cabo es «darle una capacitación mínima para quienes están en la línea de fuego del sistema financiero, para que cuando hay situaciones anómalas y maniobras fraudulentas se puedan detectar».

Consultado por la responsabilidad que deben tener las empresas en el cuidado de los datos de los usuarios y en fortalecer la seguridad informática, Rojido señaló que «tienen que estar claras las reglas de juego y tiene que haber un contrato social claro». «Es un tema para que se sienten el poder público, las empresas y el sindicato en una comisión para pasar el peine fino y ver cómo resolver esto», agregó.

En cuanto a la seguridad de los guardias privados, el coordinador del PNSP se refirió a la «necesidad de conformar una comisión público-privada con estos trabajadores». Actualmente hay 23.000 guardias de seguridad, que tienen «intereses legítimos», como «exigirle al Estado una mayor profesionalización del sector y un mayor cuidado con la informalidad».