Con respecto a 2019 hay 100.000 trabajadores más que ganan menos de $25.000

Con respecto a 2019 hay 100.000 trabajadores más que ganan menos de $25.000

Tras la publicación de la Encuesta Continua de Hogares 2023, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, salieron a la luz diversos informes que analizan sus resultados y revelan el estado actual de los ingresos en la población uruguaya.

Uno de ellos estuvo a cargo del Instituto Cuesta Duarte, que tiene que ver con el significativo aumento de trabajadores que tienen un ingreso laboral sumergido, es decir, que ganan menos de $25.000 al menos por una jornada de 40 horas semanales.

Según contó la economista Alejandra Picco, integrante del Cuesta Duarte, en diálogo con Camacuá Diario, «en la comparación 2019-2023 hubo un incremento en la cantidad de trabajadores con salarios sumergidos de aproximadamente 100.000 ocupados».

Además, agregó Picco, «no solo creció la cantidad de trabajadores con ingresos laborales sumergidos, sino que también son un mayor porcentaje dentro del total de ocupados». Esto demuestra que «los nuevos puestos de trabajo son de ingresos bajos, y eso habla de la calidad de esos puestos de trabajo».

Por otro lado, un informe elaborado por la consultora Exante hace foco en los ingresos de los hogares uruguayos en términos reales que, en promedio, aumentaron levemente respecto a 2019. Sin embargo, analizando más en detalle ese aumento se aprecia que «solamente el quintil más rico, el 20% de hogares con mayores ingresos, se encontró en 2023 con mayores ingresos que en 2019; y el 80% de los hogares con menores ingresos todavía en 2023 no volvió a los niveles de ingreso real que tenía en 2019″.

A la hora de explicar este fenómeno, Alejandra Picco señala que «se habla mucho de la pandemia y obviamente la pandemia fue un shock en el mercado de trabajo», pero recalca que «estos datos nos hablan, más que de la pandemia, del proceso de recuperación posterior».

«Hoy en día tenemos una economía más rica que en 2019, pero si abrimos los datos encontramos que a las poblaciones más vulnerables y de menores ingresos les ha ido peor. Esto está en consonancia con los datos de pobreza, en los que también estamos peor que en 2019″, agregó la economista.

Picco sostuvo que el período pospandemia «fue un proceso bastante desigual» dado que «hubo quienes se beneficiaron más de ese crecimiento y quienes no». «Lo que hay detrás es que si no hay políticas que propendan a que ese crecimiento favorezca a todos los sectores por igual, terminamos en una situación de mayor desigualdad», concluyó.

COFE avanzó en negociaciones para cambiar nuevo régimen de licencias médicas

COFE avanzó en negociaciones para cambiar nuevo régimen de licencias médicas

Días atrás una delegación de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) presentó ante la OIT una reclamación por el nuevo régimen de certificaciones médicas que desde abril de este año aplica el Estado uruguayo a los funcionarios públicos.

Dicho régimen, que consiste en descontar salario de los trabajadores a partir del décimo día anual de enfermedad, ya había motivado una movilización y un paro de todos los trabajadores públicos en el mes de abril, y posteriormente una reunión con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

Luego de los ámbitos de diálogo en la OIT, el estancamiento que tenía el tema se sorteó y se produjeron avances. «Estamos en condiciones de decir que avanzamos, todavía no hemos cerrado la negociación, pero hoy tenemos bastante más de lo que teníamos días antes de emprender este viaje a a la OIT», contó el secretario general de COFE, José Lorenzo López.

En diálogo con la audición La voz de COFE, López aseguró que lo que se presentó fue «una reclamación muy bien fundamentada» y valoró a los actores técnicos que colaboraron en su confección.

Señaló además que el reclamo, que incluía la denuncia de violación de al menos seis convenios que Uruguay tiene ratificados con la OIT, «llamó la atención y generó mucho ruido» en el organismo internacional, ya que nuestro país solía ser considerado un ejemplo en materia de relaciones laborales.

La delegación de COFE estuvo integrada, además, por el presidente del sindicato, Martín Pereira, y la secretaria de Salud Laboral y Seguridad Social, Carolina Arcuri. Además participó la secretaria general del PIT-CNT, Elbia Pereira.

«Creo que los objetivos que nos habíamos planteado se cumplieron con creces», destacó López . «Esperemos que lo podamos coronar con las instancias que vamos a tener con el Poder Ejecutivo bilateralmente acá en nuestro país», agregó.

Finalmente, López informó que la semana que viene habrá una Asamblea de Delegados de COFE y se mostró optimista respecto al futuro de las negociaciones. «Somos optimistas de que puede haber algunos avances, que quizás no sean el 100% de lo que nosotros estamos planteando, pero como en cualquier negociación hay que hacer recíprocas concesiones. Antes no teníamos nada, se tenía una ley que ya se estaba aplicando y hoy capaz que tenemos la posibilidad de en estas instancias buscar algunas otras alternativas que nos permitan mejorar», concluyó.

Nueva entrega de donaciones del PIT-CNT al Sistema Nacional de Emergencias

Nueva entrega de donaciones del PIT-CNT al Sistema Nacional de Emergencias

Este martes el PIT-CNT brindó una conferencia de prensa en la que anunció una nueva donación al Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), ya que todavía sigue habiendo familias afectadas por las inundaciones del mes pasado.

Actualmente existen 64 personas evacuadas y 75 autoevacuadas de sus hogares, repartidas entre los departamentos de Soriano, Paysandú, Tacuarembó y Cerro Largo. También hay personas que pudieron regresar a sus casas, pero perdieron gran parte de sus pertenencias y necesitan ayuda.

Enrique Méndez, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea y responsable de la Secretaría de Organización del PIT-CNT, fue quien habló este mediodía en la sede de la central sindical, con el objetivo de «rendir cuentas sobre todo el despliegue de trabajo solidario que se desarrolló».

«Por suerte este proceso, como tradicionalmente nos tiene acostumbrados, tuvo una respuesta espontánea, no sencilla, no simple, no sin mucha labor, pero sí espontánea de respuesta solidaria de las diversas filiales como de las vecinas y los vecinos», valoró Méndez.

El dirigente recordó que en abril ya se había hecho una entrega grande de donaciones al SINAE, en aquella ocasión llenando un camión «con colchones, muebles, cocinas, heladeras, ropas, productos comestibles y productos de limpieza».

Esta vez, ante un nuevo azote de las inundaciones, se volvió a completar otro camión de donaciones con productos de limpieza, de desinfección, alimentos no perecederos, ropa, camas, colchones, ropa de cama, muebles y electrodomésticos de diverso tipo, que «el SINAE va a estar conduciendo a los espacios donde entienda que están la necesidades más profundas y urgentes».

Méndez expresó que la tarea solidaria del movimiento sindical «no finaliza acá, ni se limita solo a esto», sino que también incluye «el despliegue de trabajo de las diversas brigadas organizadas por los sindicatos». En ese sentido, muchas filiales han realizado también campañas particulares con un fuerte énfasis en los departamentos afectados.

SUTEL se movilizó contra la Ley de Medios y «en defensa de las libertades públicas»

SUTEL se movilizó contra la Ley de Medios y «en defensa de las libertades públicas»

El pasado martes, mientras la Cámara de Diputados se preparaba para votar la nueva Ley de Medios, votación que finalmente fue pospuesta para después de las elecciones internas, el Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL) se movilizó en las afueras del Palacio Legislativo para marcar su postura sobre la referida ley.

El gremio de trabajadores de ANTEL entiende que esta ley es antidemocrática y lesiona las libertades de prensa y de expresión, así como también favorece a las grandes empresas multinacionales en desmedro de ANTEL como ente público que ofrece servicios de comunicación.

La movilización, que estuvo acompañada por un paro nacional, tuvo la oratoria de varios dirigentes sindicales, entre ellos el presidente de SUTEL, Gabriel Molina, y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala.

Para Abdala este nuevo proyecto «acota las posibilidades de la libre circulación de ideas en la sociedad, como han denunciado los compañeros de APU», y opinó que oponerse a él supone estar «en defensa de las libertades públicas».

El presidente de la central subrayó que esta defensa es «por principios, por valores, pero también por una perspectiva», ya que las empresas públicas «por la vía de las compras públicas, por la vía de la investigación tecnológica con otra cabeza que no es la acumulación del capital y por la vía de levantar una matriz productiva distinta, son parte central del horizonte que tenemos planteados los trabajadores».

Por su parte, el presidente de SUTEL, Gabriel Molina, destacó la movilización del martes, resaltó la fortaleza de la lucha en unidad y mandó un mensaje a las autoridades: «Que sepan que nuestro sindicato es celoso vigilante y guardián de la empresa pública como tal. Y que no estamos acá solamente solamente por ANTEL, estamos por la defensa de la democracia, de las libertades, pero también y fundamentalmente porque las telecomunicaciones sean consideradas un derecho humano fundamental».

 

Foto: PIT-CNT

«Le tiraban a lo que se moviera», represión policial a trabajadores

«Le tiraban a lo que se moviera», represión policial a trabajadores

La Policía reprimió a trabajadores de los sindicatos de la pesca este jueves frente al Ministerio de Trabajo. Los trabajadores de la Intergremial Marítima esperaban los resultados de una reunión tripartita sobre los Consejos de Salarios, ante la grave situación que vive el sector.

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, calificó el hecho como «aberrante» y denunció la represión en su cuenta en la red social X, mencionando específicamente la lesión al dirigente Sergio Sommaruga y a un camarógrafo de Canal 4. Las cámaras empresariales no emitieron declaraciones sobre el incidente.

En diálogo con Radio Camacuá el dirigente de la Intergremial Marítima, Alexis Pintos, narró que estaban negociando dentro del Ministerio de Trabajo cuando fueron llamados por compañeros que estaban afuera porque “se había desbordado la situación por parte de la policía”.

“Cuando salí lo que vi fue que la policía tiraba balines a quien se moviera, no respetaron nada; nosotros estábamos con familia y niños, también había compañeras y compañeros de otros sindicatos. Calculamos que hay unas 25 personas que recibieron impactos de balines”, relató.

Pintos opinó que existe una trato diferencial del gobierno hacia los empresarios en desmedro de los trabajadores: “La ley de pesca dice que pasados 180 días, los permisos de pesca deberían caer. Sin embargo acá hay barcos que hace dos años que no salen, y no pasa nada. Entonces, no se aplica el mismo peso del Estado para el empresariado que viola esta ley, pero sí cuando hay compañeras y compañeros reclamando en las calle trabajo y comida para su familia”, expresó.

Si se cambia la ley de VBG, «las víctimas van a estar cada vez más desprotegidas»

Si se cambia la ley de VBG, «las víctimas van a estar cada vez más desprotegidas»

La ley de violencia hacia las mujeres basada en género ha estado en el centro de la discusión política en las últimas semanas. La denuncia falsa que recibió el precandidato frenteamplista Yamandú Orsi ocasionó críticas del oficialismo a la ley e incluso la propuesta concreta del presidente de la República de modificar algunos artículos.

Ante este proyecto de cambiar cuatro artículos de la ley 19.580, en Camacuá Diario conversamos con la magíster, docente e investigadora Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso y referente de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, para conocer qué consecuencias podrían traer estas modificaciones.

En primer lugar, Tuana detectó «un gran entrevero, que no es inocente, que es decir que la denuncia falsa a Orsi tuvo que ver con la ley 19.580», cuando en realidad al exintendente de Canelones «se lo denuncia por un delito de lesiones, no por violencia basada en género».

Para la experta, algunos sectores de la opinión pública «aprovechan esa circunstancia para volver sobre un tema que es que ‘cualquier mujer se puede enojar contigo, te hace una denuncia y vos perdiste todas las garantías'». «Eso es una mentira enorme, que desde hace varios años se pretende poner sobre la mesa. Nadie va preso por el solo relato de una mujer, niño o niña», afirmó Tuana, que recalcó la importancia de «tirar abajo el relato de posverdad de que estamos inundados de denuncias falsas y que los varones han perdido las garantías».

Uno de los motivos esgrimidos por Lacalle Pou para cambiar algunos artículos de la ley es que, desde su implementación en el año 2018, no se han mejorado las cifras de femicidios, argumento que Tuana tildó de «vergonzoso».

«Tenemos una herramienta que es maravillosa a la que no se le dio presupuesto, por ejemplo para trabajar en la prevención, tener juzgados especializados con equipos técnicos, defensores y jueces suficientes» explicó Tuana, que entiende que «decir que la ley no pudo cambiar la situación es una vergüenza, hasta una tomadura de pelo para todas las víctimas».

Una de las modificaciones propuestas por el presidente de la República tiene que ver con la valoración de las pruebas. Sobre esto, Tuana recordó que «una de las cosas que la ley protegió es que no se pueda utilizar ninguna prueba ni pericia para desacreditar la palabra del niño, niña o adolescente». Este proyecto quita esa protección y «reconoce que los niños pueden ser alienados y se le pueden implantar falsos recuerdos».

Otro punto en debate es el artículo que, según la propuesta de Lacalle Pou, obliga a las víctimas a ir al proceso civil solo cuando esté establecida la pena de condena, lo cual «deja en peores condiciones a las víctimas que a cualquier víctima de otros delitos».

Finalmente, Tuana expresó que las voces que ahora critican la ley 19.580 son las mismas «que hicieron lobby para la ley de corresponsabilidad en la crianza» y que «ahora vienen por la derogación de la ley, pero como no se animan a ir a tanto, el primer paso es tocar algunos puntos neurálgicos». «Si esto se aprueba», concluyó la académica y militante, «las víctimas de violencia van a estar cada vez más desprotegidas».

 

Foto: PIT-CNT