Entrevista completa con Selva Ortiz de Redes AT
La organización especializada en ambiente Redes – Amigos de la Tierra (Redes AT) presentó hace unos días un recurso de revocación contra la licitación del proyecto Neptuno, que se espera que tenga un efecto suspensivo.
El proyecto Neptuno es cuestionado desde todo el movimiento social uruguayo y también tiene críticas de la academia. Consiste en la construcción de una planta potabilizadora de agua para consumo de la población de Montevideo en el Río de la Plata por parte de una empresa privada, que además de su construcción, tendría a su cargo el mantenimiento. Expertos han advertido sobre varias dificultades de base que tiene el Río de la Plata para la potabilización, pero también es dudoso el impacto beneficioso que tendría sobre la satisfacción de la demanda de agua en Montevideo. A esto se suma las normativas legales, que incluyen la Constitución de la República, que obligan al Estado a ser el encargado de garantizar el agua potable.
En Radio Camacuá conversamos con María Selva Ortiz, socióloga e integrante de Redes AT, que dijo que en el recurso administrativo presentado frente a OSE “se pide la suspensión y la revocación del llamado a licitación por entender que no se han cumplido con todos los procesos que deberían haberse cumplido” y porque no se brindó adecuadamente “la información sobre el proyecto como se debería dar”.
Un tema de derechos humanos fundamentales
El derecho al acceso a la información es lo primero a lo que se refirió Ortíz, pero debe agregarse la importancia del recurso del que se trata este conflicto. “A futuro pondrá el derecho humano fundamental, establecido por nuestra Constitución, que es el acceso al agua por parte de la población”. Esto, explicó Ortíz, que “es recordado como ‘la reforma del agua’ que los uruguayos votamos en 2004”; plebiscito que fue justamente convocado por la ciudadanía “por los procesos de privatización que se estaban dando al este del arroyo Maldonado, donde los servicios de agua y saneamiento los estaban dando empresas privadas, que eran de muy mala calidad y muchísimos más caros que los que brindaba OSE en el resto del territorio, que habían agotado reservas de agua como la laguna Blanca y otras”. En su momento, se consultó a constitucionalistas, especialistas en legislación, y por ello la Constitución de la República establece que “los servicios públicos de agua y saneamiento deben ser prestados directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales”.
Ortiz explicó que el proyecto Neptuno “es una iniciativa privada”, donde una empresa privada “va a estar tomando agua del Río de la Plata, manteniendo la planta potabilizadora de la que será dueña y OSE tendrá que pagarle un alquiler”. Por lo tanto, “decimos que acá los privados volvieron los privados a los servicios de agua del país y eso ya lo habíamos saneado como ciudadanía, como país, el agua no es una mercancía, no puede generar riqueza para privados porque es un bien estratégico y un derecho humano fundamental”.
El proyecto Neptuno es una “falsa solución” ante futuros déficits hídricos que pueda atravesar el país. Además, explicó Ortiz, “hay una evidencia clara de que si estuviera funcionando esta planta no hubiera podido dar agua potable en estos tres primeros meses del año, en los momentos de estrés hídrico, porque la salinidad del Río de la Plata estuvo siempre por encima de las posibilidades de potabilización del agua, hay que tener claro que esta planta no es una desalinizadora, es una planta de potabilización de agua”. Ortiz explicó que los costos elevados de una planta desalinizadora “no podrían afrontarse” por el país y tampoco “existe la necesidad”. “Tenemos la cuenca del Santa Lucía que no se está administrando bien, no se está cuidando, pero que perfectamente puede seguir abasteciendo así como lo hizo los últimos ciento cincuenta años puede seguir por ciento cincuenta más abasteciendo al área metropolitana”.
“No puede ser una solución desatender la cuenca [del río Santa Lucía] como se está desatendiendo, no se puede estar manejando muy mal como se hizo por ejemplo en el último momento de estrés hídrico, pero también como se viene haciendo (…) Nosotros venimos trabajando en la Comisión de cuenca del Santa Lucía proponiendo nuevas medidas, más drásticas, para que se priorice el agua, como dice la Constitución de la República”, afirmó Ortiz.
Podcast: Reproducir en una nueva ventana | Descargar
