Hace unos días falleció a los 99 años, el maestro Miguel Soler Roca, fundador de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) y amigo personal de Julio Castro. Para hablar de la importancia de la figura de Miguel Soler en la educación pública de Uruguay, particularmente en la organización docente; sobre el contexto actual y los cambios introducidos por la Ley de Urgente Consideración (LUC), conversamos con el maestro y ex consejero de Educación Inicial y Primaria, Héctor Florit.
Soler nació en Cataluña y llegó de niño a Uruguay con su familia. “Estudió magisterio y se recibió muy joven. Ya a comienzos de los años 40 empieza a tener un protagonismo clave en la vida de la Escuela Pública, del Magisterio, tanto que forma parte junto con Julio Castro, y otras figuras, como Enrique Brayer, de la gesta fundacional de la FUM, que es una organización sindical bastante particular porque resume un proceso gremial de que comienza a fines del siglo anterior, con sindicatos, gremios autónomos, algunas coordinaciones. En febrero de 1945 se constituye la FUM como «corolario de una serie de encuentros de las asociaciones de magisteriales para reflexionar sobre la soledad, la situación de la escuela rural (…) en el marco de una situación de los rancheríos rurales, de la exclusión de los hijos de los peones, en ese marco se empieza a reflexionar fuertemente sobre la situación de la ruralidad y particularmente sobre de la escuela rural».
«Quizás hayan sido esos primeros congresos que dan cuenta del compromiso y de la vocación de soler con el medio rural». Luego de recibirse, Miguel Soler trabajó en «la escuela de los Vázquez en Tacuarembó, después en Colonia, Concordia en Soriano, va desarrollando experiencias que van marcando el vínculo entre él compromiso social, el entorno productivo y el entorno del medio propio de la ruralidad con la vida escolar. Unos años después, en 1949, Soler también participa en forma «muy determinante en los fundamentos, conceptos y fines, incluso» de la educación rural en la elaboración del programa.
Más tarde, Miguel Soler presentó el proyecto del Núcleo Escolar Experimental de la Mina, entre otras experiencias previas, a raíz de una beca en México, de Unesco, sobre Educación fundamental que es un elemento «importante para comenzar a desarrollar ese proyecto de experiencia en Cerro Largo».
El involucramiento y organización docente era muy fuerte en esa época y marcaron discusiones que llegan hasta hoy en día, como la tensión entre conocimientos generalistas y los aplicados al medio
Florit dijo que «la tensión entre una educación que tiene que ser una herramienta de promoción social, que tiene que ser sensible a la desigualdad que tiene que poblar un futuro cargado de esperanza, y un modelo donde la Escuela puede ser reproductora de relaciones de dominación o relaciones asimétricas genera un compromiso que en palabras parecidas lo planteaba Miguel Soler entre ese futuro cargado de esperanzas, esa utopía que tiene todo educador en construir ese mundo de igualdad y de derechos para la niñez y una realidad cotidiana desafiante e injusta»; y mencionó otros ejemplos de experimentación pedagógica en Uruguay, que son «de alguna forma una puerta, una rendija que los educadores asociados, organizados, trabajando directamente desde las comunidades plantean a un sistema que puede intentar ser hegemónico pero que a partir de cada comunidad y de cada núcleo de maestros y de maestras logra incorporar estos desafíos y estas incógnitas».
En educación el Núcleo Experimental de la Mina es paradigmático. Para Florit, «condensa la experiencia previa de las misiones pedagógicas» que «eran núcleos de estudiantes de magisterio que con algún maestro, un tutor, visitaba rancheríos rurales y ahí se instalaba y hacían un trabajo de promoción social, que le permitía al estudiante magisterial conocer esa realidad directamente y que le permitía a esa comunidad encontrar posturas, propuestas, ideas, que eran desafiantes dela situación que vivían cotidianamente».
«En esta tensión entre la experiencia de las misiones pedagógicas, de un Uruguay de posguerra que encuentra inequidades, injusticias, desafíos de una América Latina que se plantea ideales de igualdad, en esa situación aparece el Núcleo Experimental de la Mina como una experiencia, como una expresión de un grupo de maestros que, con médicos, con trabajadores sociales, se instala en la zona más despoblada o más pobre de la ruralidad de Cerro Largo y comienza a construir una expectativa de esperanza, de dignificación, de derechos y que tienen la virtud, acá hay docentes muy valiosos, me permito citar entre otros a Fuentes, a Susana Iglesias, era gente que después a los que seguimos durante la dictadura, o en esos años negros de la dictadura, fueron capaces de transmitirnos lo que era un magisterio comprometido con la transformación social y con una educación liberadora en términos de Paulo Freire. Esto me parece que es una de las cuestiones más importantes del mensaje de Soler que hasta el último día de su vida siguió repitiendo y de aquella experiencia de la Mina que fue un mojón al cual volvíamos y evocábamos los jóvenes maestros apenas nos insertábamos en un sistema que lamentablemente en aquellos años 80 era profundamente autoritario».
¿Cómo se vincula esto con el reclamo de laicidad que hacen sectores del oficialismo en la actualidad y con las denuncias de persecución por parte de la comunidad docente en la actualidad?
Para Florit, «algunos intentos de vigilar policíacamente las actitudes de los docentes es totalmente inaceptable» y tiene que ver con algo que forma parte de la «indiscrecionalidad empresarial muy propia de algunas actividades privadas»; que además tiene antecedentes en la «arbitrariedad con la que se procede a las contrataciones y los despidos en el ámbito privado». El ex consejero de Primaria dijo que rechaza «todo lo que implique una causal de despido vinculado al uso de las redes, al uso de las redes en términos de derechos personales, de la libertad individual de cada uno de los docentes»
Cabe recordar sobre esto que, «el dueño de un colegio, un empresario dueño de una empresa educativa» puede «contratar y despedir a su antojo», algo «bien diferente a lo que hoy es la educación pública». Florit, plantea que «cuando se discute entre educación pública y educación privada, y se atribuye a la educación pública algunas ineficiencias», esto es algo importante: «no hay mayor ineficiencia que tener una institución donde en lugar de acceder a los puestos por antecedentes y por méritos, se accede a través de la designación o contratación directa». Porque «nada asegura que la persona contratada que el docente, maestro que educa a mi hijo o a mi nieto sea el mejor, sino que es el que tiene mejor vínculo con el dueño de esa institución», señaló con «preocupación».
La Ley de Urgente Consideración habilita la contratación directa y la desvinculación por parte de la dirección de los centros
Esta preocupación planteada por Héctor Florit cobra relevancia al observar el artículo 198 de la LUC que «habilita con una modificación estatutaria, lo que la ley llama ‘regímenes especiales'» que «faculta a que cada consejo delegue en los directores de los centros potestades para estimular determinados rendimientos, específicamente alcanzar objetivos de política educativa y habilita también a los directores a que puedan seleccionar personal, promover la estabilidad de los docentes o promover la desvinculación de los docente, en sentido opuesto, es decir que el director podría convocar o podría tener la iniciativa de que un maestro que termine una suplencia sea designado para continuar en el cargo y con eso tenemos un paralelismo con la discrecionalidad en la contratación de las entidades privadas» .
Según Florit, «el paso entre la libertad para contratar y la discrecionalidad para acomodar siempre tan corto» que con este artículo la LUC «traiciona gravemente la mejor historia de la Escuela Pública uruguaya», «desconoce el instituto del concurso como forma de selección de los docentes más capaces» a la vez que «tergiversa y amenaza la libertad de cátedra y la profesionalidad docente». En «última instancia será el favoritismo de un director el que me permita continuar o discontinuar en la tarea».
Si bien Florit entiende que no se trata de algo que «se pueda aplicar masivamente» o que «se haya dado» al momento, esta habilitación de la LUC hace que se pierda «el sentido del acceso a través de mecanismos transparentes y cristalinos de los cargos» a la vez que «se pierde el valor del concurso en las instituciones» . La medida de esa trasgresión «dependerá del gobierno de turno, dependerá del director de cada escuela o de la directora general de cada consejo pero el derecho como garantía quedó en el camino».
A propósito de la LUC, ¿Cuál es la política educativa que está detrás de esta ley? ¿Por qué se introducen estos cambios? ¿A qué modelo educativo responden? ¿hacia qué educación se va con esta ley?
Lo primero que generó rechazo en diferentes sectores de la población en Uruguay es justamente el carácter «urgente» de la Ley de Urgente Consideración, que incluyó un sinfín de asuntos sin el debido tiempo de estudio y consulta a las comunidades involucradas. La educación no fue la excepción.
Para Héctor Florit, la LUC es «un agravio hacia la autonomía de la educación» que «politiza en el Ministerio de Educación y Cultura» y produce una «centralización en el Codicen» ; y agregó: «agravia primero la autonomía del ente y después la descentralización en cada uno de los consejos». El efecto es «una restricción muy importante en la participación de los actores directamente vinculados a la educación», lo mas «evidente» es «la eliminación de los consejeros electos propios colegas en Primaria, Secundaria y UTU». En paralelo, «se habilita una mayor presencia de actores privados de los colegios, las universidades en los organismos, tanto en la condición coordinadora de los organismos de la educación como en las comisiones departamentales, en las comisiones descentralizadas, donde los representantes de las universidades, e instituciones de primaria y media de la actividad privada tienen lugares reservados». Primer elemento «muy preocupante» y que se vincula «con esa vocación autonomista de Miguel Soler de buscar que la escuela tuviera un protagonismo y un designio que atendiera básica y fundamentalmente las demandas de los niños y de la sociedad y no estuviera atada, sujeta a los vaivenes de las políticas partidarias».
Con esto se «se ata a la ANEP a un proyecto de política educativa, a un plan de política educativa, que presenta el propio MEC» al que «los consejeros designados por el Poder Ejecutivo tienen que adherir públicamente frente al Senado» a esas «orientaciones de política educativa», explicó Florit; que entiende que con esto «se restringe la participación de los actores sociales» y «se establece que como máximo puede haber una convocatoria cada 5 años al Congreso de la Educación». Se vuelve «un sistema educativo funcional ya no a la política de Estado sino a la política de gobierno».
El ex consejero de Primaria plantea de esta manera la preocupación en caso de que por ejemplo, cambiara el ministro de Educación y Cultura «que presentó el plan de desarrollo educativo, el plan de políticas educativas», también cayera el plan propuesto: «Esto es lo que Uruguay en excepción de América Latina tenía como riqueza que los ministros podían cambiar, en los hechos han cambiado en todas las administraciones los ministros de educación, y en cambio el Codicen, el ente autónomo mantenía una estabilidad durante los 5 años». Este aspecto le dio a la educación «una estabilidad que es bien diferente a los ministerios y tuvieron una capacidad de actuación no sujeta al gobierno de turno sino con una mirada de más larga perspectiva». Para Florit, la LUC también «condena» esta estabilidad, y «traiciona lo que fue una señal diferente que tenía el Uruguay desde la década del 40», ya que «esto no es producto de las últimas administraciones». La autonomía «de los centros, de los subsistemas educativos, que está consagrado en el artículo 202 de la Constitución viene de la década del 40 y ahora, empezando el siglo XXI, queda fuertemente cuestionada sino se logra derogar estos artículos de la Ley de Urgente Consideración.
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