«Este Gobierno utiliza a los trabajadores del Estado como variable para el ajuste»

«Este Gobierno utiliza a los trabajadores del Estado como variable para el ajuste»

El nuevo régimen de certificaciones médicas aplicado para los funcionarios públicos, que se aplica desde el 1º de abril, sigue generando resistencias. Este jueves la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado parará por 24 horas en reclamo de un diálogo que habilite una discusión de la norma.

«Lo primero que queremos reafirmar es nuestro descontento con el tratamiento que el Poder Ejecutivo le ha dado a este cambio de régimen», expresó Joselo López, secretario general de COFE, en entrevista con Camacuá Diario.

La nueva ley aplica descuentos salariales a los trabajadores a partir del décimo día anual de licencia médica. «Desde nuestro punto de vista y desde quienes nos asesoran, se entiende que es una norma ilegal, inconstitucional y que violenta varios convenios de la OIT», afirmó López.

Para el dirigente sindical, este régimen es «una confiscación del Poder Ejecutivo al salario de los trabajadores por estar enfermos». «Es una cuestión que no la podemos aceptar, y menos si se hace de manera totalmente inconsulta, violando la ley de negociación colectiva», añadió.

López recordó que actualmente los funcionarios públicos ya sufren descuentos cuando piden licencia médica, ya que se afectan partidas como «los presentimos, cumplimientos de metas o compromisos de gestión». «Aparte de eso, se quiere aplicar directamente al salario, es una situación absolutamente injusta», enfatizó.

COFE ya ha presentado un recurso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y está preparando otras acciones legales contra esta ley. «Estamos evaluando la oportunidad de cuándo presentamos el recurso de inconstitucionalidad y también vamos a ir la OIT a hacer una reclamación», señaló López.

El objetivo del sindicato es «que el Gobierno recapacite y pueda instalar ámbitos de negociación donde empecemos a discutir estas cosas».

Por último, Joselo López criticó al Gobierno por su accionar durante todo el período de mandato. «Lo que ha hecho, desde que asumió, es utilizar a los trabajadores del Estado como variable para el ajuste que está aplicando», apuntó, y dijo que no ha faltado diálogo, pero sí negociación colectiva real, entendida esta como «respetar los ámbitos que están previstos en la ley, y a partir de allí dar concesiones recíprocas para buscar puntos de acuerdo».

La movilización de este jueves 18 de abril consistirá, además del paro de 24 horas, en una concentración a las 10 de la mañana enfrente al Ministerio de Economía y Finanzas. Acompañarán esta medida distintos gremios como AEBU y los sindicatos de la educación, entre otros.

 

Foto: Mauricio Zina / adhoc FOTOS

Banca Oficial de AEBU apoya paro de trabajadores públicos el 18 de abril

Banca Oficial de AEBU apoya paro de trabajadores públicos el 18 de abril

Este martes sesionó el Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU, con el fin de instrumentar su adhesión al paro de los trabajadores públicos convocado por COFE para el jueves 18 de abril.

El organismo resolvió por mayoría apoyar la convocatoria con un paro nacional de 24 horas durante esa jornada para los trabajadores de la Agencia Nacional de Vivienda, que son los afectados directamente por la nueva ley de licencias médicas.

El resto de los colectivos del sector oficial participarán con sus Comisiones Representativas en la movilización prevista para las 10:00 en la puerta del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, a las 15:00 en todas las casas centrales se leerá una proclama.

La ley 20.075, que para la mayoría de los trabajadores públicos comenzó a regir el 1º de abril, estipula el pago de 9 días de licencia por enfermedad y a partir del décimo se comienza a recortar hasta el 25% de la remuneración correspondiente.

«Esto entendemos que es una nueva rebaja en el salario de los trabajadores», expresó la presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU, María Eugenia Estoup, en diálogo con Camacuá Diario.

«Junto al resto del movimiento sindical y de los trabajadores públicos, estamos rechazando esta ley que lo que hace es entender que cuando nosotros estamos enfermos no debemos cobrar salario, y que toma como un subsidio un derecho que tenemos», agregó.

Por lo expuesto, concluyó Estoup, «amerita la convocatoria a este paro y la participación de todo el sector financiero oficial de AEBU».

Representativa de la ANV: «Apostamos a seguir negociando»

Representativa de la ANV: «Apostamos a seguir negociando»

Luego que el viernes 12 de abril, a última hora, la Comisión Representativa de la Agencia Nacional de Vivienda fuera puesta en conocimiento de la propuesta que el directorio de la empresa llevará a la negociación con la OPP, el sindicato convocó a una asamblea este lunes para informar al respecto y horizontalizar con todos los compañeros y compañeras el contenido de la misma.

La propuesta del directorio, según dijo la presidenta de la Representativa, Fernanda García, «tiene sus aspectos positivos, pero hay otros temas donde debemos seguir negociando».

El punto que ha mantenido el conflicto entre las partes es la duración de la jornada laboral, que actualmente es de 8 horas para los funcionarios «genuinos» de la ANV. Desde AEBU se ha ideado un plan piloto para evaluar una jornada de 7 horas diarias, algo a lo que el directorio no ha aceptado hasta el momento.

Dado que el diálogo con la empresa no llegó a buen puerto, a principios de este año el sindicato de movilizó y logró la elevación del ámbito a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con la que ya se tuvo una primera reunión tripartita y se espera por una segunda.

«Ahora estamos esperando por esa reunión con la OPP, que tiene que ser convocada a la brevedad para terminar de resolver el convenio colectivo. Apostamos a seguir negociando», sostuvo García.

«Uruguay debería elevar la edad del matrimonio a 18, sin ninguna excepción»

«Uruguay debería elevar la edad del matrimonio a 18, sin ninguna excepción»

En el marco del Examen Periódico Universal, varias organizaciones sociales presentaron informes ante la ONU sobre distintas problemáticas relevantes para Uruguay. Una de ellas es es la violencia basada en género y generaciones, sobre la cual trabajaron la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual y la asociación civil El Paso.

La psicóloga Fabiana Condon, integrante de El Paso y coordinadora de la Red, conversó este viernes con Camacuá Diario y explicó los puntos fundamentales del informe, que resumen un problema que aún no encuentra solución definitiva en nuestro país.

Condon destacó que «hace muchos años se viene visibilizando la violencia contra las mujeres y contra los niños, niñas y adolescentes», y valoró el avance de la ley 19.580 del año 2008, la cual «incorpora más directivas internacionales que ubican al Estado uruguayo como responsable de dar respuestas».

Sin embargo, los resultados aún son magros debido «al incumplimiento del Estado de dar presupuesto para la implementación de esa ley». «No se ha invertido claramente en la atención, prevención y la persecución del delito», señaló Condon.

«La ley es muy buena en la letra, pero cuando no se dan los recursos económicos para que los jueces puedan atender la carga de audiencias que deberían llevar adelante, cuando no hay inversión económica para que existan defensores de oficio para todas las personas que lo requieran, o cuando no hay fiscalías especializadas en todo el país, lo que ocurre es que hay respuestas ineficientes y las cosas no suceden en tiempo y forma», agregó.

Otro tema en el cual el Estado uruguayo sigue omiso es en el de aumentar la edad del matrimonio a 18 años, como sugieren los organismos internacionales de Derechos Humanos. «No tiene excusas que Uruguay no haya elevado la edad del matrimonio. Ni el Estado, ni ningún actor político, ha priorizado a lo largo de estos años el problema de la violencia, la trata y la explotación sexual contra niños y niñas», apuntó la coordinadora de la RUCVDS.

«Casarse es una actividad del mundo adulto, no de la infancia ni la adolescencia. El matrimonio trae responsabilidades pensadas para el mundo adulto; vivir en pareja coarta el acceso a la educación y la continuidad educativa», argumentó la experta.

A nivel general, Condon dejó en claro que estas formas de violencia basadas en género y generaciones no son aisladas en la sociedad, sino que responden a un sistema machista y patriarcal. «La desigualdad de género se ve también en las estadísticas de acceso al trabajo, en los índices de desempleo, en la carga de cuidados que sobrecaen en las mujeres, en la participación política que relega a las mujeres. La violencia y la explotación sexual son dos manifestaciones de esa desigualdad estructural, no las únicas», concluyó.

 

Foto: La Diaria

AEBU sigue colaborando con hogares damnificados en el interior

AEBU sigue colaborando con hogares damnificados en el interior

Pese a que las lluvias fuertes cesaron hace varias semanas, hay varias ciudades del interior del país que aún sufren las consecuencias de las inundaciones. Todavía hay familias que no han podido regresar a sus hogares y otras que sí lo han hecho todavía no tienen la vivienda en las mejores condiciones.

Es por eso que AEBU ha mantenido sus brazos solidarios abiertos y sigue recibiendo donaciones a través de su caja de ahorros 072022200 en el Bandes. Con lo que allí se recauda, en la última semana se hicieron dos donaciones específicas en las ciudades de Salto y Durazno.

La primera de ellas, a pedido del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) de Salto, que solicitó repelente para mosquitos. Luego de bajada la inundación y el avance del dengue, la demanda de este producto se hizo indispensable para muchas familias, por lo que el sindicato adquirió una cantidad importante que donó al CECOED.

Además, se sumó a esa colaboración una cantidad importante de ropa y alimentos no perecederos, recolectada por los integrantes de la seccional salteña.

La segunda se hizo efectiva el pasado miércoles en Durazno, ciudad que sufrió las inundaciones más tardías y donde hubo personas que tuvieron que volver a evacuar su casa por segunda vez. «Estaban básicamente necesitando productos de limpieza, porque los hogares quedaron muy deteriorados luego que el agua entre a la casa», describió Martín Ford, secretario del interior de AEBU, en diálogo con Camacuá Diario.

Con la solidaridad del gremio, destacó Ford, «logramos hacer una donación a la coordinadora Durazno Solidario, que participa del Plenario Intersindical del departamento».

Ford recalcó la importancia de seguir colaborando en la cuenta bancaria, ya que «sigue habiendo necesidades» en muchas ciudades. También señaló que hubo una sola afiliada a AEBU que se vio afectada, a quien se le entregó pintura para su vivienda en Durazno, pero igualmente al sindicato «le preocupan el resto de los vecinos, que son trabajadores y trabajadoras».

Sobrendeudamiento: Propuestas de AEBU y el IPRU para un problema profundo

Sobrendeudamiento: Propuestas de AEBU y el IPRU para un problema profundo

El pasado martes la Comisión Técnica Asesora de AEBU participó en la presentación de un informe en el Parlamento, en conjunto con el Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU), con el objetivo de aportar información sobre la temática del endeudamiento en Uruguay, en el marco de Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas al que se someterá el país este año.

Este informe presenta un problema creciente en nuestra sociedad que es el del endeudamiento excesivo de la población, particularmente de los hogares con menores recursos, y cómo este problema lesiona los derechos humanos de aquellos a quienes afecta.

El concepto de endeudamiento excesivo tomado en el informe es el de «una deuda cuya amortización y gastos conexos priven al deudor de los recursos que necesita para ejercer sus derechos humanos de manera sostenible», y se señala que el problema «es sumamente complejo y tiene raíces socioeconómicas estructurales».

Entre los principales factores que desencadenan el problema, reseña el informe, están «la falta de recursos para satisfacer las necesidades de los hogares, poca información sobre el mercado de créditos, publicidad abusiva o engañosa, escasas o nulas acciones de educación financiera por parte del Estado como de las instituciones otorgantes de créditos, y la existencia de oferentes de crédito que operan fuera del circuito formal en muchas ocasiones con prácticas extorsivas o violentas».

Lo que lo agrava aún más es que la mayoría de las personas que sufren el endeudamiento excesivo son las que tienen menos recursos, y por ende menor capacidad de solventar las deudas. Por sus características, estas personas suelen ser excluidas del mercado financiero formal, fundamentalmente del sector bancario, y terminan tomando créditos en el mercado informal, donde las tasas son mucho más altas y la protección mucho menor, generándose un círculo vicioso de difícil solución.

Algunas recomendaciones

El informe de AEBU y el IPRU concluye con una serie de recomendaciones a corto, mediano y largo plazo, que pretenden marcar un camino guía para ir paliando una problemática que, como se ha explicado, es profunda y de difícil solución.

En primer lugar, se torna indispensable la presencia fuerte del Estado para atacar el tema. Por ejemplo, con campañas de bien público que lo pongan en agenda y con un rol más activo del Banco Central del Uruguay. El informe propone que el BCU aumente sus programas de difusión y desarrollo de las buenas prácticas financieras, pero también que incluya un área de regulación publicitaria, que proteja al cliente de promesas falsas o eslóganes engañosos.

También referido a la regulación, se menciona como un factor perjudicial que las propias empresas que otorgan préstamos sean quienes tienen mayor incidencia en la fijación de los topes de las tasas de interés, lo cual ha producido un aumento sostenido de estas en los últimos años.

De todos modos, debe atenderse que la ley de usura, que se busca plebiscitar por parte de Cabildo Abierto, tampoco es una solución viable, ya que propone una baja significativa en las tasas de interés, lo cual hará que muchos servicios dejen de ser rentables para las empresas y, por lo tanto, dejen de ser ofrecidos. Los clientes, entonces, cuya economía necesita indispensablemente de los préstamos para sobrevivir terminará volcándose al mercado informal, con los riesgos mucho mayores que este supone.

Algunas recomendaciones concretas que plantea el informe son: limitar el crecimiento de la deuda impaga de las personas hasta un 120% de la tasa pactada, y con esto limitar también algunos mecanismos punitivos como la capitalización de intereses por mora; y la constitución de un fondo de garantía para reestructuración de deudas de sectores vulnerables, que habilite recursos para los casos más críticos.

Otro punto sobre el que se insiste enfáticamente es en el de mejorar en todo sentido la información existente. Es importante que los usuarios conozcan claramente los componentes del crédito que están tomando, y a su vez es relevante que haya información precisa y regularmente actualizada sobre el mercado y todos sus detalles, para que de ese modo se puedan llevar a cabo políticas más certeras y mejor enfocadas.

El mejor acceso a la información fomentará, de ese modo, una mejor inclusión en el sistema financiero de todos los usuarios. Para ello se debe educar en ese sentido, mediante un plan potente del Estado, y fortalecer normativas que garanticen la presencia segura y equitativa de la mayoría de la población en el sistema, como por ejemplo la obligatoriedad del pago de salarios mediante medios electrónicos.

Finalmente, un norte a largo plazo que no se debe perder para solucionar el endeudamiento excesivo es el de generar una política de ingresos acorde, que sirva «para combatir un componente estructural del problema, que es la existencia de una alta proporción de personas con ingresos que no le permiten adquirir una canasta básica de bienes y servicios».

 

Informe completo en la página de AEBU.

Foto: Pablo Vignali / adhoc FOTOS