Conversamos con Tamara Samudio, politóloga e integrante del área de seguridad democrática y DDHH del Servicio de Paz y Justicia Uruguay (SERPAJ), sobre la incidencia de la Ley de Urgente Consideración en seguridad ciudadana y garantías a los Derechos Humanos.
Samudio explicó que desde SERPAJ «se viene advirtiendo» hace varios años sobre «un enfoque de respuesta a los problemas que tienen que ver con seguridad ciudadana» que incluya «una perspectiva de DDHH» y que tenga «medidas integrales». Lo que se observa, explicó, es «un recrudecimiento de las respuesta punitivas y represivas» que apuntan hacia la penalización y el castigo «a ciertos sectores en base al aumento de penas y nuevas infracciones, nuevas figuras». La respuesta represiva a los problemas de seguridad pública tienen que ver con un «populismo represivo», afirmó.
En este marco, la LUC no solamente «es pensar en un cambio de gobierno que le da una impronta más firme y fuerte en este sentido, que se orienta a reforar reforzar ciertas instituciones como la autoridad policial»; sino que también incluye «el aumento de penas, la generación de nuevos delitos y el recrudecimiento de las respuestas desde el sistema penal en términos de la privación de libertad».
«En términos generales, la LUC instala una dinámica punitiva, represiva de un autoritarismo policial bastante importante y sobre todo de la inflación del sistema penal, con el traslado de un montón de situaciones hacia el Sistema Penal y el sistema de Justicia, eliminando algunos aspectos o algunos mecanismos de desjudicialización, de poder generar o pensar propuestas alternativas al Poder Judicial» a la vez que «recrudece el sistema carcelario» y «todo el proceso de privación de la libertad eliminando las redenciones por trabajo o estudio»
[FOTO: Desalojo en Codicen – 23/09/2015 – Rebelarte]
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