Soledad Giudice
El informe «Endeudamiento excesivo en hogares uruguayos», realizado en conjunto por AEBU y el Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU), será presentado públicamente el próximo lunes 29 de abril, a las 17:00 en el espacio Recreo, en Sarandí 320 esq. Colón.
Este trabajo fue realizado en el marco del 4° Examen Periódico Universal de la ONU y expuesto ante sus representantes hace algunas semanas. En aquella ocasión más de 20 organizaciones sociales presentaron diversos informes, cada cual sobre una temática particular, vinculados al cumplimiento -o incumplimiento- de los Derechos Humanos en nuestro país.
La propuesta de AEBU y el IPRU de tratar el sobreendeudamiento de las personas como un asunto que repercute en los Derechos Humanos arrojó un enfoque innovador sobre esta problemática. «Era la primera vez que se presentaba este tema en la ONU, tuvo buena repercusión y a los países les llamó la atención», contó la economista Soledad Giudice, integrante de la Comisión Técnica Asesora del sindicato.
En entrevista con Radio Fénix, Giudice contó que las fuentes de información para el estudio fueron el clearing de informes y los datos de la Central de Riesgo del Banco Central. De allí se desprende que hay unas 680.000 personas sobrendeudadas, o calificadas como deudoras con capacidad comprometida de pago.
Además, «hay toda otra parte de endeudamiento informal de la que no hay información» y donde existen prácticas «que no cumplen con las leyes», lo cual agrava aún más el problema. Quienes acceden a ese tipo de créditos, explicó la economista, «son personas que ya están excluidas de otros derechos, en general están en situaciones vulnerables y no están en condiciones de acceder al mercado formal».
El informe cuenta también con una parte propositiva, donde AEBU e IPRU elaboran una serie de recomendaciones a corto, mediano y largo plazo para avanzar en este tema. Resumiendo estas propuestas, Soledad Giudice dijo que «se necesita una política pública integral» por parte del Estado, que incluya entre otras cosas «la educación financiera de la sociedad, mejorar la regulación del mercado de crédito y un acceso equitativo de todas las personas al sistema financiero formal».
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