Volvemos a hablar de la reforma jubilatoria que el gobierno intenta aprobar en el parlamento, porque en los últimos días Cabildo Abierto (CA) tensionó el clima en la coalición al condicionar su voto a la aprobación de diferentes beneficios para militares en lo que tiene que ver con jubilaciones pero también la prisión domiciliaria mayores de 65 años, que alcanzaría a condenados por delitos de lesa humanidad; entre otros proyectos de ley.
En Radio Camacuá, conversamos con Gustavo Olmos, diputado del Frente Amplio (FA), que cuestionó la bonificación planteada por CA e incluida en el proyecto oficialista. Olmos dijo que “la táctica de CA ha sido ir corriendo los límites de a poco” y agregó que al momento de negociar al partido le interesa lograr “beneficios directos para los militares”. En este sentido, Olmos señaló que “entre el anteproyecto que presentó el grupo de expertos y el presidente de la República a los partidos y el proyecto de ley que realmente ingresa al Parlamento” existen dos modificaciones. Una incluye “a todo el personal del Ministerio de Defensa”, más allá del personal de tropa, como médicos, administrativos, entre otros; “se los incorpora en la bonificación que tienen los militares de un 20%” en los años de aporte a la jubilación y en el retiro anticipado.
Mientras el proyecto de ley de reforma jubilatoria se recorta para la población en general las pensiones por viudez, en el caso de los militares a esta prestación se le agrega aguinaldo. “Beneficio que no tienen ningún otro pensionista en ninguna otra caja”, afirmó Olmos.
Además de estos aspectos, el proyecto entregado en diciembre faculta al Poder Ejecutivo a “equiparar la bonificación que tienen los militares a la que tienen los policías”, que según explicó Olmos, estos efectivos que trabajan en “el combate directo al delito en la calle tienen una bonificación del 40%, o sea, trabajan 10 años y es como si hubieran trabajado 14, a los efectos del cálculo jubilatorio”.
La nota presentada por el líder de CA, Guido Manini Ríos, a Azucena Arbeleche, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con siete puntos, incluye que este aumento de la bonificación del 20% al 40% “no sea una facultad del Poder Ejecutivo sino que sea obligatoriamente así”. Olmos dijo que “esto significa en términos de beneficios de las prestaciones que van a recibir quienes se jubilen por el régimen nuevo una mejora del 17% para la tropa y varios cargos más; y para los más altos rangos de las Fuerzas Armadas un beneficio del orden del 12%”.
El diputado de la oposición lamentó que esto “no esté en el foco” por “el impacto que tiene”. A esto se suma la dificultad de acceso a los análisis técnicos que demuestren que estas modificaciones al sistema de seguridad social son viables, cosa que ha sido reclamada tanto por la oposición, la academia y las organizaciones sociales.
Gustavo Olmos dijo que en un principio su partido estuvo muy enfocado en la “sustentabilidad social de la reforma”, a cuánta gente afecta esta reforma y de qué manera, o de qué manera impacta en diferentes sectores el aumento de la edad jubilatoria, o de aportes, entre otros aspectos. Pero a esto se agrega la preocupación sobre el “objetivo planteado por el Poder Ejecutivo de sustentabilidad financiera”, pero “han sido muy escasos los datos que han dado” e interrogantes que surgieron en su pasaje por el Senado que “al momento el Poder Ejecutivo no responde”, explicó Olmos. Una de ellas tiene que ver con el impacto a nivel de las cajas paraestatales, qué implica para estos institutos, como “tampoco hay datos” sobre el impacto de este ampliación del beneficio de 20% a 40% en militares.
“Hay un problema de diseño claro”, agregó el diputado, “que quienes nacieron en el 72 se van a jubilar con el régimen actual, o sea a los 60 años de edad, 30 de aportes; quienes hayan nacido en el 73 se jubilan con 63 años, con menor tasa de reemplazo; entonces hay un cambio muy grande”. El legislador detalló que ante esta interrogante en la comisión se reconoció por parte de Rodolfo Saldain, referente de la comisión de expertos que elaboró el proyecto del gobierno, pero le dijo a la oposición que arreglar ese error “salía muy caro, 50 millones de dólares”. Olmos criticó el doble criterio ya que el propio Saldain dijo que el cambio de “bajar de 25 años a 20 para el cálculo jubilatorio” en el caso de los funcionarios militares costaría “300 millones de dólares al año”. Esto “demuestra que lo que hay es voluntad política de arreglar una situación y no un problema económico”, afirmó el diputado.
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