FUCVAM denunció que artículo 166 de la Rendición de Cuentas retira al Estado el rol de contralor en cooperativas. Gustavo González, secretario general de FUCVAM explicó que «modifica un elemento clave que el Estado otorgaba a todo el cooperativismo», en el momento en el que «se debía hacer una auditoría, con contador, un veedor, para distintas problemáticas que se pueden dar, el Estado era garante de los honorarios de los profesionales actuantes».

«Este artículo hace que prácticamente, cualquier problema, una denuncia frente a una cooperativa o el mero hecho de investigar cómo están los números de una cooperativa o las actas, etc, se judicializa. El juez puede mandar cualquier intervención y nosotros estamos a favor, queremos dejarlo claro, de que se controle a las cooperativas, porque si el Estado exige tener personería, tener estatutos, nos regimenta el funcionamiento, es correcto que también controle», afirmó González.

La modificación «le quita una obligación» al Estado y «lo delega en las cooperativas, algo indelegable, por primera vez en las historia». Además existe el riesgo de que la decisión perjudique al propio Estado y personas: «si a mi me van a investigar, ¿a qué profesionales voy a poner yo para que me investiguen?, seguramente serán amigos para que su dictamen sea favorable a mi, es inconcebible y se presta para cualquier cosa».