“Una delegación de Memoria en Libertad, la organización que nuclea a quienes fueron niñas, niños y adolescentes víctimas del terrorismo de Estado, compareció este martes en la comisión del Senado que estudia el proyecto de ley de prisión domiciliaria para mayores de 65 años, que beneficia directamente a represores de la dictadura.
Gabriela Nion y Marisa Rodríguez estuvieron en Radio Camacuá al término de esta instancia. Desde Memoria en Libertad se estuvo “siempre en contra de la prisión domiciliaria a genocidas” presos por “crímenes de lesa humanidad”. Nion explicó que hubo dos proyectos, el actual y el de 2021, presentados por Cabildo Abierto y el Partido Nacional, respectivamente. “Sigue siendo un proyecto de ley que tiene nombre y apellido”, afirmó.
Según el proyecto presentado, a partir de los 65 años la prisión domiciliaria puede concederse a través de un pedido, y desde los 70 años, una actuación “de oficio los envía a su casa”. Si bien se “ha tratado de diluir” el alcance a partir de las críticas y se ha dejado afuera del proyecto a “narcotraficantes, delitos de violación y de lesa humanidad”. El problema, explicó Nion, por “la tipificación de nuestro código, no se ha aplicado la figura de lesa humanidad”. Los represores han sido juzgado por “delitos graves, gravísimos, etc”. Como no es explícitamente por lesa humanidad el proyecto beneficia a todos los represores juzgados por su actuación en dictadura, excepto a uno.
Rodríguez pro su parte afirmó que “de aprobarse este proyecto de ley es un mensaje muy contradictorio para la sociedad, en particular para las nuevas generaciones, porque estamos hablando de personas que cometieron crímenes aberrantes contra quienes éramos niños, niñas y adolescentes en épocas de terrorismo de Estado”. Agregó también que esta población “no ha sido reconocida ni reparada por el Estado.
“Hay un problema real al día de hoy que es el hacinamiento carcelario para los presos comunes, estamos hablando de 14.500 presos, según el último informe del Comisionado Parlamentario para las Cárceles de abril de este año, que viven en condiciones de hacinamiento. Por otro lado, tenemos a un grupo muy reducido de militares que cometieron crímenes por los que no han sido juzgados´como ‘lesa humanidad’ pero que según el ordenamiento jurídico internacional sí deberían estarlo, que gozan de una prisión con todas las comodidades, con todo el confort, como la cárcel de Domingo Arena. Fueron juzgados con las garantías del debido proceso, a diferencia de nuestros familiares detenidos presos políticos que fueron juzgados por la justicia militar”, afirmó Rodríguez.
Memoria en Libertad presentó un documento en la comparecencia, “algunos legisladores se retiraron antes de nosotros terminar de hacer uso de la palabra y no hubo ninguna pregunta”, contó Rodríguez.
“Nos están equiparando en algo que no tiene equiparación” y se “está hablando otra vez de la teoría de los dos demonios”, afirmó Nion. En los intercambios cuando los legisladores hablaron de esta reparatoria:
“Una senadora dijo ‘de este lado están todos reparandos, ahora reparemos de este otro’. No, no hay dos lados en esta situación. Acá hubo un solo demonio y fue el terrorismo de Estado. ‘Los demás’ son personas cuyos derechos fueron vulnerados por privados y el Estado tiene el derecho de reparar a quien se le ocurra, pero no puede poner en la misma balanza a los que fuimos buscados como objetivo por el terrorismo de Estado -por el Estado como terrorista- a los que quedaron en medio de una balacera o lo que sea”, reflexionó Nion.
Los niños, niñas y adolescentes víctimas del terrorismo de Estado al momento no son reconocidos ni han sido reparados por parte del Estado ni socialmente. Existe una resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) de 2019 que dice que “este colectivo y sus integrantes deben ser reconocidos por el Estado y reparados”. También existen dos recomendaciones de NAciones Unidas de 2022, del Comité Contra la Tortura y del de Derechos Humanos, y “del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas que visitó Uruguay en 2022 que en su resolución dice que se debe cumplir” con el reconocimiento.
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