Marcos De Campo
Las y los trabajadores nucleados en la Asociación de Empleados de Estadística y Censo (AEEC) reclaman que las autoridades del INE han cortado el diálogo desde antes de la puesta en marcha del Censo 2023.
La situación general de los trabajadores ha sido bastante precaria, según reclama AEEC: baja remuneración y dificultades vinculadas a la seguridad de censistas en diferentes lugares.
Marcos De Campo, integrante de la Comisión Directiva de AEEC contó que los “contratos totalmente privados, bastante precarios, con un salario muy bajo”. Un encuestador cobra “10 pesos por visitar un hogar” y “levantar el código”. Si realiza la entrevista “cobra 15 pesos” y tiene “un premio de 600 por día si cumple con la jornada”.
Hace unos días los diarios señalaban al Censo 2023 como “el más largo de la historia”. El Observador consignó que si bien el Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó con las visitas presenciales comenzaron en mayo todavía no finalizaron.
Desde la AEEC pese a que se habilitó la posibilidad de completarlo de forma online y “al parecer somos menos uruguayos” se estaría “finalizando el censo más largo, todavía se está relevando y trabajando”.
El proceso del Censo 2023 comenzó en un momento en el que las autoridades del INE no se estaban vinculando en diálogo con el sindicato. “Se venía con un diálogo bastante cortado con la dirección”.
La negociación buscaba viabilidad a instancias del “Ministerio de Trabajo, por las dificultades que se tenían en la bipartita, allí la dirección dilató bastante las respuestas hasta que en un momento se retiró y el censo nos encuentra sin negociación con el director”, detalló De Campo.
El sindicato denunció que durante la realización del censo hubo “eventos de inseguridad importantes” sufridos por los censistas, como “rapiñas” o “apedreos”. De Campo dijo que no saben “cómo los está atendiendo el instituto, de qué manera lo procesa y les brinda seguridad y contención a esos trabajadores”.
“Se han privatizado bastante los contratos ante el impedimento de poder ingresar personal bajo contratos públicos, que el gobierno de eso lo impide a través del decreto 90”, contó De Campo y agregó que se “opta de todas maneras ingresar el personal con contratos zafrales para cubrir tareas permanentes”, lo que produce además de una situación de desigualdad entre el personal, mayor precarización.
A esta situación se suman las demoras en el pago. Existen “atrasos importantes en los pagos” vinculados a la Encuesta Contínua de Hogares. Al punto que en el mes de julio pasado “los censistas cobraron recién el día 28”.
Los trabajadores esperan a la fecha límite planteada por el propio director del INE, 29 de setiembre, cuando se prevé que esté finalizado el proceso de relevamiento del censo y las autoridades estén dispuestas a retomar el diálogo con los trabajadores.
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