Martín Pereira, presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE, PIT-CNT), señaló que a pesar de haber sostenido reuniones con el Ministro de Trabajo y haber establecido un plazo de sesenta días para negociar, el Gobierno no cumplió con esta disposición. En cambio, la nueva normativa fue anunciada sin previo aviso en la página web oficial del Gobierno.

Se critica la falta de consulta sobre esta medida y se destaca la ausencia de una planificación adecuada. Pereira destacó que incluso el personal de Presidencia no estaba informado sobre la implementación del nuevo sistema, y las oficinas de Recursos Humanos en los diferentes organismos estatales carecen de claridad sobre cómo aplicarlo.

«Es evidente que el Gobierno busca aumentar sus ingresos a expensas de la salud de los trabajadores», denunció Pereira. Según lo establecido, los trabajadores tendrán derecho a nueve días de licencia por enfermedad pagados al año, pero a partir del décimo día perderán el 25% de su salario.

Además de la falta de control sobre las certificaciones médicas, COFE argumenta que esta medida demuestra la intención del Gobierno de aprovecharse de la salud de los trabajadores para obtener ganancias financieras.

COFE también critica otros incumplimientos del Gobierno, como la falta de transparencia en el ingreso al Estado, la planificación deficiente en los concursos de personal, la reducción de puestos de trabajo y la falta de reposición de vacantes.

Ante esta situación, COFE ha convocado a una Asamblea Nacional de Delegados urgente para este miércoles, donde se discutirá la posibilidad de realizar un paro de 24 horas a nivel nacional, así como otras medidas de protesta en los ministerios y organismos afectados por la nueva normativa. Además, COFE presentará una apelación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y elevará una denuncia ante la Organización Interamericana del Trabajo.