La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados citó a Madres y Familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, Colectivo Jacarandá y Crysol, la asociación de ex presos y ex presas políticas de la dictadura uruguaya, para que dieran sus perspectivas sobre el proyecto de ley que busca modificar la reglamentación de la prisión domiciliaria
La iniciativa es rechazada por la oposición por entender que se podría “beneficiar a un conjunto de ciudadanos que están privados de libertad y han estado notoriamente vinculados a delitos de lesa humanidad”.
Conversamos para esta nota con Nélida Chela Fontora, de Crysol, sobre los aspectos planteados por esta organización.
Fontora recordó que la prisión domiciliaria ya se aplica y que “hay varios que ya están en su casa”. Por otro lado dijo que “si bien hubo modificaciones, no son las modificaciones que queríamos nosotros”. La referente de Crysol dijo que “a un terrorista de Estado no se lo puede tener en su domicilio como si fuera un preso cualquiera”.
“Un preso cualquiera no lo está por torturar, ni por apropiarse de niños, ni por desaparecer a nuestras compañeras y compañeros y eso fue lo que fuimos a plantear”, fijo Fontora.
Chela Fontora dijo que “ya hay leyes que aplican a las personas que tienen cierta edad, con ciertos problemas y esto es algo para llevar a los terroristas de Estado a su casa” y agregó: “Entre nosotros y nosotras hubo compañeras -con las que yo estuve- que tenían 65 años y 78 años y pasaron por lo mismo que pasamos todos, incluida la tortura, nadie le benefició en nada”.
Sin embargo, señaló, los terroristas de Estado “tienen todos los beneficios que les dan las leyes, tienen sus abogados, sus defensores, una cárcel modelo, con sus visitas todos los días, sabemos que tienen deportes, que tienen todo, algo que nos parece muy bien; lo que no nos parece bien es que estos beneficios que ya tienen llevárselo para la casa”.
“Los de estos terroristas no son crímenes cualquiera”, dijo Chela Fontora, “son crímenes de lesa humanidad y además, están vivos, saben donde están nuestras compañeras y compañeros desaparecidos”. Quienes aparecieron, dijo, “aparecieron en sus cuarteles, donde estuvieron, por lo tanto saben toda la verdad y guardan silencio; todavía se les quiere dar más beneficios, como el de estar en su casa”.
Como la prisión domiciliaria ya existe, Fontora recordó que ya hay personas juzgadas por estos crímenes que les fue concedida. “Como Ricardo Arab y varios de ellos que ya están en la casa; como también se le concedió en su momento a Gilberto Vázquez, que aceptó públicamente lo que había hecho; o Nino Gavazzo, que murió en su casa”.
“Nosotros fuimos a plantear que ya tienen todos los beneficios, ya se les ha dado todo, no se les puede dar el beneficio de estar en su casa sabiendo que no es un preso cualquiera, ni un vecino cualquiera, son terroristas de Estado que violaron todos los derechos de quienes estuvimos presos y de todo nuestro pueblo, porque no podemos olvidarnos de que avasallaron los tres poderes del Estado”, afirmó.
Uno de las modificaciones que se plantearon a este proyecto de ley es que no alcance a quienes cometieron delitos que estén bajo la tipificación de delitos de lesa humanidad, pero el problema es que la mayoría de estas personas la justicia los ha procesado sin esa carátula.
Fontora recordó la “toda la persecución que le hicieron” a la jueza de San José, María Elbia Merlo, por condenar a los militares Rubens Francia y Francisco Macalusso por crímenes de lesa humanidad. “La mayoría, los demás, están por delitos comunes”, señaló.
Podcast: Reproducir en una nueva ventana | Descargar
