El documento elaborado por el Consejo Central de AEBU ya está disponible en el portal del sindicato y está siendo presentado a los distintos candidatos que se presentan a las elecciones nacionales del próximo 27 de octubre.

En él se desarrollan diagnósticos y propuestas que para AEBU son muy importantes y que tienen que ver con el presente y el futuro del sistema financiero en Uruguay. 

Uno de ellos es el lavado de activos, cuyo combate en nuestro país ha mermado en los últimos años. Según el informe, «el sistema actual presenta varias deficiencias que deben ser abordadas de manera urgente» para que el problema no se torne aún más grave.

Basta ver algunos datos, como por ejemplo que en todo el año 2022 los ROS (reportes de operaciones sospechosas) incluidos en los casos remitidos a Fiscalía y los casos puestos en conocimiento a la Fiscalía  por la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) fueron mínimos: apenas 15 y 12 respectivamente.

Si eso no fuera lo suficientemente alarmante, durante todo el 2023 solo se registraron dos condenas por lavado de activos, ambas mediante procesos abreviados. «Estas cifras reflejan las dificultades que atraviesa el sistema antilavado del país», concluye el documento.

Sumado a esto, la Senaclaft (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo), creada en 2015, actualmente enfrenta obstáculos que impactan negativamente en su efectividad operativa. Estos obstáculos tienen que ver con falta recursos económicos, recursos humanos -la Senaclaft no tiene funcionarios efectivos, todos están bajo régimen de pase en comisión- y coordinación.

El presupuesto destinado a las actividades de lucha contra el lavado de activos es otro aspecto crítico, no solo en la Senaclaft, sino en todas las oficinas públicas que cumplen un papel en este tema. Estas restricciones presupuestarias, explica el documento, «limitan la capacidad de los organismos para llevar a cabo investigaciones exhaustivas, monitorear adecuadamente a los sujetos obligados y realizar las condenas pertinentes».

Las amenazas

La principal amenaza en la lucha contra el lavado de activos es el narcotráfico, mientras que el segundo tipo de delito respecto del cual existen investigaciones por lavado de activos llevadas a cabo por la Policía es la estafa.

Según la última ENR (Evaluación Nacional de Riesgos) de la Senaclaft, «Uruguay ha dejado de ser simplemente un país de tránsito de drogas y ahora se ha convertido también en un lugar de acopio y producción de estupefacientes». Sin embargo los controles distan mucho de mejorar su eficiencia, por ejemplo, en las direcciones nacionales de Migración y Aduanas, también por falta de presupuesto.

El contrabando es otro factor influyente en este tipo de delitos y se ha detectado un aumento en el volumen de este a través de diversos productos: cigarrillos, alimentos, bebidas, vestimenta, ganado, productos electrónicos y muchos otros tipos de mercadería.

En comparación con otros países de la región, Uruguay reporta un número significativamente menor de operaciones sospechosas. Mientras que en 2020 se reportaron en Uruguay menos de 700 operaciones sospechosas, países como Argentina y Perú reportaron más de 39.000 y 10.000 de estos reportes en dicho año, respectivamente; Chile, en tanto, reportó más de 11.000 ROS en el año 2022. Esta disparidad puede deberse a múltiples factores, incluyendo diferencias en la estructura institucional, la eficacia de las medidas de detección y el marco legislativo.

Propuestas de AEBU

• Aumentar los recursos de todos los organismos y dependencias involucrados en el sistema nacional contra el lavado de activos y, con particular énfasis, a la Senaclaft y la UIAF.
• Desarrollar programas de capacitación continua para los funcionarios encargados de la detección y represión del lavado de activos.
• Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional y formar equipos estables de trabajo interinstitucionales.
• Revisar los artículos de la Ley de Urgente Consideración que permiten realizar negocios con mayores montos de dinero en efectivo.
• Limitar el uso de procesos abreviados, permitiendo así investigaciones más exhaustivas que puedan rastrear el origen y el destino del dinero involucrado.
• Fortalecer el intercambio de información con otros países y organismos internacionales.
• Desarrollo e implementación de sistemas avanzados de información y análisis.
• Crear un marco regulatorio específico para la supervisión y control de las criptomonedas, así como empezar a tipificar los delitos informáticos relacionados.

Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS