En el marco de la Rendición de Cuentas que se está discutiendo en el Parlamento, el Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS presentó un documento ante la Cámara de Diputados, con una serie de propuestas con el objetivo de fortalecer la seguridad social en Uruguay. Conversamos con Ramón Ruiz, integrante del directorio del BPS en representación de los trabajadores.
«El déficit no se ajusta a la realidad»
Ruiz señaló que el gobierno actual, a través de la Ley de Urgente Consideración (LUC), creó una comisión de expertos para «analizar, diagnosticar el régimen jubilatorio en el Uruguay y elaborar una recomendaciones, propuestas, que apunten a una posible reforma de la seguridad social”; pero “lo que más pesó” fue el discurso planteado de que “la seguridad social debe ser sustentable en el tiempo, lo que más está pensando es la situación económica y financiera del sistema, principalmente con respecto a una aspecto de las seguridad social que tiene que ver con el régimen jubilatorio”. Lo que señala específicamente la preocupación en “el nivel que hay de asistencia financiera en cada una de las instituciones que intervienen en este sistema, por ejemplo, BPS, Caja Militar, Caja Policial, cajas paraestatales, donde en cada uno de los sistemas hay particularidades, la realidad es distinta, pero la preocupación está en el déficit de la seguridad social, en particular y con mucha insistencia, el BPS”. Para Ruiz, dar esa discusión implica necesariamente “transparentar los números”, porque cuando se habla “en prensa y en redes sociales” lo que se toma en cuenta es “los ingresos en relación a los egresos y como hay un defasaje cuando se mira solamente eso se dice que el BPS necesita una asistencia financiera de aproximadamente 600 millones de dólares, pero lo que no se dice es que dentro de estos están faltando en la columna de los ingresos, 233 millones de exoneración de aportes patronales”. Esto ocurre porque “en diferentes momentos políticos, el Poder Ejecutivo en cada momentos promovió y el Parlamento aprobó exoneraciones para empresas o sectores de actividad de los aportes patronales. Eso significa que el BPS “por una decisión política decidió no cobrar 233 millones de dólares por año”, por lo que se plantea que en “la Rendición de Cuentas se agregue una artículo que reconozca que esas exoneraciones no deben considerarse déficit, deben ser ingresos genuinos de la seguridad social”. Esos 233 millones de dólares que no ingresan al BPS, “no corresponden a un problema en el mercado de trabajo, porque esas empresas existen, los trabajadores de esas empresas están trabajando, están cobrando su salario, pero lo que está faltando es el aporte patronal de esas empresas”. Se trata de una decisión política, que tampoco tiene que ver con “una mala gestión en el BPS” ni un “fenómeno que tenga que ver con la demografía, ninguno de esos factores explica los 233 millones de dólares que se dieron a partir de una resolución, el Parlamento tiene facultades para resolver esto y no estamos cuestionando las motivaciones que llevaron a tomar esa decisión”.
Por otro lado, la DGI cuando transfiere “lo que legalmente le corresponde al BPS como aportes genuinos que son los siete puntos de IVA y el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS)” le cobra a este organismo “una comisión que el año pasado fue de 87 millones de dólares, a nosotros nos parece que eso tampoco se debería considerar déficit porque el Estado le está cobrando al Estado esa comisión”. Ruiz explicó que “existe una norma legal que faculta a la DGI a cobrar esa comisión” pero se plantea que “el BPS esté exonerado del pago de esa comisión” de la misma manera que lo está “la Educación cuando la DGI le transfiere el Impuesto de Primaria”, cosa que fue aprobada en otra votación de la Rendición de Cuentas.
En tercer lugar, se plantea que el BPS desde el punto de vista administrativo se “le está haciendo un trabajo gratis a las Administradoras de Fondos Previsionales (AFAPs)” por lo que se espera que en la Rendición de Cuentas “se faculte al BPS a cobrarle a las AFAPs”.
“Nosotros pensamos que con estas tres medidas que estamos planteando la asistencia financiera que recibe el BPS va a reducirse a menos de la mitad. Ya con las dos medidas, la que tiene que ver exoneraciones de aportes patronales y con la exoneración del pago a la DGI ya tenemos prácticamente una reducción del 50%. Y si nos autorizan a cobrarle por el trabajo que le hacemos gratis a las AFAPs, seguramente el déficit que hoy se transmite una y otra vez como ‘el déficit de la Seguridad Social y el BPS’ va a ser sensiblemente menor a lo que una y otra vez se trata de instalar como un argumento para reformar la seguridad social”
