«Las personas que tienen familiares detenidos desaparecidos quieren saber dónde están»

En la tarde de este jueves, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, el Estado uruguayo asumió y reconoció su responsabilidad en los asesinatos de Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanik, “Las Muchachas de Abril”, y también por la desaparición forzada de Luis Eduardo González  y Oscar Tassino. El acto reparatorio fue en concordancia con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El acto estuvo marcado por la conmovedora oratoria de Karina Tassino, hija de Oscar; y la ausencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

En Radio Camacuá, conversamos con Martín Fernández, abogado e integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay (IELSUR), estudio que llevó el caso ante la CIDH.

¿Qué significó este acto para IELSUR?

Es muy importante porque el IELSUR se fundó  con el objetivo de tramitar este tipo de causas allá por el año 84, 85. Eran los objetivos fundacionales de la institución y ha transitado un largo camino de acompañamiento a las víctimas de estos crímenes. 

En el año 92, IELSUR ya denunciaba la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado como contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos y ahí se generó un primer hito bien importante de nuestro trabajo que es que la Comisión Interamericana dijo que la ley de Caducidad no era compatible con la convención. Luego seguimos con las investigaciones, siempre impulsando, tratando de que la justicia actuara. Cerca del 2007  encontramos una barrera bastante profunda a la actuación de la justicia resolvimos accionar ante la Comisión Interamericana porque hay una obstaculización al derecho a la verdad y hay una violación sistemática y masiva a varios derechos de la Convención Americana. Entonces, en vista de que Uruguay ratificó voluntariamente la Convención Americana, de que aceptó su jurisdicción, vimos que este es un camino válido para transitar. Sabíamos que era complicado, que era muy lento, pero lo presentamos, tuvimos un informe de admisibilidad varios años después.

Luego nos encontramos que la Comisión Interamericana presenta ante la Corte Interamericana la demanda contra el Estado, es decir, que ahí se formó esta especie de contradictorio que se da a nivel internacional para juzgar la responsabilidad estatal. Me interesa remarcar esto que es que es la responsabilidad estatal, no es la responsabilidad de este gobierno en particular o de otro gobierno en particular, es la responsabilidad del Estado a través de la salida de la dictadura, a través del tiempo que todos los gobiernos han contribuido a la violación a estos derechos, al acceso a la justicia, a la integridad física, por supuesto, ni que hablar que la dictadura pisoteó y vulneró de manera flagrante todos estos derechos, pero además, todos los gobiernos post dictadura también generan esta violación a la convención y es lo que dice la sentencia de la Corte Interamericana que como vos bien decías, uno de sus puntos era hacer este acto de reconocimiento.

¿Cuál es la importancia de que un organismo internacional especializado en derechos humanos tenga esta sentencia y reconozca efectivamente lo sucedido en dictadura? 

La CIDH y la Comisión Interamericana forman parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Los sistemas internacionales de protección están justamente para este tipo de casos, en que los Estados no dan respuesta en tiempo y forma, y por supuesto también para juzgar crímenes de la dictadura y para decir que los Estados son responsables por las violaciones a los derechos. En escenarios de violaciones masivas a los derechos humanos, siempre el derecho internacional y los tribunales internacionales son bien importantes para establecer claramente que las violaciones a los derechos humanos existieron, porque muchas veces los gobiernos totalitarios, dictatoriales, que emplean el terrorismo de Estado, buscan la manera de salir con las menores complicaciones posibles para quienes estuvieron en ese momento. Siempre buscan la manera de zafar de la responsabilidad posterior, porque en algún momento saben que esas dictaduras, que ese terrorismo de Estado se va a terminar.

El derecho internacional está ahí para de alguna manera decir que estas cuestiones son imprescriptibles, son inamnistiables y no se puede ir contra esto. Es bien importante que la Corte Interamericana de Derechos Humanos -y ya antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- haya dicho que el Estado es responsable por las violaciones a la Convención Americana (es la segunda vez que lo dice porque ya existió el caso Gelman). Es importante que los organismos internacionales se pronuncien y que Uruguay acate y respete los pronunciamientos de estos organismos. 

¿Cómo fue el camino para IELSUR de llevar esta causa? ¿con qué se encontraron y cómo fue el proceso? 

Para nosotros fue bien complejo. IELSUR es una organización sin fines de lucro, o sea que trabajamos con nuestro aporte laboral, con el convencimiento que tenemos en este camino, en este camino del derecho internacional de los derechos humanos, que es lo que nos apasiona hacer. Cuando presentamos con otros colegas y otras colegas, presentamos las denuncias, lo que teníamos que hacer era lograr convencer a la Comisión Interamericana de que estos casos existían y que había una violación a artículos de la Convención, y por eso es que mucho tiempo después nosotros no teníamos medios para viajar ni a la Comisión, ni a la Corte, ni a ningún lado. Íbamos insistiendo en las oportunidades que podíamos, tratábamos de poner el tema arriba de la mesa, hasta que hay un informe de admisibilidad. Esto quiere decir que la Comisión entiende que este caso es admisible para ser trabajado. Eso llevó mucho tiempo también, como si fuera un expediente acá ante la justicia local, insistiendo, pidiendo que se tratara, hasta que finalmente se presentó ante la corte. 

Luego el desafío del litigio internacional. Es la primera organización de Uruguay que realiza este tipo de litigio ante la corte y con audiencias. Tratamos de afirmarnos en los puntos fuertes que teníamos, transmitir a la CIDH por qué el dolor de estas familias, de las muchachas ejecutadas extrajudicialmente y de las familias que tienen detenidos desaparecidos, era un dolor que ameritaba que la corte impusiera al Estado una condena, porque se habían violado los derechos. No era simplemente un tema de sentimiento ni nada por el estilo, sino que había violación a los derechos consagrados en la Convención que Uruguay se obligó a respetar, promover y garantizar. 

Además del acto de reconocimiento de su responsabilidad, ¿Cuáles son las otras medidas de esta sentencia y qué alcance tiene para Uruguay?

Las otras medidas que están es la publicación de la sentencia, que en sí misma tiene un valor reparatorio, la sentencia es reparadora. La publicación que se realizó en dos diarios de circulación masiva, después la atención psicológica a los peticionarios, quienes promovieron esto, también la realización del acto. La indemnización por los daños materiales que se causaron, la formación a las fuerzas de seguridad, en especial las militares con relación al tema de derechos humanos y el respeto al derecho internacional de derechos humanos: no a la tortura, no a la desaparición forzada, no a cometer este tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que van contra la dignidad humana. 

En febrero del año 22 solicitamos que se instalara una mesa, porque entendíamos que era necesaria una coordinación interinstitucional, que era importante coordinar, que era importante que participaran las distintas instituciones del Estado en esto. Eso no fue realizado por parte del Estado. Por eso hemos ido como en un permanente tironeo con esto, lo que le agrega mayor sufrimiento a las personas que han transitado 40 años de justicia doméstica y estos años de justicia internacional. 

Los abogados y las abogadas, estamos acostumbrados a litigar, a tironear, a exigir, a negociar, pero hay personas que han transitado por tanto dolor y por tanto tiempo que no nos parece justo que tengan que estar demandando el cumplimiento efectivo de este tipo de cosas. Esto tendría que ser mucho más aceitado, sin problemas, porque de alguna manera en eso va el reconocimiento de la condición de víctima. Cuando uno reconoce a la otra persona como víctima del accionar ilegítimo del Estado, no le complica la vida. Se la trata de facilitar, porque entiende que el Estado ya violentó sus derechos. Entonces incrementar el nivel de tensión, de hacer o no hacer, ir o no ir, no va con el estándar más alto moral y ético que tiene que tener el cumplimiento de las sentencias. 

Además en las sentencias se establece que -por supuesto- se tienen que establecer planes exhaustivos para la búsqueda de la aparición o de sus restos de Oscar Tassino y de Eduardo González González. Son varias las medidas y el Estado tiene prácticamente todas para cumplir. Ha cumplido con lo del diario, con la publicación, ayer con lo del acto… a golpe de vista tampoco vimos a los 3 comandantes. Queremos ver qué rumbo vamos a tomar con relación a estas cuestiones, pero nos parece importante señalar que la sentencia de la Corte habla de las tres fuerzas, queremos saber qué es lo que pasó ahí. 

¿Esta sentencia, más allá del proceso de cumplimiento por parte del Estado uruguayo, abre camino también para otras causas? 

Siempre las sentencias de la CIDH van abriendo camino. Uruguay no tiene una práctica de litigio internacional muy robusta, Uruguay tiene pocos casos, pero es más por falta de ejercicio y de músculo de llevar los casos ante la justicia internacional, que porque no haya casos que ameriten ser llevados ante la justicia internacional. En ese sentido siempre abren puertas. El caso Gelman logró, muchos años después, porque recién se hizo en el 2017, que se creara la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y eso ha sido un mojón muy importante. Las sentencias de la corte abren caminos, hay que cumplirlas y también empiezan a generar esta idea que sirve ir al sistema interamericano, que está muy lento, que tiene muchísimos problemas, que no es la octava maravilla del mundo por supuesto, porque esto lo dicen hasta los propios actores del Sistema Interamericano, pero es un camino que tiene legitimidad y que es importante. 

Vos marcabas la ausencia de los comandantes de las fuerzas. Por otro lado, Cabildo Abierto, como partido con varios referentes militares y con representación parlamentaria rechazó el acto. ¿Qué pasa con esta disociación de la política partidaria y con los militares con respecto al derecho?

Con relación a los comandantes, es una primera apreciación que vemos porque vimos solamente un uniformado, entonces no sabemos a qué arma pertenecía. Con relación a la posición del partido Cabildo Abierto, de sus dirigentes -no estoy seguro que tampoco sea la posición de todos sus partidarios- puede llegar a tener personas que entiendan que esto correspondía. O sea, es una posición que se ha manifestado por parte de sus dirigentes, principales dirigentes, que permanentemente cuestionan en la justicia.

Para dar una respuesta jurídica al tema, creo que es importante tener en cuenta que hay un juez de primera instancia que dice que los hechos pasaron de determinada manera. Tres jueces de segunda instancia que dicen que los hechos pasaron de determinada manera. Una Suprema Corte de Justicia que dice que determinadas leyes o determinados hechos son de determinada manera. Un tribunal internacional como la Corte Interamericana que dice que los hechos son de determinada manera. Jurisdicciones internacionales como la de Italia que dijo que el Plan Cóndor existió y se pronunció en ese sentido. Justicia argentina que también ha dicho que estos crímenes existieron, justicia en Chile…

Es muy amplio, es muy amplia la gama, la variedad de actores del derecho, de actores jurídicos, de jueces, de fiscales que dicen que estos hechos pasaron de determinada manera. Ellos muchas veces intentan imponer la idea que acá hay venganza, de que hay relato, etc. Yo no creo que todo esto que acabo de enunciar se pueda poner de acuerdo para poder generar una especie de venganza contra estas personas que han sido juzgadas con las garantías del debido proceso, han presentado recursos de los que se puedan imaginar, y sin embargo, las personas que nosotros representamos y que otros colegas también representan, otros grupos de personas, todas las personas que están siempre golpeando porque el derecho se pronuncia, porque la justicia se pronuncia. Nunca hay un ánimo vindicativo de venganza, de revancha.

Las personas que tienen familiares detenidos desaparecidos quieren saber dónde están sus familiares. Todas las personas que demoran media hora en contestarle a un familiar dónde está, ya empieza a generar desesperación. Imagínense esa situación sostenida durante 40 años y vos sabés que hay personas que tienen esa información. Eso es un dolor intolerable para la sociedad uruguaya y creo que es en ese sentido en el que hay que trabajar. Que las personas que tengan información sepan que  hay una institucionalidad, que no está buscando responsabilizarlas en la medida en que no hayan tenido responsabilidad en las torturas, en la muerte, ni nada de eso, sino que están buscando darle paz a muchas familias del Uruguay, que aun no saben qué pasó con sus familiares.

Esto me parece que es muy importante y creo que la CIDH apunta en ese sentido y creo que lo del acto de ayer, más allá de las ausencias, de lo que sea, la manifestación de muchas personas, muy comprometidas con esto dan la clara señal de que la sociedad uruguaya quiere que eso se sepa cada vez más. De un tiempo a esta parte es muy notorio que se ha incrementado el nivel de demanda en distintos ámbitos que antes no era pensado: en el deporte, en la cultura, en un montón de lugares que parece que la verdad quiere ir rompiendo ciertos pactos y blindajes y es importante que esto suceda.