El consejero central de AEBU, Pablo Andrade, analizó las actuales propuestas surgidas del sistema político y advirtió que se agravaría la situación de las familias más débiles, traería un receso en el consumo y una importante pérdida de puestos de trabajo en el sector.
La problemática del sobrendeudamiento golpea fuerte a las familias uruguayas. Alrededor de un 20% de la población percibe menos ingresos de los que necesita para vivir. Por lo tanto, requiere del endeudamiento para su sustento diario.
El 71% de las personas mayores a 18 años figura como tomadora de crédito en el sistema financiero formal, según datos de la Central de Riesgos del Banco Central. Un 35% de estas personas están calificadas como deudores irrecuperables.
Estos datos implican que “al menos unas 600 mil personas no acceden a un crédito con determinada calidad”, señaló en diálogo con Plataforma Camacuá el consejero central de AEBU, Pablo Andrade.
Las personas que no acceden al crédito en el sistema financiero formal recurren a circuitos informales, con los riesgos que ello implica. En los últimos años se han incrementado las denuncias de nuevas prácticas de préstamos informales, que están vinculadas a entramados de violencia o microtráfico.
En el medio de esta situación, surgen del sistema político dos iniciativas (un proyecto de ley actualmente en discusión parlamentaria y una propuesta de plebiscito en fase de recolección de firmas) que pretenden abordar una problemática compleja a través de una única variable: fijar nuevos topes a las tasas de interés.
“El sindicato a planteado alternativas que lleven a soluciones reales, porque discutir las tasas de interés no es un tema central para solucionar el problema del endeudamiento”, señaló Pablo Andrade.
De prosperar estas iniciativas, podría haber consecuencias negativas muy importantes, advirtió el dirigente.
