Federico Lacaño y Jorge Polgar
La Comisión Técnica Asesora de AEBU organizó, junto a otras instituciones, una actividad de intercambio de posturas sobre una problemática que afecta a nuestra sociedad: el endeudamiento de los hogares.
Se realizó el miércoles 24 de setiembre en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración (FCEA) de la Universidad de la República, con la participación de expositores de los cuatro principales partidos políticos del Uruguay.
Este evento «se enmarca dentro de un proyecto CSIC de ciudadanía y conocimiento», en el que además de AEBU están involucradas otras organizaciones como «el IPRU, el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales e investigadores de la FCEA», según detalló el integrante de la Comisión Técnica Asesora del sindicato, Federico Lacaño.
«El objetivo del proyecto es colaborar con el debate público sobre este tema, visibilizar la problemática del endeudamiento, que representa un problema muy importante para los hogares uruguayos», explicó Lacaño, quien destacó que «fue una oportunidad muy valiosa para poder recoger diferentes visiones sobre el tema».
Los expositores fueron Jorge Polgar por el Frente Amplio, Carmen Sánchez por el Partido Nacional, Julio de Brun por el Partido Colorad y Kenneth Coates por Cabildo Abierto. La charla fue moderada por la periodista Lucía Barrios.
En diálogo con Camacuá Diario al término de la actividad, Polgar coincidió en la «preocupación económica y social que existe sobre el tema del endeudamiento», y reivindicó «la necesidad de una regulación adecuada».
Para el expresidente del BHU y el BROU, lo que ha habido últimamente son «soluciones puntuales» que no atacan la raíz del problema. Por ejemplo, opinó que el reciente programa de refinanciamiento impulsado por algunas empresas «es una medida que alivia a mucha gente y de por sí es buena, pero no es una solución de fondo».
Asimismo, sobre el plebiscito que quiere llevar adelante Cabildo Abierto, Polgar dijo que es «una muy mala iniciativa» porque «pone en la Constitución una regulación más exigente, que básicamente perjudica al acceso y no refleja cabalmente el problema».
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